Más de 62 mil millones de pesos de fondos federales destinados a acciones de salud, educación, seguridad, obras, asistencia social y desastres naturales, fueron malversados en el estado de Veracruz durante la gestión del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Se trata, de acuerdo con cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), del mayor caso de manejo irregular de recursos federales del que haya registro a la fecha. El monto supera a los malos manejos de cualquier otro gobierno estatal, y también a otros casos de alto impacto como Segalmex o la Estafa Maestra.
Sin embargo, pese a que la ASF presentó 71 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por estos hechos y a que ha transcurrido casi una década de que concluyó dicho gobierno, sigue sin haber sentencias en firme en contra de alguno de los responsables, y no se ha podido reparar el daño ocasionado a las finanzas públicas del país y del estado.
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Duarte, una liberación en puerta
El único preso a la fecha es el propio Javier Duarte, pero por un proceso distinto, relacionado con una operación de posible lavado de dinero con empresas fantasma que fueron invertidos en diversos bienes.
Sin ir a juicio se declaró culpable en 2018, y en abril de 2026 cumplirá la condena de nueve años que se le impuso; sin embargo, Duarte podría salir de prisión en los próximos días luego de que pidió su libertad anticipada.
En 2018, el ex tesorero del estado de Veracruz, Antonio Tarek Abdalá, confesó ante la FGR que Javier Duarte fue quien estableció la política de desvíos de recursos públicos federales denunciados por la ASF, con el objetivo de cubrir supuestas deudas del estado, pero también para fines personales.
Pese a ello, no se han presentado cargos por esos hechos en contra del exmandatario.
En cambio, la FGR ha trabajado hasta en tres áreas distintas las decenas de denuncias presentadas contra los auditores, y se han presentado acusaciones solo contra ex secretarios y ex subsecretarías de Finanzas del estado, la mayoría de los cuales siguen enfrascados entre apelaciones y amparos.
Récord en desvíos, y simulación
De acuerdo con los datos oficiales del Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF, el gobierno de Veracruz acumula observaciones sin solventar que ascienden a 62 mil 162 millones de pesos detectadas en la revisión de las cuentas públicas del estado de 2011 a 2016.
Se trata de recursos provenientes de más de una decena de fondos federales transferidos al estado para fines en específico, pero que fueron sacados de las cuentas autorizadas y enviados a otras cuentas para luego ser gastados en otros aspectos que no están probados. En total, los auditores identificaron 326 desvíos de esta naturaleza en dicho periodo.
De acuerdo con los registros de la ASF, no hay otra administración estatal o algún caso federal que acumule ese nivel de malos manejos observados. Incluso, las observaciones combinadas de los auditores en los casos Segalmex, Estafa Maestra, Odebrecht, Conade y Conacyt, suman entre 25 y 30 mil millones de pesos, que es la mitad de lo observado en la gestión de Duarte.
Pese a múltiples reuniones con funcionarios de la administración duartista, la ASF concluyó que los recursos no serían devueltos. Por esa razón se interpusieron 71 denuncias de hechos ante la FGR, que también es un récord para cualquier administración o caso hasta la fecha.
De esas denuncias, una decena son por un concepto que los auditores denominan “simulación de reintegros”. Se trata de casos donde los funcionarios estatales simularon que regresaron los recursos a las cuentas autorizadas para dar una apariencia de solventación a la observación, para luego retirarlos nuevamente.
Según las denuncias, en esos casos no hay duda de que se actuó de forma fraudulenta y deliberada.
Duarte ordenó todo: testigo estrella
En los dictámenes técnicos con los que la ASF acompañó la mayor parte de sus denuncias se estableció que el principal responsable legal y operativo de la malversación de recursos era Antonio Tarek Abdalá, tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad.
Tarek, viejo amigo de la esposa del ex gobernador, Karime Macias, llegó a ese puesto tras haber sido primero tesorero en el DIF del estado.
En 2018, Tarek Abdalá compareció voluntariamente ante la FGR para rendir una serie de declaraciones en los que confesó la mecánica de desvíos y malos manejos y aportó prueba de ello.
A cambio, se le concedieron dos criterios de oportunidad en octubre y noviembre de ese año con los que Tarek no solo libró las acusaciones en su contra, sino que además se le reclasificaron los delitos para que él no tuviera que cubrir la reparación del daño.
En su testimonio, al que MILENIO tuvo acceso, el ex tesorero señala que Duarte es quien diseñó, planeó y ordenó el sistema de desvío de fondos federales a través de un decreto publicado en la gaceta en su primer año de gobierno, con la agravante de que el dinero no solo se utilizaba para necesidades urgentes del gasto estatal (como se le justificaba), sino también para fines personales.
“Desde 2008 este método nunca se dejó de utilizar y fue instituido por el señor Javier Duarte de Ochoa (…) si bien era cierto que se necesitaban recursos federales para solventar el gasto corriente como lo señalaba la gaceta, también lo es que el esquema se usó para manejar las finanzas del Estado se prestó para desviar y evitar registros en el papel respecto a dinero”, indicó Tarek.
A lo largo de dicho testimonio el ex tesorero da cuenta de las órdenes para el desvío de dinero que Duarte le hacía llegar a través de los secretarios y subsecretarios de Finanzas, y también de otras ocasiones donde directamente el gobernador le pedía que enviara millones o cientos de miles para su uso personal.
En febrero de este año el referido exfuncionario ratificó por primera vez estos señalamientos en una audiencia judicial dentro de un proceso abierto en contra de Gabriel Deantes, uno de los subsecretarios de finanzas de Javier Duarte, y refirió que los recursos federales fueron convertidos prácticamente en la caja chica del ex mandatario.
“Por ejemplo, si se pedía pago en efectivo para una instrucción del gobernador desde la cuenta concentradora se fondeaba a una cuenta ya fuera de las secretaría de gobierno o de la secretaría de educación pública y ellos nos entregaban el efectivo y nosotros dábamos cumplimiento a las instrucciones que nos daba el gobernador.
“Estas a veces eran para funcionarios, a veces eran para personas externas, pagos a compromisos personales de él como oye… una cena en tal lugar o unos trajes en tal lugar; o sea se utilizaba como para una caja personal digámoslo así y pues obviamente se prestaba para actos de corrupción” dijo Tarek.
Pero no hay cargos
Aunque Abdalá identificó a Duarte como el máximo responsable y común denominador de todos los desvíos denunciados por la ASF, la FGR no lo ha acusado hasta ahora ante algún juzgado federal por estos hechos.
Las más de medio centenar de carpetas de investigación iniciadas por la fiscalía por las denuncias de la auditoria, y que solo fueron agrupadas para darle el criterio de oportunidad a Tarek al tratarse de un mismo modus operandi, se han mantenido fragmentadas hasta en tres áreas distintas de la dependencia:
- La delegación la FGR en Veracruz.
- La Unidad Especializada para la Investigación de delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía Especializada en Control Competencial.
- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEMCC).
En ese contexto, las distintas áreas han judicializado por lo menos 10 de esas carpetas ante jueces federales, peor de forma separada y ante secretarios y subsecretarios de finanzas, según lo confirmado a MILENIO por los abogados defensores de los implicados.
Algunos incluso acumulan varios procesos ellos mismos, pues la fiscalía ha optado por manejar cada carpeta separada por cada denuncia presentada, como si fueran hechos distintos.
Uno de esos procesos fue el contra del subsecretario de finanzas, Gabriel Deantes, quien recibió una sentencia que, sin embargo, ya fue apelada y aún no está firme.
Cabe señalar que, en su momento, la FGR también integró una indagatoria en contra de Duarte y su esposa por posibles delitos fiscales que dio pie a una orden de aprehensión, la cual no se ha ejecutado y no hay información sobre su estatus.
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