Se aprobaron en Campeche reformas a la Ley de Expropiación y demás Limitaciones al Derecho de Propiedad del Estado, promovida por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, con la que se podrán expropiar predios a particulares bajo el criterio de “utilidad pública”.
La fracción parlamentaria de MORENA en el Congreso Local destacó como se han aplicado en el Estado las expropiaciones y pusieron como ejemplo las obras del Tren Maya.
En sesión extraordinaria del Congreso local, se dieron reformas a los artículos 1,7,8,9,13,18,20,22,29,38,43, y 50 y adicionar los artículos BIS, 1 TER y 44 BIS de la ley, con los que se actualizó el marco jurídico que regula la expropiación de bienes.
La reforma establece que el procedimiento es inapelable en sede administrativa, dejando como única vía el amparo. Los cambios fueron criticados en la tribuna por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), alegando que en Yucatán y Quintana Roo si existen salidas procesales administrativas que permiten la queja de manera rápida, sin saturar los tribunales federales.
Además en la ley se recortan los plazos de defensa de 15 a solo cinco días, para que los afectados puedan manifestar pruebas y alegatos.
“El criterio de cálculo para la indemnización se basa en la última transacción actualizada por inflación, esa fórmula puede resultar en pagos muy por debajo del valor del mercado, pues no considera plusvalía, mejoras o el simple hecho que la compra – venta se declare a valores menores”, señaló el diputado del PRI, Jorge Salim Abraham Quijano.
Si el afectado no cobra la indemnización en un plazo de tres años, el dinero pasa a favor del estado y se omite la figura de revisión, que sí existe a nivel federal, que garantiza que si en cinco años el bien no se designa al fin que justifica la expropiación , este regrese a su dueño legitimo.
En defensa de la ley de expropiación, el diputado de MORENA, José Antonio Jiménez Rodríguez, dijo que se contempla para una “equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada”, después de que en Campeche no se tenía una actualización.
Aseguró que no hay una carga negativa hacia los ciudadanos y que es a través de la figura de utilidad pública, para casos como apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para favorecer el transito urbano y suburbano, así como el embellecimiento, ampliación de poblaciones y puertos. Además de la construcción de hospitales, escuelas, parques, jardines y oficinas, que den beneficio al colectivo, con la prestación de servicios públicos, como ocurrió con la obra del Tren Maya.
De acuerdo al comparativo expuesto por el diputado Paul Arce Ontiveros de Movimiento Ciudadano, mientras en Jalisco se revierte el bien si no se usa en una año, en campeche lo difieren a cinco; en Quintana Roo se paga de inmediato y se dan compensaciones fiscales, en la propuesta de Sansores San Román, la indemnización puede tardar hasta diez años; en Tamaulipas se garantiza el pago del valor comercial, en Campeche es el valor de la última transacción y en el Estado de México se reconocen las audiencias de conciliación, pero en la recién aprobada actualización en la entidad se recortaron plazos.
CHZ
