Los activistas andan preocupados. No solo han detectado que la hospitalización de menores de edad por abusos en las escuelas ha aumentado significativamente, sino que hay un patrón preocupante al que han llamado “violencia sexual organizada”, el cual involucra a maestros, directivos, personal administrativo y cuidadores.
De acuerdo con la investigación de MILENIO, a pesar de que cada vez hay más cámaras de vigilancia y se han difundido protocolos oficiales para proteger a las infancias, los depredadores atacan a niñas, niños y adolescentes en salones sin visibilidad, bodegas abiertas, baños contiguos, patios y accesos sin control.
Como se sabe, antes se denunciaba menos este delito, pero ahora, el acceso a mayor información ha hecho que los estudiantes avisen a sus padres u otros familiares que han padecido algún tipo de acoso o abuso, lo cual ha incrementado las cifras registradas en los centros de salud, sobre todo por malestares emocionales, crisis de ansiedad o trastornos postraumáticos.
Las hospitalizaciones de menores de edad ocurridas dentro de escuelas en México aumentaron mil 62 por ciento, al pasar de 21 casos en 2010 a 244 en 2024, de acuerdo con información de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), con base en cifras oficiales de la Secretaría de Salud.
Tan solo en 2024 hubo 244 personas de entre uno y 17 años que fueron atendidas en hospitales del país por este tipo de agresiones: 81.6 por ciento eran mujeres y el restante 18 por ciento, hombres. Más de la mitad de las víctimas eran adolescentes entre 12 y 17 años, pero una quinta parte correspondía a niñas y niños de uno a cinco años.
Aunque entre 2023 y 2024 se registró una ligera disminución de 9 por ciento en los casos: de 268 pasó a 244; sin embargo, este último se colocó como el segundo año con más hospitalizaciones por violencia sexual escolar desde que existen registros, duplicando además el promedio anual observado entre 2010 y 2024.
Detrás de estas cifras, advierte Redim, hay un subregistro estructural que impide dimensionar la magnitud real del problema.
Director atentó contra alumna
En el Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos estatal emitió en 2025 una recomendación dirigida a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) tras comprobarse que el director de una telesecundaria abusó sexualmente de una alumna de tercer grado dentro de las instalaciones del plantel.
La supervisión escolar a cargo omitió actuar con diligencia frente al hecho, contraviniendo lineamientos destinados a proteger a las niñas, niños y adolescentes y vulnerando sus derechos a una educación libre de violencia.
En septiembre de 2025, la Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó la primera jornada nacional de concientización contra la violencia sexual y el maltrato infantil en las escuelas, tras una orden judicial derivada de un caso de abuso ocurrido en 2018 en un kínder en la Ciudad de México.
La iniciativa surge en un contexto donde, según datos de organismos internacionales, entre 80 y 96 por ciento de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes no se denuncia, y un tercio de esos delitos ocurre en entornos educativos debido a la ausencia de políticas preventivas efectivas.
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Violencia organizada dentro de las escuelas
Para Lucía Muedano, abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, los datos oficiales apenas muestran una parte del fenómeno. Desde su experiencia jurídica, los casos que llegan a su organización rara vez ocurren entre pares: “La mayoría involucra directamente a personal docente, administrativo o directivo, tanto en escuelas públicas como privadas”.
Uno de los episodios más graves ocurrió en 2018, en un jardín de niños público de la Ciudad de México, donde se acumularon 57 denuncias de violencia sexual. A partir de los testimonios de las víctimas, se estimó la participación de al menos 11 personas, lo que llevó a identificar un patrón de violencia sexual organizada dentro del plantel. En total, se presentaron 57 denuncias por este caso, de las cuales 18 recibieron sentencia, de acuerdo con la disculpa pública que o. Para Muedano, este tipo de asuntos desmonta la idea de hechos aislados y revela redes de encubrimiento institucional.
“Eso ya no es un hecho aislado, es violencia sexual organizada. Y eso no ocurre por casualidad: algo tuvo que pasar para que tantas personas terminaran en la misma escuela agrediendo a niñas y niños”, advierte.
La defensora recuerda que su oficina documentó su primer caso de violencia sexual escolar en 2011, pero fue hasta mayo del año pasado cuando la SEP emitió nuevos lineamientos federales para prevenir, identificar y actuar frente a este delito. Aun así, advierte que los protocolos llegaron tarde y que su aplicación sigue siendo desigual: de las 32 entidades del país, solo la Ciudad de México ha publicado un protocolo local, pese a que el plazo oficial venció hace meses.
Los datos de Redim muestran además que, tanto en niñas como en niños, las principales personas agresoras identificadas durante 2024 fueron aquellas que eran bien conocidas dentro del entorno escolar, como docentes, estudiantes u otro personal.
Aunque también en alrededor de uno de cada cinco casos, la víctima señaló haber sido agredida por una persona desconocida. Este indicador apunta también a deficiencias en el control de acceso a los planteles.
“A esta falla institucional se suma un patrón de vulnerabilidad temprana. Los agresores suelen elegir a niñas y niños pequeños, muchos de apenas tres o cuatro años, porque están en pleno desarrollo del lenguaje y tienen mayores dificultades para comunicar lo que viven. Esta condición facilita el abuso y prolonga el silencio”, alerta la abogada.
Entidades como el Estado de México, Ciudad de México y Chihuahua concentraron dos de cada cinco casos registrados en hospitales, una distribución que especialistas atribuyen más al acceso a servicios y al registro que a una menor incidencia en el resto del país.
Cifra negra por encubrimiento y no escuchar a las infancias
Para Lucía Muedano, las cifras oficiales sobre violencia sexual en escuelas deben leerse con cautela. Los 244 casos registrados en hospitales durante 2024 representan únicamente a quienes lograron acceder a servicios de salud y fueron clasificados bajo esta causa.
“Sabemos que hay muchísimos más que nunca se van a conocer”, advierte. Las razones son múltiples: falta de acceso a instituciones médicas, ausencia de cultura de denuncia, miedo de las víctimas y, sobre todo, prácticas sistemáticas de encubrimiento dentro de los propios planteles.
Aunque tres entidades concentran los mayores registros, la especialista subraya que esto no significa que ahí ocurra más violencia, sino que existe mayor capacidad para documentarla. En amplias zonas del país, explica, las agresiones quedan invisibilizadas porque no hay hospitales cercanos, fiscalías accesibles o personal capacitado para identificar estos delitos. “No podemos concentrar las acciones solo en esos estados [Estado de México, Ciudad de México y Chihuahua]. Las medidas deben aplicarse en toda la República”, señala.
La abogada insiste en que uno de los principales obstáculos ha sido permitir que las propias escuelas “investiguen” los casos. Antes de los lineamientos federales emitidos por la Secretaría de Educación Pública, era común que directivos pidieran a las familias no acudir al Ministerio Público, prometiendo resolver el problema internamente. Esto generó altos niveles de impunidad y permitió que los agresores permanecieran en funciones.
Aunque los nuevos lineamientos establecen que cualquier indicio de violencia sexual debe notificarse de inmediato a la fiscalía, su implementación es limitada. La falta de capacitación al personal educativo, la ausencia de supervisión y el retraso de los protocolos estatales mantienen un sistema vulnerable. Para Muedano, no basta con documentos: se requiere formación obligatoria para docentes y administrativos, seguimiento real y sanciones claras frente al encubrimiento.
El impacto en las víctimas es profundo. En 2024, más de la mitad presentó malestar emocional; otros desarrollaron ansiedad, estrés postraumático, depresión o trastornos del estado de ánimo. La especialista advierte que en niñas y niños pequeños estas afectaciones suelen manifestarse de formas indirectas: pérdida del control de esfínteres, miedo repentino, irritabilidad, rechazo a asistir a la escuela o cambios abruptos de conducta. “Son focos rojos que deben tomarse en serio”.
También identifica espacios escolares de alto riesgo: salones sin visibilidad, bodegas abiertas durante clases, baños contiguos al área del personal y accesos sin control.
Para la defensora, la prevención debe incluir educación sexual desde edades tempranas, información clara sobre el cuerpo y los límites personales, así como acompañamiento a madres, padres y personas cuidadoras. Pero, sobre todo, insiste en un cambio cultural: creerles a niñas, niños y adolescentes. “Son personas en desarrollo, no personas incapaces. Comunican distinto, pero comunican”.
Muedano concluye que el problema es estructural y rebasa al sistema educativo. Involucra a fiscalías, procuradurías de protección, autoridades escolares y familias. Concluye que “las infancias no son el futuro del país: son el presente. Tienen derecho a participar, a ser escuchadas y a vivir libres de violencia”.
Fact checking: JRH
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