En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este martes, especialistas y sobrevivientes coinciden en un diagnóstico que Jalisco no ha logrado revertir: la violencia de género sigue siendo estructural, persistente y profundamente arraigada.
Las cifras no muestran una reducción sostenida y los testimonios revelan un sistema incapaz de proteger a las mujeres y a las infancias.
Lucía Almaraz Cásares, doctora en Derecho y especialista en Derechos Humanos, advierte que, pese a los avances normativos e institucionales de la última década, el panorama continúa siendo grave.
“La violencia de género continúa afectando de manera desproporcionada a las mujeres, y esto evidencia la persistencia de desigualdades sociales, culturales y económicas”, sostuvo en entrevista con MILENIO.
Feminicidios no tienen una disminución sostenida
De acuerdo con la especialista, entre 2022 y 2025 las cifras han mostrado “un comportamiento sumamente fluctuante” y, contrario al discurso político, “no hay una disminución sostenida”.
En 2022 se registraron 35 feminicidios en el estado; en 2023 la cifra aumentó a 37, lo que implica un incremento del 19 por ciento. Al siguiente año se reportaron oficialmente 25, aunque fuentes independientes contabilizan 29, y hasta julio de 2025 van 18 feminicidios, casi dos por mes.
Estos datos coinciden con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que coloca a Jalisco entre los diez estados con mayor incidencia de violencia feminicida.
Aunque las cifras pueden variar por subregistro o diferencias en la clasificación, para Almaraz “la tendencia general revela que la violencia feminicida no se ha erradicado ni se ha reducido de manera consistente”.
El panorama es multidimensional: violencia física, sexual, psicológica e institucional, con altas tasas de impunidad y brechas significativas en la atención territorial.
Violencia familiar y sexual: una realidad persistente
La violencia familiar, la feminicida y la institucional son las más frecuentes en el estado. Sólo en 2024 se registraron 11 mil 200 nuevas carpetas por violencia familiar, 17 por ciento menos que en 2023, pero la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 indica que 40.6 por ciento de las mujeres jaliscienses que han tenido pareja han sufrido violencia en este ámbito. Las agresiones incluyen golpes, amenazas, control económico y daño psicológico.
En materia de violencia sexual, las denuncias por abuso sexual aumentaron nueve por ciento en 2024, afectando principalmente a niñas y adolescentes.
Para la especialista, esto responde a “un patrón estructural de violencia sexualizada y de impunidad, porque hoy en Jalisco no existen los incentivos para presentar una denuncia”.
Sistema sin resultados por mala clasificación de feminicidios
Durante 2023, se documentaron 139 asesinatos de mujeres, pero sólo 36 fueron clasificados como feminicidios.
“Esto muestra problemas en la tipificación, en el registro y un tema importante de impunidad respecto a las sanciones”, señaló.
A ello se suma la falta de actualización de datos oficiales y la escasa rendición de cuentas sobre la Alerta de Violencia de Género. Muchos municipios carecen de unidades especializadas o de personal capacitado, lo que dificulta la atención oportuna.
Entre las medidas implementadas se encuentran la Alerta de Violencia de Género (2018), el Plan Estratégico Mujeres Libres de Violencia (2020–2024) y la creación del Banco Estatal de Datos sobre Violencia de Género.
Sin embargo, Almaraz subraya que “han sido insuficientes. No disminuyen las agresiones sexuales ni la violencia familiar. No contamos con información estadística actualizada y, por ejemplo, el sitio de la Alerta no actualiza indicadores desde 2023”.
La especialista advierte de una coordinación interinstitucional insuficiente y de desigualdades territoriales. Los municipios metropolitanos concentran recursos y programas, mientras que el interior del estado permanece desatendido.
Aunque en 2024 aumentaron 15 por ciento las órdenes de protección, esto refleja “una mayor necesidad de respuesta institucional frente a una violencia estructural y sistemática”.
¿Cuáles son las claves para cambiar el trágico presente?
Para Almaraz, uno de los cambios más urgentes es la profesionalización de jueces, policías y ministerios públicos, además de un sistema estatal unificado y transparente de datos. También propuso descentralizar recursos, incluir programas de masculinidades igualitarias y fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres y la educación sexual integral.
“Necesitamos instituciones con capacidad real, datos abiertos y actualizados, descentralización de recursos, refugios y centros de atención, y una articulación intersectorial que integre salud, educación y desarrollo social dentro de una política de Estado con perspectiva de género”, señaló.
La prioridad inmediata, enfatizó, debe ser fortalecer las capacidades municipales. “El municipio es el primer contacto con la ciudadanía. Capacitar al cien por ciento del personal municipal, policías, personal de salud y de los DIF en perspectiva de género, y crear un sistema estatal de datos públicos permitiría elaborar políticas más efectivas”.
Elisa, sobreviviente que convirtió el dolor en lucha
En ese contexto de violencia persistente emerge también la historia de Elisa Celis, conocida como Lisi, una sobreviviente que convirtió su experiencia de violencia vicaria en una voz nacional.
Su nombre se asoció a la lucha por el reconocimiento legal de este tipo de violencia, luego de encabezar en mayo de 2024 una huelga de hambre de 140 horas para lograr la aprobación de la ley vicaria en Jalisco. Pero detrás de la figura pública está la madre que aún no logra recuperar a sus hijos, Marcelo y Patricio, sustraídos en un proceso que describe como plagado de omisiones, corrupción y dilaciones.
“Yo jamás me imaginé vivir lo que estoy viviendo”, confiesa. Su historia comenzó a fracturarse en 2018, cuando decidió separarse del padre de sus hijos, con quien ya había vivido violencia económica, psicológica y control. Ese año él intentó quitarle la custodia por primera vez, pese a no haber ejercido realmente la paternidad. Con una resolución emitida en tres días y sin pruebas, obtuvo una custodia ilegal que inició lo que Lisi nombra como “mi terrorismo legal”.
Durante tres años, sus hijos estuvieron sustraídos y en condiciones que ella descubrió después. “Mis hijos pasaron hambre, pasaron frío, pasaron miedo”. A través de imágenes y testimonios clandestinos supo que habían dejado la escuela y que se movían entre distintos estados. “Ver cómo se acaba la vida de tus hijos, cómo los están dañando… y aquí lo que vale es el dinero”, lamenta.
Su caso refleja un patrón. De acuerdo con el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria A.C. y el diagnóstico "Violencia Vicaria en Jalisco: Voces de las Madres", el cien por ciento de las mujeres entrevistadas reportó haber sufrido violencia vicaria.
El 82.5 por ciento identificó como principal agresión las amenazas de quitarles a sus hijos y 73.7 por ciento la sustracción o retención. A la pregunta “¿puedes vivir con tus hijos?”, 41.3 por ciento respondió que no los ve; otro 41.3 por ciento que sí, “pero con restricciones”, y solo 17.4 por ciento vive con ellos sin limitaciones.
Desconfianza institucional desemboca en la impunidad
Las cifras muestran la falla estructural de un sistema que no protege ni a las madres ni a las infancias. “En Jalisco tenemos una impunidad arriba del 99.8 por ciento en delitos cometidos en contra de la mujer”, denuncia Celis. Sobre el Centro de Justicia para las Mujeres, afirma: “Si todos estos millones que se dan a este CJM los quitan, seríamos igual… y no sé si hasta mejor”.
La restitución de sus hijos en octubre de 2022 fue dolorosa. Lo resume como “un momento privado de tensión y de estrés para mis hijos”, provocado por el padre, quien “los encerró, los hizo gritar, subir videos, exponerlos”. El daño emocional la llevó a ingresar con ellos a un refugio. “Siempre he estado con las autoridades, siempre me he puesto a su disposición”.
Pero la violencia vicaria no terminó ahí. Su hijo mayor cumplió 18 años y dejó de estar protegido por la orden de custodia. El menor continúa siendo buscado legalmente y una jueza federal revocó un amparo que protegía su restitución. “Definitivamente creo que voy a tener que regresar a las calles… viva, no voy a dejar de pelear por mi hijo”.
Su activismo surgió de la necesidad. “Uno termina alzando la voz porque sabes que no te queda de otra”. Desde entonces se convirtió en una de las voces más visibles del movimiento. “Fue cuando nos dimos cuenta de que lo que vivíamos se llama violencia vicaria… y salimos a redes”.
El Frente Nacional Contra Violencia Vicaria tiene ya presencia en todo el país. “Estamos muy organizadas”, afirma. Acompaña a mujeres criminalizadas por intentar proteger a sus hijos. “Hay mamás que han terminado presas por protegerlos… aquí denuncias y terminas presa”.
"Jalisco de los peores estados contra violencia vicaria"
Aunque la ley vicaria está aprobada en 29 estados y a nivel federal, Celis subraya que la lucha apenas comienza. “Ha habido muchos avances, sí, pero el día a día es tremendo, y Jalisco es uno de los peores estados”. Su voz, firme pese al desgaste, sostiene una certeza profunda: la lucha es por las infancias, por las mujeres que viven lo mismo y, sobre todo, por sus hijos. “Si va a ser la muerte la que me lleve, me va a llevar a la vista de todos… porque yo no me voy a quedar en cuatro paredes llorando”.
OV
