DOMINGA.– Me despertó la sacudida que puso a temblar las lámparas de mi cuarto en Bogotá. Eran las 7:43 de la mañana del 10 de agosto. El movimiento telúrico disparó algunas alarmas de coches y comercios cercanos y cerró de golpe algunas de las puertas del edificio en el que me alojo en Colombia. Fui el primero en salir disparado del inmueble, como buen mexicano, cuando todavía no concluía el movimiento telúrico de magnitud 7.4, el segundo mayor del siglo en este país sudamericano.
Pero a diferencia de lo que suele ocurrir en Ciudad de México, fui el único en hacerlo en mi edificio. No vi a ningún vecino en toalla de baño, sorprendido en la ducha, ninguna abuela traída de la mano por sus nietos con una fila de gente esperando detrás, angustiados, nada de eso. De hecho, ni siquiera se escuchó una alarma más que en aquellos celulares de quienes habían descargado las apps sísmicas, a falta de un sistema nacional público preventivo.
Con el paso de las horas se supo que el temblor tuvo su epicentro a unos 96 kilómetros de profundidad en el municipio montañoso de San José del Palmar, ubicado en el selvático departamento de Chocó, en la frontera con Panamá. Una región de mayoría afro e indígena, históricamente olvidada por el Estado central. Así que para entender por qué fui el único en reaccionar en mi edificio –y en mi cuadra–, me puse a la tarea de contactar a expertos en sismos y rescatistas, y el primero que respondió fue Julio Fierro, director saliente del Servicio Geológico Colombiano.
A estas alturas, el continente americano ya había sufrido tres fuertes sismos en los primeros seis meses de este 2026: dos seguidos de 7.1 y 7.5 grados que devastaron a Venezuela el 24 de junio, y uno de 7.4 que sacudió a Chiapas, al sur de México, el 17 de julio. Por lo que mi primera pregunta fue la de saber si estaban aumentando el número y la frecuencia de temblores, y su respuesta fue un mensaje de calma.
“Son dinámicas completamente diferentes que corresponden a placas o a bordes de placas tectónicas completamente diferentes. Entonces no, no hay una relación entre unos hechos y otros. Es parte de una dinámica normal del planeta”, contestó Fierro, al igual que los otros científicos entrevistados.
Entonces surgió una nueva pregunta: si no se trata de un aumento inesperado de estas catástrofes naturales, ¿por qué causó tanta devastación este sismo?
Al 12 de agosto por la noche, las autoridades del gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella registraban un balance provisional de 265 fallecidos, 3 mil 494 heridos y 496 desaparecidos. Cali, Pereira, Manizales y Quibdó han sido las ciudades más afectadas. Lo que descubrí en el marco de mi investigación fue que en Colombia, donde interactúan tres placas tectónicas –la de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe– y se producen cientos de sismos de baja magnitud por mes, aún hace falta más cultura de prevención sísmica y vigilancia en la aplicación de las normas existentes, aunque sea un país muy preparado para atender emergencias de todo tipo.
Para cuando acabó la entrevista con Julio Fierro, el presidente Abelardo de la Espriella, recién posesionado el 7 de agosto, ya había declarado la situación de desastre nacional –a la que se sumaría luego una emergencia económica– para facilitar el desembolso de recursos para atender la crisis, en una reacción alabada por su velocidad. Además de desplazarse o despachar a sus ministros a las zonas más afectadas. Lo que aún no se sabía es que rechazaría la ayuda de gobiernos e instituciones que no están alineados con su postura política, como México, China o la propia ONU, aceptando el apoyo de sus aliados de Estados Unidos, Israel, Ecuador y Chile. Ni tampoco que la ruptura del empalme con el gobierno saliente del izquierdista Gustavo Petro –al que prometió hacer rendir cuentas– complicaría seriamente la coordinación de la atención del desastre.
Lejos de estas consideraciones políticas, en medio de un escenario en el que las primeras 72 horas son vitales para encontrar sobrevivientes, los veintitrés equipos USAR (Urban Search and Rescue) existentes en Colombia, especializados en rescates, comenzaban a remover junto con bomberos y voluntarios los escombros de los edificios derrumbados en el país. Según reporta la revista Cambio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo habla de 140 edificios colapsados, fallas estructurales en 179 centros de salud y averías en mil 819 centros educativos.
“[El temblor] nos cogió con los calzones abajo”
Situada a unos 250 kilómetros al sur del epicentro del sismo, Cali fue sin duda la mayor ciudad afectada por el terremoto. Entre sus 2.6 millones de habitantes –que la convierten en la tercera urbe del país– se encuentra Ferney Benavides, un músico de profesión y rescatista de animales que no dudó en ponerse a buscar sobrevivientes en cuanto pudo salir de su edificio. En su apartamento, la sacudida regó objetos por el suelo y tiró yeso en las escaleras. “El segundo piso estaba vuelto nada, saltando agua porque se rompieron tubos, saltando piedra en el piso… Y el edificio está ahí en veremos”, relata sobre el momento en que salió volando de allí junto con su padre.
Pero no fue nada en comparación con lo que vio afuera y filmó en un video que compartió durante la misma noche del incidente, en el que se pueden ver decenas de rescatistas profesionales y voluntarios arrumados en torno a la carcasa de un inmueble destrozado. “Yo sí me metí en todo el edificio a echar pica, pala, y a las 8 de la noche ya me fui porque supuestamente había toque de queda”, cuenta por llamada telefónica, antes de mencionar que también vio por segunda vez a un cadáver en su vida, luego del de su abuela: era el cuerpo de una mujer a la que le dedicó un rezo para que pudiera “partir en paz”.
A la pregunta de saber si Cali estaba preparada para enfrentar una tragedia de esta magnitud, Benavides no duda en contestar que “sinceramente creo que no, esto nos cogió con los calzones abajo”. Y a modo de ejemplo cita el espeluznante video de una mujer que quedó atrapada entre dos escaleras que colapsaron. “Allí es donde más se encontraron cuerpos”, en las escaleras, añade. “Falta prevención”.
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En Colombia, la norma de construcción antisísmica se ha actualizado cada vez que hay grandes terremotos, en 1983 y 1999, explica Julio Fierro, quien concede que hace falta ponerla nuevamente al día con el conocimiento que generan las doscientas estaciones de monitoreo del servicio geológico que dirige, activas las veinticuatro horas del día. De igual manera, admite que la existencia de una alarma sísmica pública habría podido mejorar “un poco la posibilidad de moverse con algunas decenas de segundos de antelación”, en este país en el que “hace casi cincuenta años no teníamos un sismo de una magnitud considerable”.
Pero el problema principal no reside en la norma, por demás “bastante robusta”, sino en su aplicación real, señala la ingeniera civil y doctora en sismología Gina Villalobos. Además de que la baja frecuencia de terremotos devastadores hace que las autoridades se vayan volviendo laxas con el tema, la corrupción que puede existir en la atribución de licencias para construcciones formales y el gran número de construcciones informales complican el panorama.
Acá “muchas personas construyen sus viviendas sin tomar en cuenta las normas sismorresistentes porque resulta más barato que contratar a un ingeniero y contratan a algún maestro de obra o albañil que les monte su casa”, agrega, sumado a que muchas viejas estructuras no son repotenciadas cuando cambian las normas simplemente por cuestiones de costos.
Ese diagnóstico es confirmado en persona por Freddy García, otro de los voluntarios que presta su conocimiento como ingeniero civil para revisar los daños de los inmuebles en Pereira, también en el oeste de Colombia. En la pausa del almuerzo, mientras pide una sopa llamada sancocho –literalmente hervido–, cuenta que “la afectación fue muy grande” y que “gran parte de las estructuras que se están revisando están para desalojar porque no son habitables”.
Además de las más antiguas, algunas edificaciones quedaron gravemente afectadas por “malos hábitos en el método constructivo”, señala. Luego de dos días de trabajo arduo, estima que a pesar de que hace falta más ayuda y un buen protocolo de evacuación, las entidades de socorro se han movido muy bien en medio de esta catástrofe para la que “nadie va a estar preparado”.
“El panorama es muy catastrófico”, confirma Ana María Medina, ingeniera civil de la alcaldía de Pereira, encargada de evaluar el daño y quien augura un difícil proceso de reconstrucción. “Por donde uno voltea hay edificios a punto de colapsar, edificios colapsados, comercios, residenciales, demasiadas personas que lo perdieron absolutamente todo”. Mientras todavía se evalúa la magnitud del daño, el servicio geológico estadounidense calcula que la reconstrucción podría llegar a costar hasta 7% del PIB de Colombia, estimado en 457 mil 410 millones de dólares en 2025.
La importancia de la educación sísmica
Desde Berlín, la ingeniera geóloga Luiraima Salazar indica que en Venezuela, donde tampoco ocurren tan seguido los temblores de gran magnitud, como en México o en Chile, hizo falta más prevención que habría podido ayudar, sino a anticipar el temblor del 24 de junio, al menos a mejorar la respuesta de la población.
Las normas sismorresistentes previenen el colapso de edificios para permitir que la gente tenga tiempo de salir de la edificación una vez que termine el movimiento sísmico. “Pero un punto sumamente importante es la educación, porque durante el movimiento fuerte o durante el momento más crítico del sismo, lo correcto es no correr inmediatamente por las escaleras, sino resguardarse hasta que el movimiento haya culminado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, agachándonos, nos sostenemos y luego nos cubrimos la cabeza, para evitar caídas, aglomeraciones o actitudes desesperadas que muchas veces nos exponen a accidentes”, detalla.
Aunque en Colombia no ha habido un reclamo tan fuerte como en Venezuela por la demora de las autoridades en intervenir, y más bien se alabó la respuesta rápida de los socorristas, los expertos entrevistados coinciden en que más simulacros y educación sobre qué hacer en caso de sismos también podrían ayudar a salvar vidas en este país montañoso, que está además expuesto a deslaves y derrumbes.
El doble rostro de Colombia
Mientras las autoridades retomaban el control en las grandes ciudades, relegando a los rescatistas voluntarios por seguridad, me percaté de que prácticamente ninguno de la decena de contactos a los que les escribí en el Chocó había contestado a los mensajes y llamadas que les envié. Sólo Leyner Palacio, líder de la comunidad de Bojayá, me contestó que al 11 de agosto, “el reporte es que la ayuda sólo ha comenzado a llegar a Quibdó”, la capital regional, dijo antes de caer nuevamente en el silencio.
Como lo mencionaron varios medios colombianos, el otro fenómeno que expuso el terremoto del 10 de agosto fue el abandono histórico de las zonas rurales y periféricas de Colombia, como el departamento del Chocó, epicentro de la tragedia, en cuya capital, Quibdó, se circula a pie o en motocicleta entre unas pocas calles pavimentales de edificios coloniales en el centro, y alrededor de las cuáles se multiplican los caminos de terracería y las casas de toldos y madera, del que aún se desconoce el saldo exacto de damnificados.
En esta región de mayoría negra e indígena, en la que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y los neoparamilitares del Clan del Golfo se disputan las rentas de la minería ilegal y las rutas de contrabando que recorren el continente americano, dejando confinadas por semanas enteras a las poblaciones locales, la Defensoría del Pueblo ya había acudido a finales de julio a San José del Palmar, epicentro del terremoto. Halló en este pueblo de unos 5 mil habitantes fallas en el acceso a la salud, a la justicia y en general a los derechos básicos que no extrañan a nadie en el departamento con el mayor índice de pobreza monetaria (65.3%) del país.
Por lo que en esta zona remota y de difícil acceso –a la que tuve que llegar volando en una avioneta privada en pandemia para entregar kits de testeo para el covid-19–, la ayuda para la reconstrucción prometida por el presidente De la Espriella tendrá sin duda que tener en cuenta el hecho de que el sismo se asentó sobre una catástrofe previa, que ningún gobierno ha sabido reparar y que el sismo desnudó. Mientras que en las grandes ciudades, una mayor prevención y aplicación de las normas antisísmicas podría ayudar a reducir el daño en un país de por sí preparado para atender grandes emergencias.
GSC/ASG
