La Secretaría de la Función Pública (SFP) gastó tres veces más del presupuesto que le fue aprobado para la contratación de testigos sociales que vigilen los procedimientos de contrataciones públicas.
En la auditoría de desempeño Testigos Sociales en los Procedimientos de Licitaciones y Contrataciones de la Administración Pública Federal, que forma parte del tercer informe a la revisión de la Cuenta Púbica 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, en el ejercicio de los recursos para operar la figura de testigos sociales, la SFP reportó un ejercicio de 95 millones 382 mil pesos en el programa presupuestario Fiscalización a la gestión pública, lo cual significó una cifra superior en 305.6% (71.8 millones) respecto del monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el cual fue de 23 millones 517 mil 800 pesos e igual al presupuesto modificado y al consignado en las Cuentas por Liquidar Certificadas.
“Sin embargo, se considera conveniente que cuente con mecanismos de registro y control de los recursos presupuestarios ejercidos por la Dirección de Políticas de Fiscalización de Contrataciones Públicas como unidad responsable de las actividades en materia de testigos sociales para identificar los recursos destinados a las gestiones relacionadas con la designación de los testigos sociales en los procedimientos de contratación pública que permita determinar el costo beneficio sobre la utilización de esa figura”, advirtió la ASF.
Además, la Auditoría concluyó que la Secretaría de la Función Pública “debe diseñar y aplicar instrumentos de medición y evaluación para medir la contribución de la designación y participación de los testigos sociales en los procedimientos de contratación pública”.
JLMR
