La mañana del 18 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó la implementación de "medidas preventivas de inmovilización" a Personas Políticamente Expuestas (PEP) del estado de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Por medio de un comunicado, la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) precisó que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter preventivo, luego de algunas instituciones financieras emitieron alertas respecto de sus clientes a raíz de "señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos".
La inmovilización preventiva ocurrió casi tres semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación en contra de Rubén Rocha Moya y otras nueve personas cercanas a él por presuntos nexos con la facción criminal de Los Chapitos.
Debido a su cargo, Rocha Moya cumple con los requisitos para ser considerado una Persona Políticamente Expuesta por Hacienda, pero ¿quiénes más encajan con los lineamientos de la dependencia federal? En MILENIO te contamos.
¿Quiénes son las Personas Políticamente Expuestas?
Con el objetivo de prevenir acciones como la operación con recursos de procedencia ilícita, el gobierno mexicano cuenta con una lista de personas que, por su empleo, cargo o comisión dentro de entes públicos y dependencias, están asociadas a riesgos y vulnerabilidades del sistema financiero.
La elaboración de esta lista pretende que las entidades financieras —como bancos, casas de bolsa, centros cambiarios y fondos de inversión— puedan conocer, evaluar, administrar y mitigar los riesgos relacionados con estas personas, entre los cuales se encuentran actos de corrupción como sobornos o desvío de recursos.
Entre los criterios para identificar si alguien puede ser considerado Persona Políticamente Expuesta, la SHCP resalta la participación directa o indirecta de la o el servidor público en contrataciones públicas, otorgamiento de subsidios, manejo de finanzas públicas, resguardo de información reservada o confidencial, entrega de licencias o permisos para beneficio de particulares y fiscalización de funciones públicas.
En el ámbito federal, se considera Personas Políticamente Expuestas, entre otras, a:
- Titular de la Presidencia de la República
- Secretarios de Estado
- Fiscal General de la República
- Oficiales mayores, contralores y tesoreros
- Procurador fiscal de la Federación
- Directores de unidades administrativas de entes públicos o dependencias
- Titulares de áreas de recursos financieros, humanos y materiales
- Ministros y encargados de área de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
- Miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)
- Senadores
- Diputados
- Titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
- Director de Petróleos Mexicanos (Pemex)
Titulares de organismos autónomos y descentralizados, como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con las disposiciones de la SHCP, las entidades financieras también deberán considerar como Personas Políticamente Expuestas a servidores públicos de nivel estatal o municipal que, por su naturaleza jurídica o estructura orgánica, se asimilen con el ámbito federal.
Considerando lo anterior, también entran en esta categoría gobernadores, alcaldes, procuradores, titulares de Secretarías, diputados, presidentes municipales, regidores, tesoreros y síndicos, por mencionar algunos cargos.
el datoMiembros de partidos políticos también se consideran PEP
Además de las y los servidores públicos, Hacienda señala que candidatos de partidos políticos a cargos federales, estatales o municipales también con considerados Personas Políticamente Expuestas. De igual modo, la categoría contempla a líderes nacionales de los partidos, secretarios generales y a sus responsables de finanzas.
¿Qué implica el bloqueo de cuentas de la UIF a Rocha Moya?
A través de redes sociales, la SHCP especificó que la inmovilización preventiva impuesta a las cuentas de Rocha Moya no implica la acreditación de responsabilidad alguna, sino que fue implementada para proteger la integridad del sistema financiero nacional.
Cuando alguien es incluido en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, se suspende de forma inmediata cualquier acto u operación de servicio de instituciones financieras con dichos clientes.
Acorde con los lineamientos de la UIF, las adiciones a esta lista —que es de carácter confidencial— ocurren cuando, a partir de reportes financieros, "se identifican indicios suficientes de una presunta ayuda o cooperación en operaciones con recursos de procedencia ilícita".
BM.
