La masacre de Allende ha sido el hecho más mediático sobre la violencia vivida en Coahuila durante los primeros años de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, pero no fue algo aislado.
La desaparición y asesinato de personas fue más allá del 18 al 20 de marzo de 2011. Familiares de quienes fueron desaparecidos entre 2007 y 2012 dieron cuenta a MILENIO del poderío que Los Zetas tuvieron en la zona norte de Coahuila, además de las heridas que permanecen abiertas por la falta de justicia y reparación del daño.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre 2007 y 2012 (cuando el poderío de Los Zetas era evidente en la entidad) hubo mil 993 ausencias registradas en todo Coahuila. De esa cantidad, que es cuestionada por familias y colectivos de búsqueda, a Piedras Negras le corresponden 303 y a Allende 49.
Búsqueda sin respuestas
Yolanda Vargas González busca a su hija Brenda Zúñiga Vargas desde 2010. Es directa y asegura que no nada más en Allende ocurrieron hechos trágicos, pues también está el uso del penal de Piedras Negras para asesinar y desaparecer personas.
“Aquí en Piedras Negras también desaparecieron personas en ese tiempo y todavía no hemos encontrado a nadie, ni de aquí ni de la masacre de Allende. En su mayoría era pura gente joven desaparecida”.
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La deuda es enorme: por más memoriales y conmemoraciones que existan por parte de la autoridad, no hay nadie de los casos de larga data que haya regresado.
“Tenemos muchos asuntos de larga data y ningún avance. Siempre las autoridades nos dicen que están investigando, pero no vemos a nadie localizado”, insistió Yolanda.
Para la madre buscadora, no debe haber casos emblemáticos al hablar de desapariciones: “todos tienen la misma importancia para nosotros y seguimos buscándolos a todos. No, nada más en Allende pasaron cosas tan trágicas”.
Colectivos ante la ausencia del Estado
Yolanda encabeza el colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en Piedras Negras (Famun), que surgió por iniciativa de la buscadora Hortensia Rivas Rodríguez en 2013, tras años de inacción de las autoridades.
Famun tiene en su haber llevar casos de desaparición ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre ellos, el de Víctor Manuel Guajardo Rivas, quien fue desaparecido por elementos del entonces Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de Coahuila en julio de 2013, y por lo que el Gobierno de México ofreció una disculpa pública en 2020.
El colectivo, de momento, acompaña casos tanto de Piedras Negras como de Allende, Nava, Acuña y Monclova; además, trabaja en cinco ejes diversos: acceso a la justicia, búsqueda, educación, salud y alimentación, y verdad y memoria.
Las acciones consisten en acompañamiento legal, la búsqueda de las personas, visibilización de los casos y la gestión de apoyos para mejorar la calidad de vida de las familias víctimas de desaparición.
“Desgraciadamente las autoridades hacen como que nos ayudan, pero en realidad no. Hay una tarjeta que nos acaban de otorgar para recibir atención médica, pero vas a las clínicas y no la conocen”, dijo Yolanda Vargas.
El miedo que no se va
El temor en ciudades como Allende continúa a 15 años de la masacre que dejó una cantidad dudosa de muertos y desaparecidos, aunque oficialmente la autoridad reconoce 47.
Reyna Elizabeth Martínez Guerrero es coordinadora del colectivo Alas de Esperanza y busca a su esposo Mario César Jaramillo, quien fue desaparecido un mes antes de estos hechos en Sabinas, pero puede dar cuenta de cómo la violencia propiciada por grupos criminales generó desapariciones antes y después de marzo de 2011.
Ella vivía en Sabinas con su esposo y sus hijos a inicios de 2011, pero tras la desaparición de Mario César decidió irse a vivir a Allende, donde tenía familia y podían ayudarle a criar a sus niños de 2 y 8 años. Le tocó vivir los días de la masacre.
“Era algo totalmente nuevo para mí, algo desconocido. Sabíamos de la presencia de los grupos delictivos, pero el temor en ese momento se apoderó de nosotros. Me preguntaba: ¿Qué me espera a mí y a mis hijos?”, recuerda.
Para Reyna, estos hechos no fueron exclusivos de Allende y marcaron a todo un estado y al país entero.
“Sabemos que las autoridades aún tienen una deuda con nosotros, porque muchas de las personas desaparecidas aquí en Allende no han sido regresadas a sus casas”.
Alas de Esperanza es un colectivo que actualmente aglutina a 30 familias, tanto de Allende como de la Región de Los Cinco Manantiales, y sus integrantes continúan con la búsqueda de los suyos, además de recordarle a la autoridad que nunca debe volver a pasar un 18 de marzo de 2011.
“En la condición que sea, si es en vida, que es lo que todos quisiéramos, qué bueno, pero si no, mínimo que las familias tengan a sus seres queridos cerca, un lugar donde tengan un entierro digno”, expresó Reyna sobre la exigencia de que las autoridades de los tres órdenes deben dar respuesta al paradero de los suyos.
Indicó que hasta hoy todavía hay muchas dudas de lo que pasó en 2011 en Allende y los municipios vecinos, pues aunque existe una serie como "Somos", que fue lanzada en Netflix y aborda la masacre, no es suficiente.
“Aunque las autoridades manejan una cifra, sabemos que no es la correcta y todavía algunas personas no hacen una denuncia sobre la desaparición de sus familiares. Hay temor aún”.
Reyna Elizabeth toma como una buena noticia que en Estados Unidos esté siendo juzgado Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, por los hechos ocurridos tanto en Allende como en Piedras Negras, pero lamentó que en México no haya avances al respecto.
“En lo personal creo que es algo digno de celebrar que estas personas puedan ser enjuiciadas por los hechos ocurridos aquí en esta ciudad, ya que aquí en México nunca se les fincaron cargos”.
Sin claridad sobre el número de víctimas
Pese a que la llamada “guerra contra el narcotráfico” está por cumplir dos décadas y la masacre de Allende llegó a 15 años hace unos días, Coahuila desconoce a ciencia cierta el balance de víctimas de los hechos atroces ocurridos tanto en la Región Norte como en la de Los Cinco Manantiales.
En 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10 VG/2018, con 37 puntos que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno debían cumplir por la masacre de Allende.
Entre los puntos principales está la elaboración de un censo que confirme el número de habitantes del municipio de Allende que fueron víctimas de desplazamiento forzado por los hechos ocurridos entre el 18 y el 20 de marzo de 2011. A la fecha, el gobierno estatal apenas comenzó con esa tarea y no tiene fecha para concluirla.
“En realidad no es tanto por el censo de víctimas; el trabajo que se está haciendo ahora mismo es apuntalar esfuerzos más bien para generar un diagnóstico sobre desplazamiento (tanto interno como internacional)”, dijo Ricardo Martínez Loyola, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) de Coahuila.
Sobre otros puntos clave de la recomendación, como la reparación del daño a las víctimas de la masacre, el funcionario argumentó que es competencia de la Federación y no de la entidad.
“Hay un proceso entre la Comisión Estatal y Nacional; lo que se está definiendo más bien son cuestiones de competencia. Recordemos que la reparación integral no se resume en el pago de una indemnización o de una compensación”.
Cuestionado sobre el número de víctimas de la masacre de Allende, Martínez Loyola dijo que es complejo determinarlo todavía, debido a que no se trata únicamente de lo ocurrido del 18 al 20 de marzo de 2011 en Allende, sino también de hechos en la Región de Los Cinco Manantiales y en la Región Norte durante días previos y posteriores, con la desaparición de múltiples personas.
“Normalmente hablamos del 18, 19 y 20 de marzo de 2011, pero se extendió en una temporalidad mayor hacia adelante; es decir, tenemos registros de personas que son víctimas relacionadas a este caso hasta 2012, pero también tenemos víctimas días previos a los hechos”.
Martínez Loyola no dio una cifra, pero MILENIO tuvo acceso, vía solicitud a la Plataforma Nacional de Transparencia, a que la CEAV tiene registradas mil 57 víctimas directas de desaparición y mil 993 indirectas en toda la entidad.
Sin embargo, en el desglose por municipio llama la atención el elevado número que tienen Allende y Piedras Negras en comparación con su población, que no rebasa los 25 mil y 200 mil habitantes, respectivamente.
Allende, por sí solo, registra 49 víctimas directas de desaparición y 166 indirectas, es decir, familiares o personas cercanas a quienes sufrieron este delito. Piedras Negras, por su lado, tiene 203 víctimas directas de desaparición y 532 indirectas.
El tiempo corre, pero la falta de justicia por las desapariciones continúa, al igual que la deuda con las cientos de familias afectadas por la ausencia de sus seres queridos.
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