M+-. Hace 40 años, más de 2 mil laguneros salieron a las calles para impedir que una termoeléctrica se construyera sobre una de las principales reservas de agua de la región. No lograron detener la obra. La planta se instaló, pero aquella movilización dejó un precedente que todavía marca las disputas ambientales en la Comarca Lagunera.
Cuatro décadas después, el conflicto vuelve a tener como escenario el municipio de Lerdo, Durango. Ahora, las protestas se dirigen contra el proyecto de una planta de fertilizantes nitrogenados de Fermachem, cuestionada por organizaciones ambientalistas ante sus posibles efectos sobre el agua y los ecosistemas cercanos al Cañón de Fernández.
La historia encuentra a La Laguna en condiciones más comprometidas que las de 1986: el acuífero principal de la región presenta un déficit reconocido oficialmente de 111 millones 446 mil 22 metros cúbicos anuales, una resolución de la Suprema Corte obliga a las autoridades a enfrentar su sobreexplotación y persisten las denuncias por el aprovechamiento de agua subterránea en instalaciones industriales.
A pesar de los años transcurridos, el dilema que enfrentaron los primeros ambientalistas organizados de la región continúa vigente: cómo permitir el desarrollo industrial sin poner en riesgo las fuentes de agua de las que depende la población.
En 1986, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsaba la Central Termoeléctrica Guadalupe Victoria en Villa Juárez, una comunidad de Lerdo asentada en una zona estratégica del último tramo con flujo permanente del río Nazas.
La decisión provocó una de las mayores movilizaciones ciudadanas que se habían registrado hasta entonces en defensa del medio ambiente lagunero.
Hoy, los protagonistas son diferentes, los proyectos industriales tienen otras características y los mecanismos de oposición incluyen litigios, estudios ambientales y nuevas formas de organización. Sin embargo, académicos y ambientalistas que conocen ambos episodios advierten que el fondo de la controversia permanece.
El historiador Carlos Castañón Cuadros considera que los conflictos actuales recuerdan una lucha desigual entre los ciudadanos organizados y quienes promueven grandes inversiones, semejante a la confrontación bíblica de David contra Goliat.
“Se sigue repitiendo, sobre todo por las dimensiones de la empresa en esa zona y tendría acceso a agua de muy buena calidad, pareciera que está planteando el mismo dilema ambiental que hace años”.
Dos mil personas salieron a defender una reserva de agua
Para comprender el origen del movimiento es necesario regresar a los años ochenta, cuando La Laguna ya comenzaba a enfrentar las consecuencias de un modelo de desarrollo agrícola e industrial que había incrementado la presión sobre sus recursos hídricos.
La Comarca Lagunera, integrada por municipios de Coahuila y Durango, había construido buena parte de su prosperidad económica alrededor del agua del río Nazas, la agricultura de riego y, particularmente, el cultivo del algodón.
La construcción de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco permitió regular los escurrimientos del Nazas para destinarlos principalmente a actividades agrícolas, pero también transformó el comportamiento natural del río y redujo la presencia de agua en distintos tramos de su cauce.
En ese contexto, el valle de Villa Juárez conservaba una importancia especial por su relación con el último tramo vivo del Nazas y por las reservas subterráneas identificadas en la zona.
La preocupación se intensificó cuando se anunció que la CFE establecería allí una central termoeléctrica que requeriría agua para sus procesos de generación eléctrica.
Académicos, científicos, intelectuales y ciudadanos comenzaron a organizarse mediante la Asociación para la Defensa del Ambiente, que cuestionó la ubicación del proyecto y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para una reserva hídrica considerada estratégica para el futuro de La Laguna.
Entre los participantes destacaron Magda Briones, Luis Maeda Villalobos, Bulmaro Valdez Anaya, Francisco de la Garza Tijerina, Elisa Garagarza y Francisco Fernández Torres.
La oposición no surgió de un rechazo generalizado a la generación de electricidad. Su argumento central era que la central podía construirse en otro lugar sin comprometer una zona que se consideraba prioritaria para el abastecimiento de agua.
Gerardo Jiménez, ambientalista, sociólogo e integrante de Encuentro Ciudadano Lagunero, explica que aquella organización representó uno de los primeros movimientos ciudadanos que asumieron expresamente la defensa del medio ambiente como causa colectiva en la región.
“Está registrado como el primer movimiento que se define como ambientalista en la región, la CFE decide instalar la central termoeléctrica en la parte terminal del río vivo y esto provocó una fuerte reacción en un grupo de ciudadanos porque el gobierno había anunciado que la reserva del acuífero era precisamente esa zona”, puntualiza en entrevista con MILENIO.
La maestra Magda Briones, ambientalista, artista y profesora universitaria, se convirtió en una de las principales figuras del movimiento.
Con el apoyo de otros académicos promovió asambleas informativas en la Facultad de Medicina, que llegaron a reunir hasta 500 personas interesadas en conocer los riesgos del proyecto.
La movilización fue creciendo hasta traducirse en tres marchas multitudinarias realizadas entre febrero y julio de 1986.
La concentración más numerosa tuvo lugar el 7 de febrero, cuando más de 2 mil personas acudieron al llamado para manifestarse contra la instalación de la planta.
De acuerdo con el historiador Carlos Castañón Cuadros, la convocatoria marcó un parteaguas para los movimientos sociales de La Laguna.
Aunque existían antecedentes de organizaciones y pronunciamientos ciudadanos relacionados con problemas ambientales desde la primera mitad del siglo XX, ninguna movilización había logrado reunir una participación semejante.
“Es importante traer al presente este episodio de la historia porque nos recuerda que en otras épocas hubo laguneros que alzaron la voz y no se arredraron ante el poder, pero sobre todo plantearon una crítica razonable para su momento en relación al uso del agua, el medio ambiente y la instalación de la termoeléctrica que al final sí se instaló”.
La Iglesia también se sumó a la defensa del río Nazas
La magnitud del movimiento adquirió particular relevancia por el contexto político de la época.
En 1986, México era gobernado por Miguel de la Madrid y las expresiones de oposición ciudadana a las decisiones del gobierno federal enfrentaban condiciones políticas distintas de las actuales.
Jiménez y Castañón coinciden en que la movilización social no era bien recibida por buena parte de la clase política, circunstancia que incrementó la importancia de las protestas.
La instalación de la central termoeléctrica se convirtió en un asunto que trascendió los círculos académicos y ambientalistas.
La preocupación por el posible aprovechamiento de agua limpia para los procesos industriales comenzó a reunir a distintos sectores de la sociedad.
“Lo que se propuso en ese momento era que querían usar agua limpia para enfriar las máquinas de la termoeléctrica y se vio como un crimen por los ecologistas organizados salieron a manifestarse”, refiere Castañón.
El movimiento también encontró respaldo en la Iglesia católica.
Fernando Romo, entonces obispo de Torreón, se pronunció contra el proyecto y, de acuerdo con los registros históricos citados por Castañón, sostuvo que “lo que daña el ambiente daña también al hombre, el hombre es inseparable del ambiente".
La intervención religiosa amplió el alcance público de un conflicto que, inicialmente, había sido impulsado por especialistas y ciudadanos preocupados por la conservación de los recursos naturales.
Los ambientalistas insistieron en que La Laguna necesitaba ampliar su capacidad de generación eléctrica para responder al crecimiento económico y poblacional, pero cuestionaron que la nueva central se colocara precisamente donde se encontraba una de las reservas de agua de mayor importancia para la zona.
Entre las alternativas que plantearon figuraban municipios como Mapimí, Durango, o San Pedro de las Colonias, Coahuila.
La propuesta era modificar la ubicación, no cancelar necesariamente la infraestructura energética.
Sin embargo, las autoridades federales mantuvieron el proyecto original y la planta terminó por construirse.
Perdieron la batalla contra la termoeléctrica, pero aprendieron a organizarse
La Central Termoeléctrica Guadalupe Victoria fue instalada pese a las protestas.
El movimiento no consiguió su objetivo inmediato, pero dejó una experiencia de organización ciudadana que se convirtió en referencia para posteriores conflictos ambientales.
Gerardo Jiménez considera que una de sus principales aportaciones fue demostrar que la sociedad podía cuestionar decisiones del gobierno mediante argumentos técnicos, información pública y movilización colectiva.
“Fue un movimiento que generó aprendizajes, primero porque hubo ciudadanos que se aventaron a cuestionar a una decisión política de un proyecto que podía ser, pero no en ese sitio”, comparte.
La experiencia también modificó las estrategias utilizadas por organizaciones posteriores.
A las protestas callejeras y las asambleas públicas se sumaron, con el paso del tiempo, instrumentos legales para exigir información, cuestionar autorizaciones ambientales y promover acciones judiciales.
Un ejemplo reciente fue el megaproyecto Agua Saludable para La Laguna, desarrollado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el propósito de abastecer a municipios de Coahuila y Durango mediante agua superficial del río Nazas sometida a procesos de potabilización.
El proyecto surgió como respuesta a problemas históricos de disponibilidad y calidad del agua subterránea, particularmente por la presencia de arsénico en diferentes zonas de la región.
Sin embargo, las primeras obras contempladas generaron cuestionamientos porque parte de la infraestructura se proyectaba dentro de un polígono protegido del Cañón de Fernández, un espacio natural vinculado con el río Nazas.
Organizaciones como Prodefensa del Nazas y campesinos de Lerdo impulsaron acciones jurídicas y manifestaciones contra esa ubicación.
La presión ciudadana llevó a modificar el emplazamiento de las obras hacia la zona de amortiguamiento, evitando la intervención inicialmente prevista dentro del área protegida.
Para Jiménez, ese episodio mostró cómo los movimientos ambientales pasaron de la protesta a la utilización de herramientas jurídicas para intervenir en decisiones sobre infraestructura.
“Arriba se toman decisiones y no les gusta que se las cambies, tienes que buscar todas las omisiones y equivocaciones como lo hicimos con Agua Saludable”, subraya.
Cuatro décadas después de las marchas contra la termoeléctrica, las organizaciones ya no se limitan a cuestionar los proyectos en las calles: también revisan expedientes, estudios técnicos y autorizaciones para intentar modificar decisiones gubernamentales.
El agua se agota: déficit de 111 millones de metros cúbicos al año
La preocupación que movilizó a los ciudadanos en 1986 adquirió otra dimensión con el deterioro de los recursos hídricos de La Laguna.
La sobreexplotación del agua subterránea constituye uno de los principales problemas ambientales de la región, donde los requerimientos agrícolas, urbanos e industriales han ejercido presión sobre los mantos acuíferos durante décadas.
El acuífero Principal-Región Lagunera, identificado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con la clave 0523, presenta una disponibilidad media anual negativa de 111 millones 446 mil 22 metros cúbicos.
El dato significa que el volumen de agua considerado comprometido o concesionado supera la recarga anual calculada para ese acuífero, por lo que no existe disponibilidad para nuevas concesiones bajo las condiciones registradas en el estudio oficial.
Los datos de Conagua establecen una recarga media anual de 534.1 millones de metros cúbicos frente a un volumen concesionado de 645 millones 546 mil 22 metros cúbicos.
La diferencia revela la presión que enfrenta una de las principales fuentes subterráneas de abastecimiento de la Comarca Lagunera.
Aunque el acuífero Principal-Región Lagunera y el de Villa Juárez corresponden a unidades de administración hídrica distintas, sus condiciones forman parte de un problema regional más amplio: la competencia por el agua en un territorio de disponibilidad limitada.
El deterioro de los mantos subterráneos ha mantenido activas las demandas ciudadanas para que las autoridades revisen la extracción, vigilen las concesiones y adopten medidas de recuperación.
En 2019, las organizaciones Encuentro Ciudadano Lagunero, Prodefensa del Nazas y Desarrollo Cardenista para el Campo Lagunero promovieron una acción judicial contra autoridades responsables de administrar y proteger los recursos hídricos.
El litigio llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió el amparo en revisión 543/2022 el 1 de marzo de 2023.
El máximo tribunal concedió la protección constitucional y ordenó adoptar medidas para atender la sobreexplotación y el déficit del acuífero.
También estableció la necesidad de crear un programa conjunto para garantizar la preservación, el suministro y el saneamiento sustentables del agua, con responsabilidades específicas para las autoridades competentes.
La resolución incluyó la obligación de establecer medidas, objetivos y mecanismos de seguimiento para evitar que continúe agravándose la situación.
El fallo representó un avance judicial para las organizaciones promoventes, aunque su cumplimiento ha enfrentado dificultades y controversias.
La Suprema Corte mantiene vigente la protección del acuífero
La disputa legal por el agua no concluyó con la sentencia de marzo de 2023.
Los ambientalistas han cuestionado la lentitud en la implementación de las medidas ordenadas, mientras las autoridades responsables han planteado distintos mecanismos para dar cumplimiento a la resolución.
Durante 2026, el procedimiento volvió a adquirir relevancia por un recurso relacionado con la manera en que debía ejecutarse el fallo.
El 3 de septiembre, el Pleno de la Suprema Corte declaró sin materia el recurso de queja 11/2026, vinculado con una solicitud de cumplimiento sustituto presentada por la Comisión Nacional del Agua.
La determinación dejó vigente la sentencia original, por lo que las obligaciones de protección del acuífero continúan sujetas al seguimiento judicial.
Las organizaciones que promovieron el amparo también cuestionaron la intervención de la Consejería Jurídica de la Presidencia en el procedimiento, al considerar que se pretendía modificar el alcance de las obligaciones establecidas.
La decisión de septiembre no significó que la crisis de sobreexplotación estuviera resuelta, sino que el proceso de cumplimiento debía continuar.
De esta manera, una causa ambiental que comenzó con la organización de ciudadanos frente a grandes proyectos de infraestructura terminó convirtiéndose, décadas después, en una controversia constitucional sobre las obligaciones del Estado para garantizar el derecho al agua y proteger los recursos naturales.
Fermachem reabre en Lerdo una disputa de hace cuatro décadas
Mientras continúa el proceso judicial por el acuífero lagunero, un nuevo proyecto industrial ha colocado otra vez al municipio de Lerdo en el centro de las protestas.
Se trata de Fermachem, una planta de fertilizantes nitrogenados proyectada en el entorno del ejido Sapioriz, que contempla producir urea mediante procesos industriales que involucran amoniaco.
El proyecto ha sido promovido por el Gobierno de Durango como una inversión relevante para el desarrollo económico regional.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas y ciudadanos han cuestionado sus posibles efectos sobre los recursos hídricos y la cercanía de la zona industrial con el Cañón de Fernández.
Entre los puntos de controversia figura el suministro de agua requerido para el funcionamiento de la planta, además de la antigüedad de la documentación ambiental examinada por los inconformes.
Los colectivos señalan que la Manifestación de Impacto Ambiental utilizada para evaluar el proyecto tiene más de cinco años y cuestionan disposiciones que, según su revisión, contemplarían recurrir al agua subterránea como alternativa de abastecimiento.
La empresa, por su parte, sostiene que la planta está diseñada para utilizar exclusivamente agua residual municipal tratada, suministrada mediante infraestructura específica, y que no requerirá extraer agua de pozos ni del río Nazas.
Autoridades estatales también han defendido el proyecto al señalar que se encuentra fuera del área natural protegida y que su operación no comprometerá las fuentes de agua potable.
Esas explicaciones no han disipado las preocupaciones de las organizaciones que demandan mayor transparencia y certeza sobre las condiciones ambientales en las que funcionaría la instalación.
Durante 2026 se han realizado distintas movilizaciones contra el proyecto. En junio, ciudadanos y ambientalistas salieron a las calles de Lerdo para exigir que se revisaran sus posibles impactos.
Las protestas continuaron en septiembre, cuando manifestantes marcharon para expresar su preocupación por el Cañón de Fernández y por las garantías de protección del agua.
El conflicto siguió escalando. El 22 de octubre se reportó que colectivos laguneros entregaron más de 180 mil firmas ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para cuestionar las autorizaciones ambientales del proyecto.
Al mismo tiempo, autoridades de Durango informaron que Fermachem avanzaba en sus preparativos y buscaba iniciar la construcción durante noviembre.
El desacuerdo vuelve a enfrentar dos planteamientos: el de quienes consideran que la inversión industrial puede desarrollarse mediante medidas de protección ambiental y el de las organizaciones que exigen demostrar que esas salvaguardas serán suficientes antes de permitir las obras.
Para el historiador Carlos Castañón, las similitudes con lo ocurrido hace cuatro décadas resultan significativas.
En ambos casos, la controversia surgió por la instalación de infraestructura industrial en un territorio donde el agua constituye un recurso especialmente sensible.
“Ese movimiento merece ser recordado precisamente porque lo podemos interpretar de la manera en que hace 40 años otros laguneros con compromiso o sentido del cuidado del medio ambiente advirtieron de los riesgos de instalar este monstruo industrial en una zona privilegiada contra el acuífero”.
La termoeléctrica sigue bajo cuestionamientos por el agua
La Central Termoeléctrica Guadalupe Victoria no desapareció de las controversias ambientales de La Laguna después de que terminó la movilización de los años ochenta.
Por el contrario, la planta de la Comisión Federal de Electricidad ha continuado siendo objeto de inconformidades por parte de habitantes de Villa Juárez y comunidades vecinas.
Las denuncias se relacionan con el aprovechamiento de agua subterránea, las descargas derivadas de los procesos industriales y las afectaciones que los pobladores atribuyen al funcionamiento de las instalaciones.
En febrero de 2020, habitantes de Villa Juárez acudieron a las oficinas de Conagua en Torreón para exigir la cancelación de nueve pozos que, según sus señalamientos, estaban vinculados con el suministro de agua para la termoeléctrica.
Ese mismo año, el Congreso de Durango aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la CFE que dejara de utilizar agua destinada al consumo humano en los procesos de generación eléctrica y recurriera al agua tratada.
La controversia se mantuvo en los años siguientes.
En octubre de 2024, ejidatarios denunciaron afectaciones ambientales y reclamaron la intervención de autoridades federales para atender los problemas que atribuyen a la operación de la central.
Entre sus señalamientos figuraban la disminución de vegetación en las riberas del río Nazas, el aprovechamiento de agua de pozos y las descargas procedentes de la planta, cuyos efectos sobre el entorno solicitaron investigar.
También exigieron el cumplimiento de compromisos de indemnización relacionados con los terrenos utilizados para construir las instalaciones.
Las denuncias no equivalen, por sí mismas, a una determinación técnica o administrativa de responsabilidad ambiental de la CFE, pero documentan que el conflicto entre la termoeléctrica y comunidades vecinas permanece abierto décadas después de su construcción.
Así, la misma infraestructura que detonó una movilización histórica en 1986 continúa formando parte de los reclamos ambientales de Villa Juárez.
La batalla que no terminó en 1986
La historia de la termoeléctrica Guadalupe Victoria dejó una enseñanza para las organizaciones ciudadanas de La Laguna: una movilización puede fracasar en su objetivo inmediato y, aun así, transformar la manera en que una sociedad defiende su territorio.
Los ambientalistas no lograron impedir que la central se construyera en Villa Juárez. Tampoco consiguieron entonces que las autoridades federales aceptaran las ubicaciones alternativas que proponían.
Pero las marchas, las reuniones públicas y la participación de académicos, científicos y habitantes de la región contribuyeron a consolidar una forma de organización que posteriormente incorporó recursos judiciales y mecanismos de vigilancia ambiental.
La experiencia de 1986 se encuentra entre los antecedentes de las luchas posteriores por la conservación del río Nazas, la protección del Cañón de Fernández y la recuperación de los acuíferos.
Cuatro décadas después, las condiciones son distintas
Las organizaciones cuentan con herramientas jurídicas que antes no tenían, el derecho a un medio ambiente sano tiene reconocimiento constitucional y una sentencia de la Suprema Corte obliga a las autoridades a adoptar medidas para proteger el principal acuífero lagunero.
Sin embargo, las controversias continúan.
La Comarca Lagunera enfrenta una crisis de disponibilidad de agua, la central termoeléctrica sigue acumulando cuestionamientos de sus vecinos y el proyecto Fermachem volvió a provocar protestas por los posibles riesgos ambientales de una nueva instalación industrial.
Carlos Castañón insiste en que recuperar la memoria de 1986 permite comprender la continuidad de las demandas ciudadanas y el origen de las organizaciones que actualmente participan en la defensa del agua.
La disputa inicial se resolvió con una termoeléctrica construida, pese a la oposición de miles de personas.
Hoy, el debate sobre Fermachem sigue abierto, mientras la crisis hídrica ha llevado hasta la Suprema Corte las exigencias de protección de los recursos subterráneos.
Hace 40 años, los laguneros salieron a defender el agua que consideraban indispensable para su futuro. Cuatro décadas después, el agua sigue siendo el centro de la disputa.
Cambian los proyectos, los gobiernos y las generaciones. Lo que permanece es la exigencia de que el desarrollo industrial no comprometa las reservas hídricas de La Laguna.
arg
