Luego de un “análisis profundo”, las secretarías de Bienestar, de Hacienda y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral a la Infancia (SNDIF) informaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que rechazan la recomendación 29/2019, sobre la cancelación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y acusaron al organismo de excederse en sus facultades.
“La CNDH excede sus facultades al determinar la existencia de violaciones a derechos humanos en casos que, a través de mil 292 Juicios de Amparo y un procedimiento de Contradicción de Tesis, se encuentran en proceso de resolución en la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN), situación que podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad con la que actúa el Máximo Tribunal de control constitucional y convencional en materia de Derechos Humanos en el país”.
En el documento aclararon que “no existe justificación para concluir que el Estado Mexicano incumplió con el principio de progresividad y no regresividad tras la abrogación de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles y la publicación de las Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”.
Las dependencias involucradas efectuaron un análisis profundo en áreas jurídicas, administrativas y en materia de derechos humanos, por el contrario, la CNDH “utilizó datos imprecisos” y lanzó una recomendación carente de “un análisis objetivo, profesional, ético y jurídico, con información fidedigna”.
Se limitó a intentar responsabilizar, sin fundamento, a cuatro instituciones del gobierno de México por implementar una política pública social que busca apoyar a sectores en riesgo de vulnerabilidad.
“Debió ponderar por encima del interés económico de las Estancias Infantiles los derechos de las madres, padres y sus hijas e hijos, los cuales en ningún momento han sido vulnerados” y en ningún momento “justificó por qué considera que las transferencias económicas directas a las familias no resultan ser un mecanismo idóneo y si pone en riesgo a niños con los altos índices de pobreza y vulnerabilidad social”.
En el oficio, firmado también por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), se detalla que tampoco existe un instrumento jurídico que sustente la afectación a los derechos de las promotoras de las estancias cuando el contrato de vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2018.
“El modelo del programa actual garantiza la continuidad en la protección de los derechos de las personas beneficiarias del programa y amplía su espectro de cobertura, sólo que lo hace a través de una modalidad distinta que es acorde a la política presupuestal y financiera del gobierno de México”, de acuerdo con el oficio.
AE
