En noviembre del 2024 un adolescente de 15 años fue asesinado cuando se encontraba en una quinta del ejido Allende en Torreón, Coahuila; no había padres de familia, solo tres adultos los cuales no pudieron impedir una riña entre un grupo de jóvenes, todos menores de edad, dos que fueron relacionados con la muerte de Byron, quien recibió múltiples golpes y una sola puñalada que llegó a un órgano vital y le hizo perder la vida al instante.
Yahaira Hernández, madre de Byron explica que a partir del día 10 de ese mes, su vida y la de su familia cambió completamente, de ser mamá y esposa se convirtió en la víctima indirecta al entrar a las audiencias, y en este lapso de tiempo la esperanza de que se haga justicia es nula, de siempre intentar procurar y cuidar a su hijo que apenas era un adolescente, hoy debe hacer llamadas y visitas constantes con su abogado y a la Fiscalía para ver si hay un avance en el caso.
Aunque no tiene certeza de dónde se encuentran los dos agresores de Byron, ha escuchado que, luego de cinco meses de permanecer en el tutelar de menores en el municipio de Saltillo, los dejaron salir por ser menores de edad.
“De los detenidos en realidad yo no sé nada de ellos o donde están, supe por otras personas que ellos andaban fuera y que de hecho no estaban donde habían dicho que iban a estar que es en Saltillo, no están detenidos, el internamiento se acabó lo que fue el 11 de abril, por ser menores de edad no podían estar más de 5 meses privados de su libertad y ellos salieron en abril”, comenta Yahaira a Milenio.
Teme que la carpeta se haya traspapelado, el coordinador del Ministerio Público que está pendiente de su caso le comentó que los cambios en el Poder Judicial del Estado de Coahuila, pudieron haber provocado la tardanza de un juicio abreviado, y por ende, la demora de una sentencia que para ella y su familia va a estar incompleta al no tener a un hijo, un hermano y un amigo.
“Al principio me decían que el caso se iría a un abreviado donde alguno de los menores tenía que aceptar la responsabilidad, hasta ahorita no me han resuelto nada de parte de Fiscalía, hace poco fui con el coordinador del Ministerio Público que traía el caso y solo me dijo que había habido un cambio de delegado en los juzgados y que, pues se iba a volver a mandar el acuse para la audiencia del abreviado. Pero después me mandaron decir que habían rechazado el abreviado y se iba a ir a juicio, de lo cual tampoco ha habido respuesta de parte de nadie, ni de fiscalía, ni de juzgados”.
La última vez que vio a su hijo con vida
Yahaira recuerda el sábado cuando vio por última vez a su hijo con vida, ella llegó de trabajar y Byron le pidió permiso para asistir a una quinceañera, fiestas familiares a las que acostumbraba a ir para acompañar a sus compañeras y amigas en su cumpleaños, sin embargo, Yahaira se enteró de que no era una fiesta convencional hasta que horas después, la amiga que invitó a Byron a esa fiesta le avisó que habían golpeado a su hijo y al llegar a la quinta ubicada en el ejido Allende en Torreón, lo encontró ya sin vida.
A casi un año de los hechos, son 30 las quintas clausuradas en Torreón por encontrar a menores consumiendo alcohol, lo que representa un 15 por ciento del total de establecimientos que contempla la dirección de Inspección y Verificación en Torreón, y la cifra sigue reflejando una problemática.
Fue precisamente el homicidio de Byron lo que intensificó las campañas de concientización por parte de dicha dependencia. Pablo Fernández indicó que hay una serie de requisitos que requiere cumplir una quinta para evitar ser clausuradas, y entre ellas es tener un trabajador para verificar que quienes contratan cumplan con el reglamento, sin embargo, de enero al 3 de octubre, Torreón registra en promedio una clausura de este tipo a la semana por detectar menores cometiendo conductas indebidas.
“Hemos estado teniendo acercamiento con los dueños y asociaciones de quintas para invitarlos a que cumplan con la reglamentación municipal. Es muy importante, tanto para el alcalde Román Alberto Cepeda como para el gobernador Manolo Jiménez, tener un orden en ese sentido y evitar el consumo de alcohol en menores de edad, pues está totalmente prohibido. Hemos estado haciendo campañas de concientización para que los dueños sepan qué deben de cumplir, qué está prohibido, qué está permitido”, puntualizó el funcionario.
Sin embargo, esta situación solo refleja un problema mayor, como lo es el de los menores cometiendo infracciones o incluso delitos considerados de alto impacto como el de homicidio, el sociólogo Fernando Araujo, dijo que se requiere revisar los antecedentes culturales y estructurales para comprender de dónde viene este fenómeno, y especificó que actualmente la institución de la familia ha cambiado.
Explicó que el contexto socioeconómico provoca que muchas veces ambos padres salgan a trabajar y los adolescentes y jóvenes quedan al cuidado de familiares o, a veces, de otros jóvenes de la misma edad que aún no cuentan con las herramientas necesarias para generar una disciplina.
“No podemos pensar en este tipo de fenómenos sin antecedentes, sin contextos culturales y estructurales, es importante mencionar que en el contexto posmoderno la idea de la familia se ha relajado, pero no es a consecuencia a voluntad de los padres, sabemos que la dinámica económica impacta o invita a que las familias, cuando son dos, tienen que trabajar porque los recursos no alcanzan, eso invita a que los niños se queden al cuidado de alguien más, pero en el peor de los casos por amigos o amistades que se encuentran en condiciones iguales y no hay disciplinas”.
Al respecto, Yahaira menciona que es injusto que las leyes protejan a los menores cuando a los implicados en la muerte de su hijo no les importó que Byron tenía tan solo 15 años, y pidió a los padres de familia cuidar a sus hijos para evitar más hechos violentos, mientras que a las autoridades que reforman las leyes demandó pongan consecuencias reales sin importar la edad de quienes cometen los delitos.
“Cuiden a sus hijos, cuiden a sus amistades, fue lo que yo intenté hacer. Desgraciadamente, ese día estuvo en un mal momento y con las personas equivocadas. A las autoridades, ellos siempre se lavan las manos diciendo que no está en ellos porque ellos no pusieron las leyes, esto se lo pediría a los que hacen las leyes, legisladores o diputados, la ONU o la misma presidenta, que forme una ley en donde se les castigue también a los menores, porque no son unos niños, muchos dicen que son menores de edad, que no saben lo que hacen o es omisión de cuidados porque los padres no los cuidaron y por eso son así, pero bueno, qué culpa tiene el mío, si yo lo procuré, le cuide sus amistades”.
Programa que da segundas oportunidades
Actualmente y con la intención de modificar las malas conductas en adolescentes, la dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón implementó el programa estatal “Aplicate”, en el cual pretenden hacer un llamado de atención no solo a los jóvenes, sino también a sus padres y donde deberán asistir a 18 sesiones y darles una segunda oportunidad.
El comandante Félix Castañeda Ordaz, quien está a cargo de la unidad de prevención contra las adicciones y el delito explica que son ellos quienes apoyan a la dirección de Inspección y Verificación cuando detectan a menores consumiendo alcohol o ingiriendo sustancias ilícitas, por lo que la dependencia vio necesario buscar estrategias de prevención y lograr impactar a los adolescentes.
“Cuando se detecta un menor ya ingiriendo bebidas alcohólicas, o con algún tipo de sustancia ilícita, las unidades lo retienen y avisan, ya sea a la unidad de atención temprana y acompañamiento en situación de riesgo para que ellos puedan canalizar a los padres. Asimismo, esta unidad verificará si son beneficiarios del programa que estamos manejando”.
Durante 18 semanas los elementos capacitados en el programa Aplicate pretenden hablar de salud mental, adicciones, violencia, y también tratar temas que involucran a los padres de familia, como lo es la relación que tienen con sus hijos, aunque el comandante aclaró que el programa de la dependencia municipal buscar a los jóvenes que cometen faltas administrativas, ya que los delitos corresponden precisamente a la Fiscalía.
“Aplícate va enfocando a las faltas administrativas, riña, ingesta de bebidas alcohólicas en vía pública, una drogadicción leve, cualquier tipo de falta administrativa, desde la alteración al orden público hasta algo que le puede causar un daño a alguien sin que sea todavía un delito. Tratamos de evitar que los jóvenes sigan consumiendo o sigan haciendo tales conductas que los lleven a perjudicar, ya sea su salud o la vida de una tercera persona”.
Por su parte, la dirección de Inspección y Verificación ha interpuesto las multas correspondientes a cada uno de los 30 establecimientos que fueron clausurados en lo que va del año, y la cantidad asciende entre los 900 mil y un millón 200 mil pesos, es una vez pagada la multa que los establecimientos pueden volver a funcionar, y en este sentido, es el deber de cada propietario impedir que menores de edad sigan cometiendo este tipo de faltas como la de alcohol en sus predios.
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