Organizaciones de la sociedad civil señalaron que el Paquete Económico 2026 representa “un retroceso” en las políticas de control del tabaco, al contradecir el decreto presidencial del sexenio pasado que prohibió la importación, exportación, distribución y venta de cigarros electrónicos, tabaco calentado y bolsas de nicotina.
“Lo que está ocurriendo es una regresión al incorporarlos en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como productos sujetos de impuestos, implícitamente se está legalizando su venta”, señalóErick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, quien adelantó que fijarán postura esta semana y están dispuestos a interponer diversos amparos en caso de que no se modifique la propuesta.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en enero de 2025 fue impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador desde febrero de 2024, con el objetivo de cerrar cualquier resquicio legal a los dispositivos emergentes de nicotina. La iniciativa incluyó el concepto de 'sistemas análogos' para abarcar bolsas de nicotina, tabaco calentado y vapeadores.
“México se sumaba a los países que cerraban la entrada a esta nueva generación de dispositivos”, recordó Ochoa.
El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda presentó la reforma al IEPS que propone gravar estos productos con base en una equivalencia de 0.8 gramos de nicotina, considerada como el contenido de un cigarro convencional. “En la ley del IEPS se incluye la posibilidad de cobrar impuestos haciendo una equivalencia al contenido que pueda tener una bolsa de nicotina u otros productos de nicotina. Al reconocerlos como gravables, ya los estás legitimando. Y si son sujetos de tributación, también lo son de comercialización”, explicó el director de Salud Justa.
Para Ochoa, la medida rompe con la lógica de protección a la salud pública. “Lo que vemos ahora en la reforma al IEPS es que se definen estos productos con criterios tributarios y no con criterios sanitarios”.
Regresión en control de tabaco
La organización también cuestionó que la reforma a la Ley General de Salud modifique el artículo 226 bis, que establecía la prohibición de grasas trans. “Al mismo tiempo que se abre el campo a productos de nicotina, se quita una disposición que era un candado sanitario. Es una regresión”, advirtió Ochoa.
El impacto, señaló, no será solo nacional, “actualmente estamos en el segundo grupo de países con cuatro de seis políticas del paquete MPOWER de la OMS al máximo nivel de cumplimiento. Pero si se autoriza la venta de nicotina calentada o sintética, cuando la OMS publique su próximo informe regional en 2026, México ya no aparecerá entre los países de mayor cumplimiento”.
El especialista también criticó la postura de la Secretaría de Salud. “Se ha hecho de lado porque argumenta que esta es una discusión de Hacienda. Pero cuando la Ley General de Salud se reforma de manera restrictiva en vapeadores y se abre campo para otros productos, la protección sanitaria queda subordinada a la política fiscal”.
Ochoa afirmó que existe una influencia directa de la industria tabacalera en la agenda económica. “Hay un subsecretario de Economía cuya esposa (Safi Samour), cabildera de la industria del tabaco, ha sido una de las principales operadoras de las tabacaleras durante más de una década. Esto explica, en parte, la comodidad con la que la industria ha recibido la propuesta”.
El riesgo para la juventud es otro de los ejes de preocupación. En México ya circulan bolsas de nicotina de hasta ocho miligramos, pero en otros mercados existen de hasta treinta. “La nicotina, por sí misma, puede generar envenenamiento en menores de edad. Si un niño agarra una bolsa y se pone a jugar, se puede intoxicar. No es un tema menor”, alertó.
Avances y retrocesos
La trayectoria del control del tabaco en México muestra avances y retrocesos. La Ley General para el Control del Tabaco se aprobó en 2008, el reglamento en 2009 y en 2010 se introdujeron pictogramas que ocupaban el 30 por ciento de la cajetilla.
Ese mismo año se aprobó un incremento de 35 centavos por cigarro que se aplicó en 2011, pero no hubo actualizaciones durante siete años. En 2019 se indexó el impuesto a la inflación, elevándolo a 49 centavos por cigarro, nivel que se mantiene hasta hoy.
En 2021 se prohibió la publicidad, promoción y patrocinio en todas sus modalidades, y en 2022 se publicó un reglamento que reforzó los espacios 100 % libres de humo y prohibió la exhibición de cajetillas en puntos de venta.
“La exhibición directa e indirecta de cigarros en tiendas es ilegal”, enfatizó Ochoa.
En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que en las áreas para fumadores no podían servirse alimentos ni bebidas.
En 2024 se presentó la iniciativa que derivó en el decreto de 2025, con el cual se prohibió definitivamente la comercialización de cigarros electrónicos, bolsas de nicotina, tabaco calentado y sistemas análogos.
Hoy ese andamiaje corre riesgo de diluirse. “Un decreto tiene menos peso jurídico que una reforma legal avalada por el Legislativo. Con ello, se daría marcha atrás a una política que fue celebrada por la comunidad internacional”, afirmó Ochoa.
El panorama resulta aún más paradójico porque apenas en junio pasado México recibió un reconocimiento de Bloomberg Philanthropies por sus avances en la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de tabaco y por el fortalecimiento de espacios libres de humo.
“Lo paradójico es que después de haber sido reconocidos a nivel mundial por nuestras políticas, ahora se esté planteando abrir la puerta a la industria del tabaco con nuevas modalidades de consumo”, agregó.
Por ello, adelantó que recurrirán a tribunales. “Hay una gran cancha para hacer litigio estratégico. No vamos a permitir que se entregue a la industria lo que costó décadas de trabajo social y político. Vamos a defender en tribunales cada uno de los avances logrados en control del tabaco”, aseveró.
IYC
