Entre 1974 y 1981, un grupo de militares del Ejército mexicano detuvieron arbitrariamente a personas opositoras al régimen que provenían de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Nuevo León, Chihuahua y el Distrito Federal. Cuando los detenidos no aceptaron una amnistía, fueron trasladados a la Base Militar No. 7 de Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero. En ese sitio, fueron atados y vendados. Los condujeron a un banquillo de fierro, y los sentaron. Les dijeron que les tomarían una fotografía. Pero, en realidad, los ejecutaron con un disparo en la nuca.
Para hacerlo, usaron una pistola calibre 380 con un silenciador adaptado. Colocaron una bolsa de nailon sobre sus cabezas y la ataron por el cuello, para evitar rastros de sangre. Metieron los cadáveres junto con piedras en costales de yute, y los cosieron.
Más tarde fueron transportados en una carretilla hasta el avión Arava matrícula 2004, después 2005, propiedad de las fuerzas militares. La aeronave se dirigió a un lugar conocido como la Costa de Oaxaca. Ahí, arrojaron los cuerpos al mar. De esta manera, militares ejecutaron y desaparecieron a más de mil 500 personas. Así lo confesó Gustavo Tarín Chávez, un ex militar, como se refiere en el informe final de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad).
Tarín Chávez, miembro durante la década de los 70 del grupo de información de inteligencia de la Policía Militar, dirigido por el general Francisco Quirós Hermosillo, fue arrestado en 1999 por el FBI; era perseguido por nexos con el narcotráfico. Durante sus declaraciones, relató cómo miembros del Ejército desaparecieron a civiles, arrojando sus cadáveres al mar. Señaló que estuvo, en un principio, bajo las órdenes del capitán Javier Barquín Alonso y, posteriormente, del general Mario Acosta Chaparro.
Estos últimos y otros miembros de las fuerzas militares —expresó— ejecutaban a las víctimas siempre con la misma pistola, por ello, la nombraron La espada justiciera. De acuerdo con el informe de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 (Covehj), la declaración de Gustavo Tarín Chávez fue la primera en la que un ex militar habló de los vuelos de la muerte, aunque sobrevivientes y familiares de víctimas ya habían denunciado públicamente esta práctica desde varios años antes.
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En noviembre del año 2000, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (Afadem) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro. Esta instancia turnó el caso a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), al considerarse incompetente para resolver acusaciones relacionadas con el fuero de elementos del Ejército.
Así comenzó una investigación previa contra estos generales y el capitán Javier Barquín Alonso, por delitos de lesa humanidad durante la denominada Guerra Sucia, cuyo epicentro fue Guerrero. En el transcurso, surgieron declaraciones de otros ex militares que hablaron de los vuelos de la muerte, los cuales también constan en el informe final de la Comverdad.
Uno de los testimonios fue el de Margarito Monroy Candia, mecánico de aviones de las fuerzas del Ejército, quien testificó que estuvo en Guerrero entre 1974 y 1975 y que formó parte de una comisión en la que se utilizó el avión Arava matrícula 2005. Su trabajo era transportar civiles que fuerzas militares detuvieron y mataron, para luego tirarlos al mar. Las víctimas —confesó—
en algunas ocasiones todavía estaban con vida, agonizantes. Apuntó que en cada viaje de la aeronave se transportaron entre cuatro y ocho personas y que en su comisión fueron trasladados de 120 a 150 cadáveres. El ex militar también destacó la participación directa de Quirós y Acosta durante las ejecuciones.
Durante el desarrollo de la investigación se recopiló información de que Barquín Alonso, Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro estaban involucrados en la desaparición de 143 personas que presuntamente fueron arrojadas al mar. Sin embargo, estos impugnaron las acusaciones en su contra, al alegar inconsistencias en la lista, pues ocho de esas personas no habían fallecido por hechos de violencia en la década de los setenta. Como resultado, fueron absueltos en 2004.
Sobre estos hechos, la Covehj, en su reporte, postuló la hipótesis de que "el personal militar encargado de llevar a cabo la investigación construyó la lista de las 143 víctimas por medio de una revisión muy somera del contenido de los informes emitidos por la CNDH, en la que solo corroboró la coincidencia de los nombres y no puso atención al seguimiento y situación de cada caso".
En 2002, al mismo tiempo que ocurría la averiguación previa por delitos de lesa humanidad, Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo fueron condenados por vínculos con el narcotráfico, específicamente el Cártel de Juárez, aunque fueron anulados los cargos en 2005. Tres años después, en 2008, Acosta Chaparro se retiró con honores. Fue asesinado a tiros en el 2012, en la Ciudad de México. En tanto que Quirós Hermosillo murió de cáncer en 2006. Por su parte, Barquín Alonso falleció en una cárcel militar en 2005. Ninguno de los tres fue condenado por delitos relacionados con desapariciones forzadas.
La Lista Apresa, nueva evidencia de 'los vuelos de la muerte'
Jesús Piedra Ibarra fue detenido y desaparecido en Monterrey por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), en 1975. Su madre, Rosario Ibarra de Piedra, inició su búsqueda, la cual la llevó a fundar, junto con otros familiares de personas desaparecidas por el Estado, el Comité ¡Eureka! La organización, existente hasta hoy, tiene la labor de llegar a la verdad y exigir la presentación de los desaparecidos y presos políticos, con la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
A pesar de su incansable lucha y esfuerzo, Rosario Ibarra de Piedra nunca conoció el paradero de su hijo. Falleció el 19 de abril de 2022 en Monterrey, a los 95 años.
Los archivos que tenía en su poder sobre desapariciones forzadas fueron digitalizados por el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Fue así que se encontró una carta que le envió, en mayo de 2004, una persona que se identificó como Benjamín Apresa, la cual arrojó nueva evidencia de los vuelos de la muerte.
La misiva se dio a conocer en agosto de 2024, por los medios independientes Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos. Actualmente se desconoce si Rosario Ibarra de Piedra no supo de la existencia de la carta o, por el contrario, la leyó, pero rechazó su contenido.
En el documento, el remitente afirmó que fue comisionado en 1974 a la Base Militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero, y que siguió las órdenes del capitán Javier Barquín. También confesó que el un grupo de militares desapareció a guerrilleros, arrojando sus cadáveres al mar. Incluso —mencionó— Barquín lo amenazó de muerte para evitar que hablara de lo que presenció.
“En ese entonces me percaté de la forma en que desaparecían los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran metidos en el avión Arava 2003 para arrojarlos en el mar”, dijo el presunto ex militar.
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La carta venía acompañada con una relación de 25 vuelos, con nombres de 183 personas que fueron detenidas y desaparecidas entre 1972 y 1974. Es el primer documento que dio a conocer identidades de personas que presuntamente fueron desaparecidas mediante los vuelos de la muerte.
"Tengo en mi poder una relación de vuelos efectuados que creo le servirán de mucha ayuda para que se investigue directamente a Javier Barquín ya que fue el autor material de estos crímenes", escribió el remitente.
Los medios Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos también conformaron un equipo interdisciplinario —conformado por Camilo Vicente Ovalle, Lucero San Vicente Juambelz, Marcela Turati Muñoz y Javier Yankelevich Winocur—, el cual realizó una investigación acerca de esta carta, que se denominó La Lista Apresa, en la que se evaluó su autenticidad y el contexto en que fue entregada, y se cotejó el listado de traslados que contiene con documentos previos relacionados con las desapariciones.
Las conclusiones a las que llegó la investigación fueron las siguientes:
- La Lista Apresa es una fotocopia de un documento auténtico, pues sus características se asemejan con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de ese época. De igual forma, el grueso de la información de la lista coincide con archivos y testimonios previos.
La Sedena conservó registros que pueden llevar a conocer el paradero de las personas desaparecidas, puesto que los datos de la lista son demasiado amplios. Es improbable que el remitente los haya memorizado; debió tener acceso a otros documentos que den cuenta del destino de las víctimas, los cuales fueron destruidos o no han sido entregados.
- Las personas mencionadas en la lista probablemente fueron arrojadas al mar, ya que la mayoría fueron detenidas por fuerzas militares, y su rastro se pierde en instalaciones del Ejército.
- Otras víctimas de desaparición forzada por el Estado pudieron tener el mismo destino, pues, aunque la lista muestra registros hasta el año 1974, testimonios de personal de la Fuerza Aérea indican que la operación continuó por más tiempo.
- La lista es una evidencia de delitos de lesa humanidad, que contribuye a demostrar que la desaparición forzada fue cometida por el Estado mexicano de forma sistemática contra la población civil.
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La necesidad de exigir verdad y justicia prevalece
Si bien se concluyó que las personas mencionadas posiblemente fueron arrojadas al mar, Camilo Vicente Ovalle, doctor en Historia y miembro de la investigación sobre la Lista Apresa, señaló, en entrevista para MILENIO, que esto no significa que el proceso de búsqueda de verdad y de justicia sobre estos crímenes haya llegado a su fin.
"En términos estrictamente jurídicos, la desaparición forzada de personas es un crimen continuado, que se sigue cometiendo en tanto no ocurran tres cosas: uno, encontrar a la persona que fue desaparecida con vida o sin vida; dos, que las personas e instituciones que hayan participado en la comisión de la desaparición forzada sean llevadas ante la justicia y procesadas por el crimen; y tres, hasta que no se conozca la verdad sobre lo ocurrido, dónde fueron detenidas y desaparecidas, dónde las tuvieron recluidas, cuál fue, en caso de no encontrarlas con vida o no encontrar sus cuerpos, su último destino. Ninguna de estas tres condiciones se ha cumplido hasta hoy; entonces, no hay un cierre", detalló.
En ese sentido, el propósito del equipo interdisciplinario es que los familiares estén informados y que tanto los hallazgos como la lista formen parte de las averiguaciones previas de estos crímenes, para que se esclarezcan las circunstancias en que las víctimas fueron desaparecidas, como destacó Lucero San Vicente Juambelz, maestra en Historia y también miembro de la investigación.
"Desde el inicio, nuestro primer objetivo era que la investigación que hiciéramos fuera mostrada a las familias, que son las que han llevado el proceso de búsqueda. Uno de los detonantes del inicio de la investigación fue que una de las familiares de Gabriel Nario, quien aparece en la lista, se acercó a Marcela Turati, y le preguntó: ¿qué significa que mi familiar esté aquí?"
"Muchas personas nos decían: nosotros sabemos que esto sucedió, pero ¿qué podemos hacer con esto? Y justamente nuestra intención es que la investigación y la lista en sí se puedan integrar a las carpetas de averiguación, para que esta hipótesis esté en las líneas de investigación de los Ministerios Públicos que actualmente llevan estos casos", dijo.
Así, el análisis alrededor de la carta enviada a Rosario Ibarra de Piedra en 2004 es de suma importancia para los familiares de las personas desaparecidas por el Estado que figuran en la Lista Apresa, pues significa la posibilidad de que se reabran investigaciones que ya fueron cerradas, ante la presencia de nueva evidencia.
"Es importante mencionar que, desde 2006 que cierra la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que creó el gobierno de Vicente Fox, todas las investigaciones que se habían abierto, particularmente en temas de desaparición forzada, quedaron paradas y fueron transferidas a otra área de la entonces Procuraduría General. Algunas que fueron heredadas por esta Fiscalía Especial ya fueron cerradas en no ejercicio de la acción penal por parte de la entonces Procuraduría, pero todavía subsisten alrededor de 200 averiguaciones previas que desde el año pasado la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía de Derechos Humanos, comenzó a reactivar", apuntó Vicente Ovalle.
"Entonces, toda información o evidencia que pueda contribuir a estas investigaciones resulta relevante para las familias, particularmente para quienes tienen las averiguaciones previas abiertas o, incluso, por ejemplo, para que a quienes se les declaró el no ejercicio de la acción penal puedan solicitar la reapertura de las investigaciones, porque hay nueva evidencia", agregó.
El historiador señaló que la Fiscalía no ha judicializado algunas averiguaciones previas relacionadas con desapariciones forzadas.
"Hay averiguaciones previas que tienen ya muchísima investigación, que la Fiscalía tendría ya que judicializar, es decir, llevar ante un juez para que comience el proceso propiamente judicial, en los juzgados, y que, evidentemente, se llame a los probables responsables que aún viven".
Asimismo, Ovalle expresó que no se ha condenado a ningún miembro del Ejército por la práctica de los vuelos de la muerte, ya que la investigación en contra de los ex militares Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Barquín Alonso "fue lo más cercano que pudo haber existido a un juicio respecto a este tema, y fuera de eso no ha habido absolutamente nada más".
Por otra parte, los investigadores remarcaron la importancia de que las conclusiones y hallazgos acerca de la lista sean difundidos no solo entre familiares de las víctimas, sino también entre la demás población.
"Muchas veces, estos crímenes se ven como un periodo pasado de violencia, pero, en realidad, es necesario regresar; hasta que no haya justicia, es una violencia que sigue presente. Entonces, es importante que las personas sepan que eso existió y que todavía hay averiguaciones previas y algunas carpetas que siguen abiertas y que se siguen investigando", refirió Lucero San Vicente.
"Algo que pasa con estos casos es que les juega mucho el tiempo en contra, porque muchos de los que fueron testigos, sobrevivientes y perpetradores ya están muriendo, por lo que es un momento límite para, en ese sentido, tener testimonios que den cuenta de lo que sucedió. Por ello, en un primer punto, (la investigación) es importante para difundir y también, si hay personas que conocen a alguien que puede decir algo al respecto, que esa ventana esté abierta", dijo.
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Vicente Ovalle añadió que el hecho de que se hable de crímenes de Estado en la investigación es otra de las razones para que sea conocida por el resto de la población, pues de otro modo sería mostrar indiferencia ante pasados gobiernos criminales.
"El hecho de que estos crímenes hayan sido cometidos por las instituciones del Estado les da otro tipo de relevancia, no en términos del dolor; perder a alguien siempre es doloroso, pero el hecho de que hayan sido las instituciones que se supone que están diseñadas o pensadas, al menos teóricamente, para resguardo y protección de la sociedad las que planificaron, estructuraron e implementaron estas prácticas ya nos obliga a mantener las demandas de verdad y de justicia.
"El que una serie de gobiernos, instituciones y, evidentemente, un conjunto de funcionarios no hayan sido juzgados por los crímenes que se cometieron; el grado de impunidad que eso significa es totalmente devastador para cualquier sociedad, porque el mensaje es que cualquier gobierno puede volver a cometer estos crímenes, pues no hay ninguna posibilidad de castigo ni en el momento en que ocurren ni en el futuro. Por eso, es importante que, entre otras cosas, el conjunto de la sociedad conozca estos hechos y exija justicia, de otra forma estaremos siendo permisivos con gobiernos que fueron criminales, y eso es un nivel muy problemático", enfatizó.
Finalmente, Ovalle recordó que los hallazgos sobre la Lista Apresa forman parte de una primera fase de investigación, puesto que todavía "hay huecos explicativos" que se deben esclarecer, los cuales "existen porque esa información sigue estando en poder de las instituciones que organizaron e implementaron estos crímenes de Estado".
Por su parte, Lucero San Vicente señaló que está disponible un sitio web interactivo en el que se pueden encontrar datos sobre la Lista Apresa y las fuentes que se usaron para analizarla, ya que es importante que se pueda ir cruzando información, como ya se ha hecho, para llegar a esclarecer los hechos.
Medio siglo tras lo ocurrido, el Ejército mexicano no se ha responsabilizado por las desapariciones forzadas mediante los vuelos de la muerte; tampoco hay una cifra oficial sobre el número de víctimas de esta práctica, y ningún ex militar ha sido condenado por desapariciones forzadas durante la denominada Guerra Sucia. La verdad no ha llegado, los familiares y sobrevivientes de estos crímenes de Estado continúan exigiendo justicia.
Puedes consultar el sitio web interactivo sobre la Lista Apresa en este LINK.
IYC
