Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León figuran dentro de los 10 estados con más tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos en el país durante el último año.
Según información de Petróleos Mexicanos (PEMEX) documentada en el informe de Tomas Clandestinas Ductos de Petrolífero y Gas LP 2024 publicado por el IGAVIM Observatorio Ciudadano, este delito presenta una migración de zonas del centro y sur al norte del país.
Te recomendamos...
La empresa paraestatal reveló en las respuestas a las solicitudes de información 00019921, 23321000104, 23322000254, 330023322000446, 330023323000005 y 330023324000012 que Tamaulipas ocupa el tercer lugar nacional con mil 895 tomas clandestinas, Nuevo León el sexto lugar con 773 y Coahuila el noveno con 544.
El documento ofrece también una lista de los 100 municipios del país que concentran el mayor número de tomas irregulares, donde figura en el noveno lugar Parras de la Fuente en Coahuila con 304.
Otros municipios que encabezan la lista son Cuautepec de Hinojosa (Hidalgo), con 418, Pénjamo (Guanajuato) con 414, Altamira (Tamaulipas) con 413, Tecate (Baja California) con 410, Degollado (Jalisco) con 369, Atotonilco de Alto 363, San Juan del Río (Querétaro) con 356, Tototlan (Jalisco) con 349 y Huauchinango (Puebla) con 301.
Persistencia y migración del delito
El robo de hidrocarburos es un delito que tiene cierto control, pero no ha logrado erradicarlo y, por el contrario, ha migrado a diferentes territorios del país.
Así lo refirió Juan José Hernández López, director IGAVIM Observatorio Ciudadano, en entrevista para MILENIO.
“El delito al de hoy solo se trata de controlar y no de erradicar, existen disminuciones, pero ahí está el delito y de repente vienen incrementos. Estos indicadores solo te reflejan que se está atendiendo, pero no erradicando”.
El especialista destacó que en los últimos dos años notaron una variación peculiar en la presencia de tomas clandestinas, pues la presencia aumentó en el norte del país en estados como Coahuila, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.
“Cuando uno revisa todos los antecedentes históricos, tenemos una situación crítica en Veracruz, Puebla y Tabasco, pero luego se migra a Hidalgo, Guanajuato, Jalisco y Querétaro, pero en los últimos años la empezamos a ver en el norte del país”.
Hernández López consideró que, pese a tratarse de un delito federal, debe existir una coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno si se quiere erradicar este crimen.
“Es un delito federal, pero la coordinación debe empezar desde que tanto tiene ubicado la parte local y estatal, la incidencia de delito, la parte federal, que tanto está trabajando dentro de ingeniería que tiene Pemex para detectar esos focos rojos y de alguna manera se pueda minimizar”.
Resaltó que entre las principales afectaciones que trae el robo de hidrocarburos tiene que ver con la presencia de otros delitos como homicidios, robo de vehículos y robo con violencia.
“Tenemos una disparidad dentro de la economía por la presencia de este delito, pues no sólo es la venta del combustible, sino que te genera otro tipo de delitos como homicidios, robo de vehículos, robos con violencia. En la parte ambiental tenemos deficiencias en cuanto al control de los derrames y en la parte jurídica no existe una corresponsabilidad por parte de Pemex para remediación de estos sitios cuando se comete este delito”.
Carpetas de investigación
Una revisión hecha por MILENIO a la plataforma de Datos Abiertos de la Fiscalía General de la República (FGR) encontró que durante el último año en México fueron iniciadas mil 241 carpetas de investigación por el delito de sustracción de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos o de ductos.
En el caso de Coahuila, fueron abiertas 125 carpetas, en Nuevo León 61, y en Tamaulipas 204 de enero a diciembre de 2024.
Según el Artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, quien sustraiga hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos sin consentimiento, podría alcanzar una pena de 20 a 30 años de prisión y multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.
daed
