La elección del Poder Judicial en Guanajuato podría involucrar hasta 320 cargos en disputa y cerca de mil aspirantes en las boletas, de acuerdo con estimaciones del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).
Así lo señaló Brenda Canchola Elizarrarás, presidenta consejera del organismo, quien explicó que se trata de un cálculo general para dimensionar la magnitud del proceso.
“Estamos hablando, digo, fue un cálculo, me acuerdo, así como aventurado que tuve en aquella ocasión que me preguntaron, pero estamos hablando de 320 cargos del Poder Judicial”.
Precisó que esta cifra corresponde únicamente al ámbito estatal y contempla la totalidad de posiciones dentro del Poder Judicial.
“En el Estado, solamente en el Estado, es el Poder Judicial completo y hablo de 320 porque es un número cerrado, pero seguramente son un poco más”.
En cuanto al número de candidaturas, detalló que, bajo un escenario en el que cada uno de los comités proponga perfiles distintos, la cifra podría multiplicarse de manera significativa.
“El número de candidaturas, suponiendo que cada uno de los comités propusiera una persona distinta, pues hay que multiplicar, son tres comités, uno por cada uno de los poderes, entonces estamos hablando de más de 900 personas que pudieran aparecer en la boleta si es que cada uno de los comités posicionara una persona”.
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Bajo esa misma lógica, el número total de aspirantes podría acercarse al millar de contendientes.
“Pero insisto, este es un cálculo como muy genérico, hay especificidades, por supuesto, pero suponiendo que si cada uno de los comités pone una persona, y estamos hablando de 320 cargos, estamos hablando de 960 personas que pudieran estar contendiendo en la elección del Poder Judicial”.
La consejera reiteró que se trata de una estimación preliminar que permite dimensionar el tamaño del proceso electoral judicial que se desarrollará en la entidad.
“Insisto, es un cálculo muy genérico que tengo, es una manera de simplificar la magnitud de la elección del Poder Judicial”.
En paralelo, indicó que el Instituto trabaja en la construcción de la logística del proceso, particularmente en la adecuación territorial para la distribución de boletas, debido a que la geografía judicial no coincide con la electoral.
