La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) recibe en promedio una denuncia por violencia de género a la semana, en la que se señala a un trabajador o alumno.
Según información obtenida por MILENIO vía transparencia, durante el último año fueron abiertos 56 procedimientos derivados de estas denuncias interpuestas ante el Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género, de las cuales 22 fueron contra docentes, 11 contra alumnos y 23 contra otros trabajadores (manual-administrativo).
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Las solicitudes de información con folio 050309800017924 y 050309800000625 establecen que 2024 fue el año en que más reportes recibieron desde que se creó el Tribunal Universitario.
En 2020 fueron 18, en 2021 fueron 21, en 2022 fueron 35, en 2023 fueron 43 y, en el año más reciente, 56.
El desglose por unidades académicas de la UAdeC arroja que 94 denuncias provinieron de escuelas y facultades ubicadas en la Región Sureste, 47 de La Laguna y 30 de la Norte.
En ese sentido, 11 estudiantes, 4 trabajadores manual-administrativos y 11 docentes fueron dados de baja entre 2020 y 2024, derivado de estas denuncias interpuestas.
Cabe precisar que el Tribunal Universitario establece entre sus objetivos combatir todo acto de violencia, hostigamiento, intimidación, acoso, abuso sexual, violación o discriminación hacia quienes integran la comunidad universitaria.
En ese sentido, de las denuncias interpuestas entre 2020 y 2024, 28 corresponden a acoso y hostigamiento. En cuanto al presupuesto ejercido por dicha oficina, las solicitudes de información refieren que en 2024 le fue asignada una cantidad de 106 mil 754.29 pesos y que tiene 11 personas asignadas para sus diversas labores.
Sobre las sanciones, el Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género establece que pueden ir desde una amonestación privada, una amonestación pública, una disculpa pública, una suspensión temporal hasta la baja definitiva de la institución y la inhabilitación para ocupar cargos de elección popular al interior de la institución.
Una historia de abusos
A lo largo de los últimos años, la UAdeC ha sido blanco de críticas por lo que ocurrió al interior de sus planteles educativos con casos de acoso y hostigamiento hacia sus estudiantes.
En 2019, un año antes de la creación del Protocolo de Actuación para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, trascendieron señalamientos hacia integrantes de la comunidad universitaria que propiciaron acoso y violencia digital.
Ese año fue instalada una urna secreta en las instalaciones de la Facultad de Jurisprudencia en Saltillo, donde fueron recibidas denuncias de manera anónima por estos casos.
Sin embargo, ese nada más fue el comienzo. En 2020, poco antes de la pandemia por el covid-19, instituciones como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Torreón fueron blanco de quejas y críticas por casos de acoso. En febrero de ese año, las autoridades de la institución reportaron tener conocimiento de tres casos de acoso, en los que había dos alumnos que refirieron mensajes difundidos en redes sociales con comentarios de índole sexual.
Además de eso, el 2 de octubre de 2023 hubo reportes similares en la Preparatoria Venustiano Carranza en Torreón. En ese momento, estudiantes marcharon para exigir la destitución de autoridades y señalaron casos de acoso por parte de personal que en ese entonces laboraba en la institución.
Pendientes y necesidad de políticas públicas
Para la socióloga e integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, Tania Díaz Chávez, la creación de organismos y protocolos para la atención de la violencia al interior de las universidades es un avance propiciado por la lucha feminista a lo largo de los años.
“El área educativa no ha sido la excepción y, como en muchos otros espacios de nuestra sociedad, aún está muy arraigado culturalmente el machismo y las prácticas discriminatorias, que se traducen en violencias que impactan de manera diferente la vida y desarrollo de las mujeres en su derecho a la educación”.
Sin embargo, destacó que todavía falta mucho por hacer para erradicar prácticas machistas al interior de los planteles educativos.
“Sabemos que la creación de normas, leyes y reglamentos, así como de unidades, son necesarias, pero no suficientes para que se traduzcan ni en igualdad sustantiva ni en la adecuada y oportuna atención a la violencia de género en sus diferentes formas y expresiones”.
Refirió que uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan estudiantes y académicas es la burocracia, que termina por volver largos, tortuosos y hasta revictimizantes estos procesos de denuncia.
“Las rutas muchas veces poco claras o conocidas suelen ser también escabrosas y confusas. Cuando por fin se identifica un camino a seguir, ocurre lo que sucede en el sistema judicial en general: la corrupción, el compadrazgo, el pacto patriarcal, el poder que tienen figuras no sólo de autoridad formal, sino también moral”.
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La activista destacó que otro de los aspectos fundamentales que deben existir de manera eficiente en las instituciones educativas es el acompañamiento psicológico de especialistas con adecuada capacitación y sensibilización en temas de violencia de género, que permitan dar contención y orientación a las víctimas tanto de acoso escolar como de violencia de género.
“Esta planeación debe ir coordinada con acciones y políticas públicas más amplias, pero hay una desconexión total de la vida académica estudiantil con las políticas públicas”.
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