La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato solicitó la reparación integral del daño, a los familiares de dos de los cinco trabajadores de Sapal que murieron intoxicados en el módulo de desbaste para el tratamiento de aguas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, hace un año.
Después de acreditarse que los derechos humanos de los trabajadores fueron violados al no proporcionar a los mismos de capacitaciones, ni equipamiento, fue notificado a Jorge Hernández, presidente del Consejo Sapal, instruir la reparación integral del daño a la esposa de una de las víctimas, así como a la pareja e hija de otro de los trabajadores que desafortunadamente perdió la vida.
Además de ofrecer y otorgar atención médica, psicosocial a la familia se le solicitó hacer efectivo el seguro de vida de las personas que fallecieron, además de cumplir de manera íntegra con las resoluciones en cuanto a indemnizaciones como forma de reparación del daño a las familias.
Las esposas de dos de los cinco trabajadores, denunciaron la falta de condiciones dignas en el entorno laboral, a lo que se sumó la falta de apoyo a familiares, por lo que se ha determinado por parte de la procuraduría de Derechos humanos del estado de Guanajuato el apoyo a las familias.
Por su parte a la encargada de la Contraloría Municipal de León, Viridiana Margarita Márquez Moreno, la Procuraduría citó que “se continúe con el procedimiento de responsabilidad administrativa y sus acumulados, conforme a lo expuesto y fundado en la presente resolución, lo anterior con el objeto de determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. Además, se deberá notificar a la PRODHEG, la resolución que recaiga al expediente principal y acumulados”.
Por su parte la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez señaló que será la próxima semana cuando se reúna con el consejo de SAPAL, así mismo señaló que la tarde del miércoles se reunió con familiares en donde les reiteró el apoyo.
“Hay peritajes, hay un proceso judicial que se está llevando y yo creo que en el momento en que termine, en supuesto de que fuera así, pues se tiene que sancionar, en el supuesto de que fuera así yo tengo que esperar a que resuelva el Poder Judicial para poder tomar acciones pertinentes, pero insisto, nunca he sido tapadera de nadie y siempre me ha gustado que se aplique la ley, sea quien sea”, refirió la alcaldesa.
En el documento se establece que las autoridades deberán informar a la Prodheg si aceptan o no las recomendaciones en un plazo de cinco días hábiles posteriores a su notificación; y en su caso, dentro de los 15 días naturales posteriores aporte las pruebas que acrediten su cumplimiento.
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