Autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) advirtieron que la reforma legal en materia de corrupción que se prepara en el Congreso de la Unión debe incluir la tipificación de la “sextorsión” o “corrupción sexual”, conducta ante la cual las mujeres son más vulnerables, pero que actualmente es complicado sancionar y no tiene estadísticas formales.
Luz Mijangos, fiscal anticorrupción; Natalia Téllez, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), y Vania Pérez, presidenta del SNA, se pronunciaron por incluir ese tipo de agravios en el nuevo catálogo de delitos de corrupción y la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) que se propondrán en el Senado de la República.
¿qué es la sextorsión?De acuerdo con Transparencia Internacional, la sextorsión es “una de las formas más significativas de corrupción basadas en el género”, pues en ella se obliga a las personas “a realizar favores sexuales a cambio de obtener servicios públicos, como aquellos relacionados con la salud y la educación”.
Para la Asociación Internacional de Juezas, la sextorsión es una forma de corrupción en la que el sexo, en lugar del dinero, es la divisa para el soborno.
“No está limitado a ciertos países o sectores, pero puede encontrarse dondequiera que haya personas con poder y falta de integridad que intentan explotar sexualmente a aquellas o aquellos quienes son vulnerables y dependen de su poder”, añadió dicha asociación.
También acotó que el componente sexual de la conducta no implica, en estricto sentido, relaciones sexuales “sino actos de índole sexual como la exposición de partes íntimas o posar para fotos de naturaleza erótica”.
El Barómetro Global de la Corrupción del 2019, que elabora Transparencia Internacional, el primero en el que se incluyó una medición estadística sobre la sextorsión y que hasta ahora es el estudio más reciente, reveló que “las mujeres son más propensas a pagar sobornos por ese tipo de servicios”.
Aunque no existe estadísticas por parte de autoridades mexicanas, el documento de Transparencia Internacional arrojó que en México el 20 por ciento de los ciudadanos encuestados para la elaboración del Barómetro respondió que han experimentado extorsión sexual o conocen a alguien que pasó por esa situación, lo que colocó al país en el quinto lugar en donde se identificó el mayor porcentaje de incidencia de casos de ese tipo.
La lista la encabezaron Barbados (30 por ciento), Bahamas (24 por ciento), Guatemala (23 por ciento) y Guyana (22 por ciento), mientras que, con el 20 por ciento, están México, Brasil y Perú.
En un foro reciente en el Senado, la fiscal anticorrupción, Luz Mijangos, exhortó a que se ponga un énfasis especial en incluir la “perspectiva de género para combatir con mayor eficacia los delitos que afectan a las mujeres”.
Mijangos Borja consideró que el marco normativo de la Fiscalía debería reformarse y sumarse a una tendencia internacional, sobre la sextorsión, que puede vincularse con actuales delitos como el cohecho, el peculado y el desvío de recursos.
“El agravamiento de las penas, en caso de que sea un tema de corrupción vinculado a favores sexuales, debería estar presente en estas reformas”, dijo.
“Difícil sancionar si no está en ley”
La magistrada Natalia Téllez Torres Orozco, integrante de la Tercera Sección de la Sala Superior del TFJA, explicó que, dentro de la administración pública, la sextorsión puede darse “cuando hay una subordinación en el empleo y se utiliza para dificultar el crecimiento de las servidoras públicas o para mantener su empleo”.
En entrevista con MILENIO, aseguró que la sextorsión no está bien definida en la ley, por lo que es difícil sancionar.
“Cuando nos remitimos al catálogo de faltas administrativas, nos percatamos que no hay conductas de este corte previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo cual dificulta, en muchos casos, poder sancionar a los servidores públicos que actúan de esta manera afectando la dignidad y la integridad de sus subordinadas”, dijo la magistrada.
En la LGRA, no existe ninguna mención a la palabra “sexual”, más que un párrafo que se refiere a la no discriminación por preferencias sexuales, según una revisión realizada por MILENIO.
Hasta ahora, añadió Téllez Torres Orozco, lo más cercano a la corrupción sexual o soborno sexual en dicha ley fue una adición que se hizo en 2021 en la que se consideró “abuso de funciones” a conductas descritas en otra norma, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero está más enfocada a la violencia política por razón de género.
La magistrada también apuntó que “la sanción máxima que nos tiene contemplada la LGRA, cuando no hay un daño patrimonial o no hubo un beneficio económico, es la de inhabilitación de hasta un año, y a mí me parece que, en estos temas donde se involucra y donde se afecta la dignidad de las personas y la dignidad de las mujeres, esa sanción sí debería agravarse”.
Según la magistrada, desde esa reforma del 2021 a la fecha, se han resuelto al menos 13 casos por “abuso de funciones” relacionadas con conductas sexuales contra mujeres servidoras públicas.
Sin denuncias, sin datos, en México
No obstante, de acuerdo con Transparencia Internacional, la sextorsión también puede darse contra ciudadanas que buscan realizar un trámite, pero ese tipo de conductas no se han medido por parte de las autoridades mexicanas.
“En México no existen datos estadísticos, al menos de fuentes nacionales, que permitan tener un panorama sobre la situación actual del fenómeno”, comentó, consultado por MILENIO, Luis Eduardo Ramírez, investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que ha realizado estudios al respecto.
Por otra parte, añade la magistrada Téllez Torres Orozco, otro obstáculo para enfrentar la corrupción sexual es la falta de una cultura de denuncia y el estigma que pesa sobre las mujeres.
“Como mujeres, no estamos acostumbradas o no estamos dispuestas a denunciar, justamente por esta carga social que traemos culturalmente, porque en todo lo que involucra cuestiones sexuales, pareciera que la culpable o la responsable de que se cometan este tipo de agresiones somos nosotras mismas”, lamentó.
Por su parte, Vania Pérez, presidenta del Comité Coordinador del SNA, aseguró que el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado de la República, trabaja en diversas reformas a leyes en materia de corrupción, en donde se prevé incluir el tema de la sextorsión.
“Vamos a reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Uno de los temas que encontramos seguido es que se están utilizando delitos sexuales como moneda de cambio para temas administrativos o temas del gobierno.
"Entonces, vamos a ponerlo ahí. Esto lo vamos a estar trabajando con el TFJA, específicamente con la Tercera Sección”, dijo Pérez Morales.
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