El Gobierno de San Pedro remitió al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Nuevo León la investigación en contra de seis ex funcionarios de la administración de Miguel Treviño por presunto desvío de recursos.
La investigación abarca a dos ex secretarios, tres ex directores y un ex síndico del Ayuntamiento del gobierno independiente, según corroboró la plataforma MILENIO-Multimedios, luego de que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia municipal concluyó la investigación el pasado 24 de septiembre.
Se trata de los ex secretarios Mariana Téllez Yáñez, de la Contraloría y Transparencia, y Laura Leticia Lozano Villalobos, de Administración. Además de los ex directores José Ramírez de la Rosa, de Gobierno; Rubén Tamez Rodríguez, de Egresos; Carlos Romanos Salazar, de Adquisiciones, y el ex síndico primero, Francisco Juan Garza Barbosa.
La Contraloría remitió a la Sala Especializada del TJA el expediente relativo a la investigación en contra de los seis ex servidores públicos de la Administración Pública Municipal 2021-2024, señalados por la presunta comisión de la falta administrativa considerada como grave.
Las presuntas irregularidades aparecieron tras la contratación de un servicio de escaneo y firma digital solicitado con motivo del proceso de entrega-recepción 2021-2024.
Según la investigación, el servicio fue adjudicado directamente por excepción a la licitación pública, argumentando razones de seguridad, cuando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Nuevo León, expresamente prohíbe el uso de esa fracción cuando se trate de requerimientos administrativos.
La audiencia inicial tuvo lugar el 19 de septiembre de 2025, misma a la que comparecieron los abogados defensores de los presuntos responsables.
En la audiencia, uno de los defensores fue el ex director General de Asuntos Jurídicos, Benito Juárez Calvillo, vinculado a proceso penal por el caso de daños millonarios por la demolición de las Torres Ysabella.
El Artículo 78 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Nuevo León, prevé que a los ex secretarios y ex directores se les pudieran aplicar sanciones como la suspensión del empleo, cargo o comisión, y la destitución del empleo, entre otras.
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