El municipio de San Pedro Garza García declinó renovar una póliza millonaria de responsabilidad civil para defender en materia penal o administrativa a los funcionarios o cuando éstos dejen de serlo del equipo del actual alcalde Mauricio Farah, que protegía incluso la impericia o negligencia a los del gobierno anterior.
El Comité de Adquisiciones sampetrino, que encabezó el entonces alcalde independiente Miguel Treviño, contrató cada año el mismo servicio y según registros, el último asignado al final de su gestión fue en 2024 por un monto de 11 millones de pesos.
Sin embargo, el Ayuntamiento sampetrino que inició Mauricio Fernández desde finales de 2024 y posteriormente con Farah este 2026, determinaron declinar un nuevo contrato con las compañías aseguradoras que incluía defender a ex funcionarios del Gobierno municipal anterior.
“Sí, no lo renovamos”, confirmó la fuente del Ayuntamiento sampetrino a la plataforma MILENIO-Multimedios al desechar la no renovación del contrato anual.
El 12 de septiembre de 2022, el Comité de Adquisiciones sampetrino autorizó adquirir por un monto de 8.6 millones de pesos un seguro de responsabilidad civil en favor de 89 funcionarios públicos del equipo del entonces alcalde Treviño.
Los entonces regidores adjudicaron en forma directa por excepción el contrato a favor de la compañía Grupo Mexicano de Seguros SA de CV, cuya cobertura terminó en septiembre del 2023.
En abril de 2024, el municipio de San Pedro repitió el servicio y en esa ocasión resolvió otorgar el contrato a la empresa Seguro Ve por Más SA, Grupo Financiero Ve por Más, por un monto de 11 millones 021 mil 160 pesos con IVA incluido.
En mayo de 2025, seis ex regidores y ex síndicos del Gobierno anterior comparecieron ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción por la contratación del seguro que buscaba proteger hasta por negligencias o impericias a ex funcionarios, entre ellos el ex alcalde Miguel Treviño.
Un mes después, la plataforma MILENIO-Multimedios informó que no pudieron obtener el beneficio de la póliza de seguro de responsabilidad civil de la compañía, con la que su Gobierno pactó el contrato millonario para defenderlos en materia penal y administrativa.
La polémica se encendió desde más atrás, desde octubre del 2020, cuando regidores y contralores ciudadanos del Ayuntamiento arremetieron contra el Comité de Adquisiciones al pedir que se aplazara la compra millonaria sin licitación de la póliza de responsabilidad civil para blindar legalmente a 90 entonces funcionarios del municipio.
En esa ocasión el comité aprobó diferir el fallo por 24 horas para poder incluir una cláusula que establezca que se devuelva un porcentaje de la póliza —que se buscaba adquirir por 7.8 millones de pesos— si no se llegaba a ocupar.
Finalmente, pese a la polémica, el Gobierno municipal de ese entonces autorizó el contrato que continuó en forma anual.
mrg
