En los últimos seis años, la población femenil en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) se incrementó hasta un 100 por ciento. Las detenidas enfrentan cargos, principalmente, por delitos contra la salud y por su participación, “sin saber”, dentro de un grupo de delincuencia organizada.
Tras su participación en la presentación del libro “Rompiendo cadenas. Literatura carcelaria femenina”, octava edición del Premio Demac Penitenciario 2014, la representante del Observatorio de Violencia Social y Género de la Universidad Iberoamericana (UIA) campus Puebla, Lourdes Pérez Oseguera, señaló que la obra es un compilatorio de “mujeres que se atreven a contar su historia”, y sus testimonios se rescataron del taller que imparte la organización Documentación y Estudios de Mujeres (Demac).
Indicó que de acuerdo con los testimonios que presenta el título, “hay mujeres que ingresaron a trabajar porque vieron la oportunidad a alguna corporación de Seguridad Pública, pero sin su consentimiento y conocimiento, a la vez que también laboraban para Los Zetas o para algún cartel, porque ya la policía estaba totalmente acotada”.
Apuntó que por las referencias que recibió, este fenómeno se presenta en todos los niveles, desde la Policía Municipal como Estatal.
“Es un sistema muy cerrado, muy anquilosado, además muy atravesado por muchas injusticias. Hay muchos sectores policiales que no se comunican entre ellos, cada quien pone sus reglas, hay un desorden impresionante. Entonces, creo que tendrían que empezar por ordenar, ha habido intentos por hacer una única policía, pero están tan corrompidos los corporativos policiacos que no sé si sea una tarea que se pueda hacer. (Todo) Esto pasa a nivel nacional”, comentó.
Remarcó que no se siente con la capacidad para decir o sugerir qué se puede hacer para mejorar, “porque la tarea es abismal, pero por algo se tiene que empezar (…) se tienen que hacer mil cosas para poder cambiar”.
Por último, refirió que el hacinamiento en las secciones femeninas nunca se había registrado, sin embargo, esto ocurrió desde hace diez años, “principalmente por la venta o transporte de narcóticos”.
ARP
