De enero de 2015 a la fecha, más de 37 mil mujeres han sido asesinadas en México. De todos esos casos, solo uno de cada cuatro fue indagado por las fiscalías del país como un posible crimen por razón de género, es decir, como un potencial feminicidio. En algunos estados, ni el 10 por ciento de los asesinatos de mujeres fue tipificado como feminicidio.
La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum y la fiscal general, Ernestina Godoy, anunciaron la presentación de una iniciativa que será enviada al Congreso con la finalidad de expedir la primera Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio que, entre otras cosas, planteará la obligatoriedad de que toda muerte violenta de una mujer sea indagada como feminicidio.
Lo anterior, ya que, según se explicó, muchas muertes de mujeres no son indagadas con los protocolos que conllevan investigar desde el inicio un asesinato, en donde podrían estar presentes razones de género, lo que a la postre complica su reconocimiento y esclarecimiento. Ello, además de invisibilizar la dimensión real de la violencia de género.
En ese contexto, MILENIO revisó los datos oficiales disponibles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSO) que desde hace poco más de 11 años contabilizan a las víctimas de los homicidios y feminicidios.
Los resultados confirman el diagnóstico presidencial precedido de numerosos análisis de expertos: aunque el delito de feminicidio existe, la mayor parte de los asesinatos de mujeres no se indagan de esa forma.
Los registros de incidencia delictiva indican que de enero de 2015 a febrero de 2026 existe un registro total de 37 mil 128 mujeres asesinadas de las que tomó conocimiento algún Ministerio Público del país y se inició la carpeta de investigación o averiguación previa correspondiente.
En promedio, significa que, en este periodo, al menos 277 mujeres fueron asesinadas cada mes en el país o, dicho de otra forma, nueve asesinatos de mujeres por lo menos cada 24 horas.
Del total de mujeres asesinadas, las fiscalías del país clasificaron 9 mil 257 casos como potenciales feminicidios, lo que equivale a poco menos del 25 por ciento del total; mientras que el resto se encuentra relacionado con carpetas de investigación por homicidio doloso.
Esto significa que de cada cuatro casos de mujeres asesinadas, solo en uno las fiscalías consideraron que pudieron intervenir factores de género, una proporción que no es acorde con la experiencia y realidad según las propias autoridades y los especialistas.
Basta recordar que, por ejemplo, de acuerdo con datos de ONU Mujeres, más del 60 por ciento de las mujeres son asesinadas por un familiar o por alguien cercano, lo que bastaría para ser considerado un potencial feminicidio.
Guerrero, BC y Guanajuato, focos rojos
Este medio también hizo el mismo ejercicio de comparación, pero a nivel estatal. Esto permitió identificar notables diferencias en la proporción de casos de mujeres asesinadas que son tipificados como feminicidios. Las diferencias van desde entidades que sí tipifican más del 50 por ciento de los casos, hasta las que no reconocen ni el 10 por ciento de ellos de esa manera.
De entrada, hay 11 entidades federativas que, en el mismo periodo de 2015 a 2026, no tipificaron ni la cuarta parte de los asesinatos de mujeres como feminicidios. Todos ellos se encuentran por debajo del promedio nacional ya descrito.
El caso más extremo es el de Guanajuato, donde 224 de los 3 mil 494 asesinatos de mujeres en el periodo fueron tipificados como un delito de feminicidio, lo que equivale apenas a un 6.4 por ciento del total.
El dato es significativo porque, además, Guanajuato es la segunda entidad con más mujeres asesinadas en este periodo en total, solo detrás del Estado de México.
En Baja California, solo el 9.4 por ciento de las víctimas (259 de 2 mil 754) fue reconocido como feminicidio; mientras que en Guerrero la proporción fue similar, con un 9.6 por ciento de las mujeres asesinadas reconocidas investigadas como feminicidio (202 de 2 mil 111).
Las otras entidades que están por debajo del promedio nacional son Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Baja California Sur y Colima, donde los casos reconocidos como feminicidios se ubican entre un 10 y 15 por ciento; así como Tamaulipas, Quintana Roo y Jalisco, con un promedio superior al anterior, pero sin llegar al 25 por ciento.
Hay 16 estados en donde el porcentaje de reconocimiento de las víctimas se ubica entre el 26 y el 50 por ciento. Una cifra que, aunque mayor que la de otros estados, aún se encuentra por debajo del promedio identificado por ONU Mujeres sobre los casos de asesinatos de mujeres con circunstancias de violencia de género.
Solo hay tres entidades por encima de esa proporción en el país y en donde es mayor el número de casos que reconocen como feminicidios respecto a los que no. Destaca Sinaloa, donde, de las 631 mujeres asesinadas de 2015 a la fecha, 462 sí se encuentran reconocidas como delitos de feminicidio, lo que representa más del 73 por ciento de los casos.
Luego se ubican Yucatán y Campeche, donde poco más del 60 por ciento de los casos están tipificados como feminicidio. En todos estos estados, el impacto a nivel nacional se ve matizado, ya que dichas entidades se ubican entre las que menos casos de asesinatos de mujeres presentan.
La propuesta presidencial
De acuerdo con lo anunciado el 24 de marzo en la conferencia presidencial, uno de los aspectos clave que establecerá la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Selito de Feminicidio será la obligatoriedad de que todas las agencias del Ministerio Público del país indaguen los asesinatos violentos de mujeres como potenciales feminicidios.
Como se trataría de una ley general, en caso de ser aprobada, todas las entidades federativas estarían obligadas a ajustar sus códigos y normas locales para dar seguimiento a los puntos que se estipulen en la norma general.
Además, se adelantó que la eventual ley buscará homologar el catálogo de agravantes para que un asesinato de una mujer sea confirmado como un feminicidio y con ello eliminar la heterogeneidad existente en este tipo penal en distintos estados, la cual también abre la brecha a más o menos casos tipificados.
En dicha presentación, la fiscal Ernestina Godoy sostuvo que "se busca homologar los protocolos de investigación en todo el país para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada, desde el primer momento, bajo la hipótesis de feminicidio e incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso".
Agregó que este delito se investigará y perseguirá de oficio; la acción penal, la sanción y la reparación del daño serán imprescriptibles.
La abogada feminista y defensora de derechos humanos, Karla Michele Salas, quien ha litigado en la Corte Interamericana casos contra México por feminicidios de alto impacto como los de Campo Algodonero o el caso Digna Ochoa, advirtió que por sí solas las modificaciones legales, por más efectivas que sean, son insuficientes si no se acompañan de otro tipo de trabajo.
"El problema de fondo o estructura no pasa por el tipo penal o por agravar penas. Lo que tenemos es falta de preparación y capacitación, de servicios periciales independientes y eficientes.
"De fiscalías que hagan su trabajo e investiguen con auténtica perspectiva de género los casos. Mientras todo eso no se remedie, todo esfuerzo será insuficiente", concluyó Salas.
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ksh
