En comisiones legislativas se aprobaron reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal de la entidad para sancionar la violencia ácida contra mujeres, niñas y adolescentes como una forma agravada del delito de lesiones, con una penalidad de hasta 20 años de prisión cuando cause desfiguración permanente o la pérdida de un órgano.
El dictamen también prevé aumentar la pena hasta en una mitad cuando la persona agresora se aproveche de una relación de parentesco, afectiva, laboral o de confianza con la víctima, con lo cual la sanción llega a 30 años y con otras agravantes hasta 36 años, con el fin de reducir estos casos, pues por el daño las víctimas deben someterse a muchas operaciones para mantenerse con vida.
Actualmente, el delito de lesiones, con la agravante de uso de sustancias ácidas, se castiga con penas de cinco a diez años y de 100 a 200 día de multa.
Este acuerdo se logró a partir de cuatro iniciativas de ley presentadas por la diputada Zaira Cedillo, Nelly Rivera, otra más por el grupo parlamentario del PRD y por la Fundación Carmen Sánchez, aunque esta última no quedó satisfecha porque no se consideró la esencia de su propuesta, que era tipificar al delito de manera autónoma y garantizar apoyo para las víctimas.
???? Avanzan reformas para incrementar sanciones por violencia ácida
— Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) September 29, 2026
•En comisiones unidas del #CongresoEdomex se avalaron reformas que permitirían alcanzar sanciones de hasta 36 años de prisión para quien cometa el delito de violencia ácida o química contra mujeres.
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Activista, en desacuerdo con propuesta por violencia ácida
Carmen Sánchez, quien fue lesionada por un ataque de ácido y sometida hasta el momento a 60 operaciones para tratar de reconstruir el rostro, brazo y parte del torso, consideró que el avance es mínimo, al seguir considerando esta conducta como una agravante del delito de lesiones, cuando pudo haberse tipificado aparte, por lo que revisará a detalle el documento final para ver todo lo que faltó, a juicio de las víctimas.
Insistió en la importancia de garantizar a las mujeres afectadas atención médica, lo cual debió quedar asentado en la Ley de Víctimas sin que se hicieran ajustes a esa norma, sobre todo porque se trata de cirugías muy costosas, por las cuales deben ser incapacitadas por meses, y hasta el momento todo lo cubren con sus recursos o el de asociaciones de apoyo, pero no por el gobierno.
“La iniciativa que presentamos no nació del escritorio, sino de experiencias dolorosas de quienes hemos vivido esto. Buscamos que se atienda a quienes sufrimos la falta de justicia y atención médica, terapia psicológica, tratamientos dermatológicos, cirugía reconstructiva; son medicamentos costosos que no están dentro de nuestro presupuesto”, dijo.
Advirtió que seguirá luchando hasta que logren proteger a las mujeres y la norma realmente las apoye en todo lo que necesitan.
La revisión que hará del dictamen se debe a que sólo fue invitada a los trabajos de las comisiones y ahí le informaron del dictamen, el cual —apuntó— no conoce a detalle, por lo cual todavía no puede dar detalles de las observaciones que hace la fundación.
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