M+.- Durante casi una década, María Concepción Belmontes Carmona recorrió fosas clandestinas, hospitales, fiscalías, cárceles y campos abiertos bajo el sol buscando a su hijo desaparecido.
Pegó fichas, se integró a colectivos, viajó a otros estados y entregó muestras de ADN una y otra vez con la esperanza de encontrar alguna pista.
Mientras ella caminaba entre tierra removida, el cuerpo de su hijo —o al menos eso le informaron recientemente las autoridades— habría permanecido desde 2016 en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Juan Antonio Olmeda Belmontes desapareció el 26 de junio de 2016 en la colonia Jocotán, en Zapopan. Tenía dos hijos, trabajaba como albañil, pintor y era, según su madre, el sostén emocional de la familia tras la muerte de su padre.
“Él era una persona muy entregada a su familia, con sus hijos, con su esposa y con sus hermanos. Fue todavía más cariñoso cuando su papá fallece… queda prácticamente como el mayor de la familia”, recordó Belmontes en entrevista a MILENIO.
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Una década de búsqueda
Ese domingo salió de casa y nunca volvió. Desde entonces comenzó una búsqueda que transformó por completo la vida de su madre.
“Ahí es donde empieza todo mi caminar de búsqueda y de todo lo que creo una madre hace cuando no sabe de su hijo: buscarlo y quererlo encontrar”, expresó.
Durante años, Belmontes se convirtió en una de las muchas madres buscadoras de Jalisco. Participó en brigadas de búsqueda de campo, acudió a reuniones institucionales y revisó prendas y restos con la esperanza de reconocer alguna señal que la acercara a Juan Antonio.
“Yo buscaba a todos. Y para mí, 10 años fueron una escuelita en la que aprendí muchísimas cosas”, relató.
La búsqueda también cobró factura en su salud. Durante una jornada en Puerto Vallarta contrajo un hongo que afectó sus pulmones. Después desarrolló cáncer de colon. Aun así, continuó buscando.
“Me recuperé y seguí en la búsqueda, en la lucha, porque yo quería encontrar a mi hijo”, contó.
La llamada que cambió todo
La noticia llegó apenas el 8 de mayo. Una llamada nocturna de su Ministerio Público la citó a una “mesa de trabajo” en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.
“Le dije: ‘¿Pero cómo se pone usted a darme una mesa de trabajo de la noche a la mañana?’”, recordó.
Al día siguiente, antes de entrar con el Ministerio Público, una psicóloga la recibió y le preguntó sobre su estado de salud.
“Hasta ahora caigo en cómo me preparó la psicóloga para poderme dar esa noticia”, dijo.
En la reunión le notificaron que un dictamen de Ciencias Forenses había dado positivo a restos óseos de su hijo. Según la información, los restos fueron localizados en el municipio de El Salto pocos días después de su desaparición.
Desde entonces, el cuerpo habría permanecido bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
“No lo puedo entender”
La revelación desató enojo e incredulidad.
“Decir que desde 2016 mi hijo llega a Ciencias Forenses y apenas me están dando un dictamen de que mi hijo todo el tiempo estaba ahí… eso no lo puedo entender, no lo puedo creer”, expresó.
La madre buscadora asegura que durante esos años entregó múltiples pruebas genéticas en distintos estados y mantuvo contacto constante con autoridades que conocían plenamente su caso.
“Yo participaba mucho en búsquedas de campo y daba entrevistas. Ellos sabían que yo buscaba a mi hijo por donde fuera”, señaló.
Por ello cuestiona cómo fue posible que nadie le informara antes sobre la existencia de esos restos. También denunció retrasos institucionales, pues asegura que el dictamen fue emitido el año pasado y enviado a la Fiscalía estatal, pero ella fue notificada hasta meses después.
“Fiscalía lo retrasa todavía seis meses ahí, con este dictamen que ya estaba y a mí no se me había informado”, lamentó.
La identificación aún le genera dudas
La madre buscadora ahora duda incluso de la identificación oficial. Las inconsistencias y el tiempo transcurrido le impiden sentirse completamente segura.
“No siento paz… no estoy completamente segura de que sean restos de mi hijo”, dijo.
Por ello, la familia solicitará una confronta genética independiente.
“Yo quiero estar al 100 por ciento segura”, afirmó.
Al respecto, el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Alexis Rivera, explicó que el uso de ácido dificultó la identificación de Juan Antonio y negó que el retraso obedeciera a indolencia institucional.
Detalló que el 1 de julio de 2016 se atendió un reporte relacionado con nueve tambos con ácido y restos humanos.
“Por el ácido, el ADN se destruye, que es justamente la intención de poner un cuerpo en un medio ácido y disolverlo”, explicó.
Indicó que hasta 2019 se logró extraer ADN de los restos, aunque inicialmente no era suficiente para confirmar la identidad de Juan Antonio. Añadió que también se detectó el ADN de otra persona que aún no ha sido identificada.
Una historia que se repite
La activista asegura que su historia no es un caso aislado. Durante años en colectivos conoció a madres que recibieron noticias similares: familiares localizados en Ciencias Forenses después de permanecer años sin ser identificados oficialmente.
“Compañeras de tres años… sus hijos estuvieron ahí. Se me hace ilógico que una confronta tenga que pasar años para poder darse a conocer a sus seres queridos”, lamentó.
El año pasado se conoció el caso de Magdalena Pérez López, desaparecida el 28 de septiembre de 2011. Su cuerpo permaneció once años en el Servicio Médico Forense.
Su madre acudía cada quincena al instituto buscando información, hasta que finalmente le confirmaron que Magdalena había sido localizada en una fosa clandestina en Tlajomulco de Zúñiga apenas meses después de su desaparición.
Colectivos denuncian crisis forense
La situación también ha sido denunciada por Guadalupe Aguilar, quien asegura que existen cuerpos que permanecen hasta 14 años en el Servicio Médico Forense, aun cuando sus familiares ya acudieron a buscarlos.
“Estamos viviendo mucha indolencia y sordera de las autoridades”, denunció.
La activista afirmó que se han presentado varios casos similares y que, pese a las omisiones, no existen sanciones contra funcionarios responsables.
Aguilar exigió atender de manera urgente la crisis forense y fortalecer la coordinación entre instituciones y colectivos de búsqueda.
Una herida que sigue abierta
A casi diez años de la desaparición de Juan Antonio, la sensación que permanece en la familia no es de cierre, sino de incertidumbre e indignación.
“La duda que tengo, la impotencia de por qué se dio todo esto, de que no se dio a tiempo y forma… me hubieran evitado muchísimo dolor y muchas cosas que la familia pasó”, expresó.
La pregunta sigue siendo la misma: por qué, si su hijo estuvo todos esos años en Ciencias Forenses, nadie se lo dijo antes.
MC
