La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente la controversia constitucional presentada por el municipio de San Pedro, que acusaba una presunta invasión a su competencia municipal tras negar una licencia de uso de suelo a un particular.
La demanda fue promovida por el alcalde sustituto Mauricio Farah y el síndico segundo José Manuel Guajardo, quienes la dirigieron contra el Congreso de Nuevo León, el Poder Ejecutivo estatal y diversas instancias del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), entre ellas la Cuarta Sala Ordinaria y la Sala Superior.
El municipio afirmó que el TJA había intervenido indebidamente en atribuciones exclusivas del Gobierno local relacionadas con la regulación del uso de suelo. Sin embargo, el ministro instructor Arístides Rodrigo Guerrero García determinó que los actos reclamados no eran susceptibles de impugnarse mediante controversia constitucional, pues no encuadraban en los supuestos legales previstos para este mecanismo.
Además, la Corte señaló que el Ayuntamiento no acreditó un agravio competencial real y que la demanda fue presentada fuera del plazo establecido, lo cual activó las causales de improcedencia señaladas en la Ley Reglamentaria de las Controversias Constitucionales.
El acuerdo de desechamiento, correspondiente al expediente 264/2025, fue firmado por el ministro Guerrero García y por el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales, Fermín Santiago Santiago. El origen del conflicto se remonta a junio de 2018, cuando el Ayuntamiento sampetrino negó a un ciudadano una licencia de uso de suelo multifamiliar, comercial y de servicios.
El particular promovió un juicio ante el TJA para impugnar la decisión, pero la Cuarta Sala Ordinaria terminó sobreseyendo el proceso.
La administración municipal intentó llevar el caso ante la Suprema Corte, argumentando afectación a su autonomía, pero el máximo tribunal concluyó que la vía utilizada no era procedente y desechó la demanda.
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