M+.- Adriana Miguel Sandoval lo recuerda con claridad, la primera advertencia, casi 10 años antes de que la fuerza de la tierra terminara por quitarle su patrimonio. Corría el periodo entre 2008 y 2009 cuando las familias que habitaban el edificio de Patricio Sanz 37, un inmueble de los años sesenta en la colonia Del Valle, comenzaron a notar que la estructura tenía una inclinación leve pero perceptible. A pesar de la inquietud, la vida continuó su curso sin que se ejecutaran dictámenes exhaustivos.
Pero la advertencia definitiva llegó la noche del 7 de septiembre de 2017. Tras el sismo de 8.2 que se sintió en la Ciudad de México y estados circundantes, una fuerte sacudida y crujidos en los muros avisaron lo que doce días después resultaría inevitable: el 19 de septiembre la edificación no soportó más. Sobre una zona de alto riesgo geológico correspondiente al antiguo cauce de río entubado del Viaducto, el inmueble quedó atrapado en una dinámica física destructiva:
Con una magnitud de 7.1, experimentó un severo 'efecto sándwich' flanqueado por dos torres de mayor altura y rigidez. El rebote y el impacto contra los edificios colindantes durante la sacudida derivaron en el colapso total de su cimentación y el casi derrumbe de los departamentos. Todo quedó inhabitable.
“La prevención no puede ser posterior a la tragedia. La seguridad de un inmueble se construye antes, con mantenimiento continuo, responsabilidad de los habitantes y peritajes reales”, dice Adriana Miguel al rememorar la pérdida de su hogar y la reconstrucción de su vida desde cero.
Su vivencia cobra vigencia al contrastar los acontecimientos internacionales recientes. El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia volvió a encender las alarmas sísmicas en América Latina al revelar la vulnerabilidad del fondo habitacional.
Las cifras oficiales del desastre en el país sudamericano dan cuenta de la devastación: 31 mil 540 casas destruidas, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; además de 178 mil 555 viviendas con averías considerables, 603 edificios colapsados y otros 5 mil 755 inmuebles con daños estructurales de alta gravedad.
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La dimensión de aquella tragedia funciona como un recordatorio para la Ciudad de México. A casi nueve años del terremoto que en 2017 dejó en la capital un saldo trágico de 38 edificios colapsados y más de 22 mil viviendas con afectaciones de diversa consideración, los pendientes en materia de regulación, autoconstrucción y fiscalización preventiva continúan en el centro de la agenda urbana.
Tras la emergencia de 2017, la urgente necesidad de unificar criterios técnicos y frenar la emisión de peritajes empíricos o diagnósticos “a ojo de buen cubero” motivó la creación del Comité de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM). El objetivo ha sido profesionalizar las evaluaciones.
MILENIO consultó al doctor Darío Rivera Vargas, coordinador adjunto del comité y profesor-investigador de la UNAM, sobre cómo saber si tu casa podría aguantar un próximo gran sismo. Subraya la importancia de romper con la inercia del olvido: “La prevención debe ser permanente, no sólo cuando tiembla. El riesgo no desaparece cuando se apagan las luces de la emergencia; requiere revisión constante, aplicación estricta de la norma y una responsabilidad técnica en cada edificación”.
El diagnóstico técnico de mi casa: la prevención antes del sismo
El caso del edificio de Patricio Sanz 37 retrata una problemática extendida: la profunda distancia que existe entre la rigurosidad de los reglamentos de construcción vigentes y su cumplimiento efectivo en las calles.
Para Rivera Vargas, la vulnerabilidad ante los sismos no se explica sólo por la magnitud o la aceleración de los movimientos telúricos, sino por factores sociales y técnicos arraigados, tales como la autoconstrucción realizada sin la asesoría directa de profesionales de la ingeniería y la ausencia de una fiscalización sistemática sobre las obras en operación.
Precisamente para hacer frente a este vacío y evitar que se emitieran peritajes empíricos o diagnósticos deficientes tras el desastre, se constituyó formalmente el CICM con la encomienda de establecer protocolos rigurosos.
“El reglamento de construcción de la Ciudad de México es reconocido como uno de los más exigentes e innovadores del mundo en el papel, pero el verdadero desafío radica en la aplicación real y en la supervisión continua”, puntualiza el especialista.
Una estructura no colapsa ni sufre daños severos únicamente por un diseño original defectuoso: falla con frecuencia cuando los propietarios o arrendatarios modifican muros de carga sin criterio técnico, cuando se añaden niveles superiores no autorizados en los planos o cuando se omite el mantenimiento preventivo indispensable frente al deterioro de las décadas. Puedes comprar un inmueble sin saber que tiempo atrás se hicieron estas modificaciones.
Para identificar los riesgos en el edificio donde vivimos, el doctor Rivera Vargas señala que no se necesita una “vista de rayos X” ni caer en el pánico de las redes sociales. El especialista enfatiza que los propios vecinos pueden hacer una primera revisión visual directa centrada en los elementos clave:
- Observar el estado y grosor de columnas, trabes y muros de carga.
- Poner atención a la aparición de grietas diagonales en los muros.
- Notar si hay cualquier inclinación visible del edificio frente a las construcciones vecinas.
Pero hace hincapié en que la aparición de una fisura o grieta jamás debe ser interpretada ni evaluada de forma empírica por los ocupantes de la vivienda. Ante la menor anomalía o sospecha de daño, la revisión formal y con carácter legal debe ser ejecutada por un Director Responsable de Obra o por un Corresponsable de Seguridad Estructural debidamente acreditado ante las instancias correspondientes.
Estos profesionales son los únicos facultados legal y técnicamente para emitir dictámenes con validez y determinar si una edificación requiere trabajos de reforzamiento, rehabilitación integral o la evacuación inmediata del predio.
La cultura de la resiliencia
Reconstruir una vivienda afectada implica un prolongado calvario económico, legal y emocional que se extiende durante años, dice Adriana Miguel Sandoval.
Para ella, perder su departamento significó ingresar a un complejo laberinto marcado por el encarecimiento de rentas en la zona –la gentrificación llegó con más visibilidad después del terremoto–, el desgaste burocrático y la incertidumbre financiera.
Adriana resalta la paradoja a la que se enfrentan muchas familias: la obligación de continuar saldando las cuotas de créditos hipotecarios por viviendas destruidas o inhabitables, mientras buscan recursos adicionales para subsistir en el día a día.
En Patricio Sanz 37, el camino hacia la recuperación de los hogares ha dependido del modelo de redensificación gestionado con las autoridades de la capital. Como explica, este mecanismo financia la reconstrucción de los departamentos originales mediante la edificación y venta de viviendas adicionales en el mismo terreno, sin un costo directo inasumible para las familias.
Y recalca una lección preventiva clave: la urgencia de contratar seguros de inmueble independientes a los bancarios, cuyas pólizas básicas ofrecen coberturas muy acotadas frente al colapso total.
La vivencia de los damnificados del 19-S y el análisis de Rivera Vargas ante la devastación en Colombia coinciden en lo fundamental: la gestión del riesgo sísmico no concluye con la remoción de escombros ni con la emergencia inmediata.
Ambos coinciden en que se requiere una alianza ininterrumpida entre la vigilancia ciudadana, la responsabilidad ética de los constructores y la aplicación estricta de las normas urbanas. Concluyen que la seguridad estructural no puede ser un trámite reactivo que se recuerde al sonar la alarma, sino la garantía diaria para salvaguardar la vida.
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GSC
