A tres días de que el Frente Nacional por la Familia se movilice contra la iniciativa presidencial para legalizar los matrimonios gay en la ciudad de México y luego de que 11 obispos acompañaron las manifestaciones en algunas ciudades del país el pasado 10 de septiembre, los rectores de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la UAM, las cuatro más importantes del país, se pronunciaron a favor de fortalecer el Estado laico y de los derechos humanos.
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El pasado 12 de septiembre, Hugo Valdemar, director de Comunicación Social de la Arquidiócesis de México, defendió la participación de los 11 obispos que asistieron a la marcha pro familia en 124 ciudades y aseguró que “no se vulneró el Estado laico”.
En un pronunciamiento inédito, Enrique Graue, de la UNAM; Itzcóatl Tonatiuh Bravo; de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Salvador Vega y León, de la UAM y Rogelio Guillermo Garza, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) afirmaron que “un Estado laico y democrático debe asegurar los derechos de todos”.
“El Estado laico constituye una condición necesaria de las sociedades modernas en la medida en que garantiza la pluralidad de las ideas y hace posible el respeto a la diversidad étnica, religiosa, moral, ideológica y filosófica, a partir de una ética que se sustenta en los derechos humanos”.
Los rectores refrendaron el compromiso de contribuir a la libre discusión de las ideas, propiciando herramientas para el diálogo informado y sustentado en evidencias científicas; adicionalmente dejaron en claro que el criterio que orientará la educación “se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.
Al fijar postura, refrendaron que las universidades públicas están motivadas por un propósito de solidaridad social, por lo que se pronunciaron a favor de la inclusión, el pensamiento humanista y la paz.
Para los rectores la orientación sexual de las personas es un tipo de discriminación que sigue presente en el país, lo que “ilustra la necesidad de promover la creación de ciudadanía a partir de valores como la tolerancia y el respeto a la diversidad, así como fomentar actitudes abiertas al conocimiento, la empatía y apertura hacia los demás”.
Enumeraron los tratados internacionales que suscribió México, los artículos de la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en materia de derechos humanos.
Recordaron que de acuerdo con el artículo tercero constitucional la educación “tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.
En 1948, México suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y señala que todas las personas tienen derecho a casarse y formar una familia. Mientras el artículo Primero de la Constitución además de reconocer los derechos humanos, prohíbe la discriminación fundada en motivos de cualquier índole.
La Suprema Corte de Justicia, el 19 de junio de 2015, determinó que “bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual”.
JASR
