El asesinato de Bernardo Bravo, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), en Michoacán, golpeó a un sector que ha estado bajo la presión criminal por el cobro de cuotas y altibajos en el precio del producto.
Bravo puso por delante la seguridad de productores y jornaleros ante el acoso delincuencial, la trazabilidad y el orden del mercado, frente a la volatilidad de precios y a la presión de intermediarios.
Orden, trazabilidad y defensa del precio, las demandas
Su liderazgo se consolidó con llamados abiertos a las autoridades y con convocatorias masivas a la base productiva para defender la cadena de suministro desde la seguridad, hasta el empaquetado del cítrico.
Apenas el 15 de octubre, tras una movilización regional, Bravo exigió acciones gubernamentales para beneficiar al sector.
“Alzamos la voz para exigir acciones claras y contundentes a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Que haya condiciones de seguridad que permitan trabajar libremente y que no se ponga en riesgo la vida de jornaleros y productores”, pidió Bravo.
La agenda que empujó desde la ACVA combinó política pública y gobernanza local del mercado: banca de desarrollo agrícola con créditos y tasas preferenciales; facilidades para regularizar concesiones de agua; y una medida de choque para ordenar la cosecha: “el corte de limón, únicamente tres días” por semana, como vía de control de oferta, protección de la mano de obra y defensa del precio en campo.
El cuarto eje fue el que lo acompañó hasta el final, ya que insistía en que ACVA no era un ariete político, sino una plataforma de coordinación.
“Como ACVA A.C. reiteramos que esta lucha siempre será pacífica, legítima y organizada; llevamos más de 15 años buscando garantizar un mercado con trazabilidad, ordenado y justo, seguridad para trabajar nuestra tierra sin miedo y condiciones dignas para todas las familias que dependen del limón mexicano”, dejó asentado ese mismo 15 de octubre.
Bernardo Bravo había convocado a una reunión con productores
En el fondo, su estrategia era simple bajo reglas claras, volúmenes programados y cero tolerancia a la violencia y a los arbitrajes opacos. Dos días después, el 17 de octubre, insistió en su convocatoria logística.
“Nos estamos poniendo de acuerdo. Todos los agricultores aquí de Michoacán y de México nos estamos poniendo de acuerdo y también queremos dejar muy en claro lo que no queremos y en qué no estamos de acuerdo. Y la premisa número uno es en que no estamos de acuerdo en esos precios pagados a limón puestos en empaque y puestos en industrias.
“No tienen sentido ni lógica alguna para mantener a nuestros jornaleros y a nuestra mano de obra. Amigas y amigos, quiero ser muy claro y con esto cierro. El siguiente lunes (20 de octubre) invitamos a todos los productores de limón, productores de limón de todos los valles, perdón, de todos los municipios aquí de Apatzingán, del Valle de Apatzingán, a asistir a el Tianguis de Limón a las 10:00 horas”, dijo, una cita a la que no llegó.
En ese mensaje afirmó que no iba a permitir el acceso a ningún corredor o ningún coyote que esté poniendo precios por la fruta.
Reconoció la complejidad de la comercialización, pero sin intermediarios abusivos el trato debía ser productor–empaque, con acuerdos verificables.
Un mes antes, el 19 de septiembre, Bravo y la organización condenaron el atentado a balazos contra el MVZ Aldo Gutiérrez, uno de sus brazos operativos en la organización.
“Exigimos una investigación exhaustiva y transparente, para que este acto no quede impune. La violencia no puede ni debe ser parte de nuestra vida cotidiana. ¡Alcemos la voz por la paz y la seguridad en nuestra región!”.
Ese posicionamiento, sumado a sus alertas constantes, lo colocó como interlocutor incómodo para quienes medraron con la incertidumbre y, a la vez, como referente para cientos de pequeños y medianos productores que encuentran en la disciplina de corte, la planeación hídrica y la compra directa una tabla de salvación frente a los vaivenes del mercado.
¿Qué pendientes quedan al sector limonero?
En el plano operativo, Bravo impulsó mecanismos de coordinación territorial: asambleas por valle, enlaces por ejido, cuadrillas para levantar información de campo y un principio básico de “si al campo de Apatzingán le va mal, a todo Apatzingán le va mal”, frase que repetía para atar el destino económico de la ciudad al del limón.
Tras su muerte, queda un andamiaje organizativo y una hoja de ruta que no depende de nombres propios.
Además del cobro de piso, los limoneros tienen pendientes como el crédito accesible para capital de trabajo y renovación de huertas; regularización de agua; disciplina de corte; compra directa; y seguridad.
También queda un expediente de denuncias públicas a las autoridades por la falta de condiciones para trabajar y un reclamo a que las investigaciones sobre agresiones a actores del sector no queden en el archivo.
ksh
