El acceso de las mujeres a cargos públicos en Jalisco ha dejado de ser una excepción para convertirse en una constante estadística; sin embargo, detrás de las cifras históricas persiste una pregunta sobre si la paridad ha logrado traducirse en poder real o sigue siendo, en buena medida, una conquista numérica.
El tema vuelve a ser centro de debate, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco determinó que en ocho municipios las candidaturas a las presidencias sean encabezadas por mujeres; sin embargo, en Zapopan hay otro candado más: deben ser parte de un grupo históricamente subrepresentado: de la diversidad sexual, con discapacidad o indígenas.
El filtro, si bien tiene el objetivo de ser incluyente, termina por excluir, según la perspectiva de organizaciones y activistas, una condición que contradice el principio constitucional que busca la participación igualitaria entre ambos sexos.
Avance histórico gracias a la lucha femenina
Para Aurora Natalia Rojas, coordinadora nacional de Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), el punto de partida es claro: el avance actual no puede entenderse sin la lucha histórica de las mujeres.
“Hablar de paridad hoy, en 2026, no es el resultado de una generación espontánea, sino es el resultado de una lucha histórica de las mujeres en donde hay más de trescientos años de antecesoras que dieron su vida por garantizar la participación efectiva de las mujeres”.
La participación de las mujeres en la política municipal de Jalisco ha tenido un avance gradual a lo largo de las últimas décadas; sin embargo, aún persisten desigualdades en el acceso a los cargos de mayor toma de decisiones, particularmente en las presidencias municipales.
Te recomendamos
Según el estudio de las historiadoras María Teresa Fernández Aceves e Ileana Cristina Gómez Ortega, que documenta la participación de mujeres electas en los municipios del estado entre 1948 y 2024, en 1948 las mujeres participaron únicamente ejerciendo su derecho al voto; para 1952 ya se registraba su participación tanto votando como contendiendo en procesos electorales.
Un año después, en 1953, se documentó la presencia de ocho regidoras propietarias y seis suplentes en los municipios de la entidad. Posteriormente, en 1955 fue electa la primera diputada federal por Jalisco, mientras que en 1959 se registró la primera diputada local.
La llegada de mujeres a los gobiernos municipales se concretó en 1962, cuando se eligió a la primera presidenta municipal, y décadas más tarde, en 1988, el estado tuvo a su primera senadora.
En términos generales, los datos recopilados muestran que entre 1953 y 2024 han sido electas en Jalisco 9 mil 37 regidoras, 745 síndicas y 308 presidentas municipales.
Estas cifras reflejan que la mayor presencia de mujeres se concentra en las regidurías, donde se ubica 89 por ciento de los cargos ocupados por mujeres. En segundo lugar se encuentran las sindicaturas, con el 8 por ciento, mientras que las presidencias municipales apenas representan cerca del 3 por ciento.
El análisis también identifica algunos casos de mujeres que han logrado repetir en el cargo como presidentas municipales, así como el crecimiento en el número de regidoras electas en los últimos años, impulsado en gran medida por las reformas en materia de paridad de género.
De acuerdo con el estudio, para la década de 2020 el número de regidoras electas alcanzó las 133, lo que representa prácticamente el doble de las registradas durante la década de 2010.
A pesar de estos avances, las investigadoras advirtieron que aún existen pendientes en la representación política femenina en el estado, ya que cerca de una cuarta parte de los municipios de Jalisco nunca ha sido gobernada por una mujer.
Barreras de la paridad de género
La incorporación de la paridad como principio constitucional en 2014 y su ampliación en 2019 con la reforma de “paridad en todo” marcaron un parteaguas en la vida política del país.
A partir de entonces, la presencia de mujeres dejó de depender de la voluntad de los partidos políticos para convertirse en una obligación legal en todos los niveles del Estado.
“Es por eso que la paridad en el 2014, cuando se eleva a principio constitucional, deja de ser una medida afirmativa […] sino que ahora ya es un principio constitucional que en el dos mil diecinueve se refuerza con la paridad en todo”, explica la coordinadora de Cladem.
Este cambio normativo permitió una expansión acelerada de la participación femenina en cargos de elección popular. En Jalisco, el proceso electoral de 2024 dejó una cifra sin precedentes: 49 de los 125 municipios fueron gobernados por mujeres, lo que representa cerca del 40 por ciento del total. Pero la cifra, aunque histórica, no es suficiente para hablar de igualdad sustantiva, con municipios en los que jamás ha habido una mujer gobernante.
El dato revela una paradoja: mientras en algunos municipios las mujeres han logrado consolidar liderazgos, en otros el acceso sigue siendo inexistente, a pesar de más de siete décadas desde el reconocimiento del voto femenino en México.
A nivel regional, México se ha posicionado como uno de los países más avanzados en materia de participación política de las mujeres. Sin embargo, este liderazgo convive con tensiones internas, resistencias partidistas y prácticas que limitan el ejercicio pleno del poder.
“A nivel regional, México es uno de los países más avanzados en temas de participación política y hay que decirlo con orgullo”, señala, aunque matiza que estos avances deben defenderse ante contextos globales de retroceso en derechos humanos.
El crecimiento en la presencia de mujeres en la política no ha sido homogéneo ni libre de obstáculos. En muchos casos, su llegada a los cargos ocurre en condiciones adversas, marcadas por violencia política, falta de respaldo institucional y estructuras partidistas que aún privilegian liderazgos masculinos.
“No solo en temas numéricos, pero que tengan esta autonomía política en la toma de decisiones […] porque hay mucha, sobre todo, violencia política”, señala Rojas.
Este fenómeno, cada vez más documentado, pone en evidencia que la paridad no garantiza por sí sola el ejercicio del poder. Tener el cargo no implica necesariamente tener la capacidad de decidir.
Para la activista, el desafío actual es transitar de la representación a la incidencia real, lo que implica replantear las políticas públicas más allá de las cuotas.
“El tema de la paridad y, sobre todo, estos lineamientos es una pieza clave, pero no soluciona el problema de raíz, sino que debe ser una política integral”, sostiene.
Esto incluye no sólo garantizar candidaturas, sino fortalecer liderazgos desde etapas tempranas, generar condiciones de competencia equitativas y erradicar las violencias que enfrentan las mujeres en la vida política.
La paradoja de la inclusión excluyente
El debate sobre la paridad ha evolucionado hacia la necesidad de incorporar una mirada interseccional que reconozca la diversidad de mujeres que buscan acceder al poder.
“Creemos desde Cladem que estos lineamientos y estos grupos no deben ser excluyentes justamente de otras mujeres”, dice Rojas.
La inclusión de mujeres indígenas, con discapacidad o de la diversidad sexual representa un avance necesario, pero también plantea el reto de evitar que estas medidas se conviertan en mecanismos aislados o simbólicos.
A nivel global, el panorama tampoco es alentador. De acuerdo con estimaciones de organismos internacionales, alcanzar la igualdad sustantiva podría tomar más de un siglo si no se aceleran las transformaciones estructurales.
En ese contexto, Jalisco refleja tanto los avances como las limitaciones del modelo actual: más mujeres ocupando cargos públicos, pero aún enfrentando barreras para ejercerlos plenamente.
Beatriz Rangel Juárez, directora del capítulo de Aúna Jalisco, considera que la limitación en Zapopan reduce el universo de mujeres que podrían contender, cuando
“históricamente las mujeres no han gobernado estos municipios y la idea es justamente abrir las condiciones para que gobiernen en estos; pero al hacer esta distinción, digo que resulta paradójico, porque deja fuera a la mayoría de las mujeres”.
De acuerdo con su análisis, estos grupos representan cerca de 10 por ciento de la población, por lo que el criterio podría excluir aproximadamente al 90 por ciento de las mujeres del municipio.
La directora de Aúna Jalisco considera que el tribunal debió armonizar el principio de paridad con las medidas de inclusión para grupos subrepresentados.
“El principio de paridad tiene que ser una base que sea la que regule, la que se establezca en primer lugar, la que se garantice en primer lugar la paridad”.
Más allá del debate jurídico, recuerda que la participación política de las mujeres en México ha sido una lucha que enfrenta múltiples barreras estructurales.
“Esto es producto de una cultura en la que hemos sido socializadas, que es el hecho de que siempre se vio a la política como algo en clave masculina”.
Entre los principales obstáculos, menciona los estereotipos de género que asignan a las mujeres las tareas de cuidado, así como la desigualdad económica y la falta de apoyos dentro de los partidos políticos.
“Sigue habiendo todavía este conjunto de barreras, que nosotros llamamos techos de cristal, pisos pegajosos, o techos de billetes cuando se trata del dinero”.
Advierte que la situación puede ser aún más compleja para mujeres que, además de su género, enfrentan otras condiciones de discriminación:
“No es lo mismo ser una mujer hetero a que pudiera ser una mujer que aspire a una candidatura y que también sea lesbiana, y que sea discapacitada, y que además sea indígena”.
Con ella coincide Candelaria Ochoa, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso de Jalisco. Desde su experiencia como promotora histórica de las cuotas de género, la legisladora reconoce el valor de la medida, aunque cuestiona su alcance, pues la paridad no puede aplicarse de manera parcial.
El rezago en la participación política de las mujeres en Jalisco es amplio y persistente. De acuerdo con los datos que ha trabajado junto a investigadoras, la exclusión no se limita a los municipios contemplados en la resolución.
“No solamente son estos siete municipios donde no hay o no ha habido candidatas presidentas mujeres, sino son muchísimos municipios, cerca de noventa y tres, donde no ha habido mujeres”, expone.
En ese sentido, Ochoa señala que la medida resulta insuficiente e incluso problemática en su diseño. “Me parece tramposa esta acción del IEPC, aun cuando yo valoro muchísimo que hayan dicho que en estos municipios deben ser mujeres”, afirma, al tiempo que cuestionó que el órgano electoral “se tome atribuciones que no le ha dado el Congreso”.
Además, alerta sobre el riesgo de simulación en el cumplimiento de estos criterios. “No estoy segura de que se utilicen de manera tramposa estas tres características”, dice, al referirse a la posibilidad de que aspirantes se autoadscriban sin pertenecer realmente a estos grupos.
En este contexto, también pone sobre la mesa la diferencia entre representar y vivir las condiciones de vulnerabilidad. “No es lo mismo vivir en una condición de vulnerabilidad que, como decía una amiga mía, en la güerocracia”.
Para Ochoa Ávalos, si bien estas acciones pueden contribuir a saldar parte de la deuda histórica con las mujeres, el pendiente sigue siendo amplio, especialmente para quienes enfrentan múltiples formas de discriminación.
JVO
