La protección de archivos públicos seguirá siendo una obligación de las dependencias de gobierno, aun pese a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), indicó la comisionada Josefina Román.
En este sentido, señaló que las instituciones públicas mantendrán sus obligaciones en la materia, incluso si se aprueba la reforma constitucional que plantea la desaparición del INAI y de otros organismos autónomos.
“En la reforma, los párrafos relativos a las obligaciones en materia de archivos se quedan. (…) El tema de archivos y gestión documental queda con base constitucional y no ha sido tocado”, señaló la comisionada en la inauguración del seminario Utilidad social de los archivos: reflexiones y perspectivas para la gestión documental.
La comisionada destacó la función que realizan las personas encargadas de los archivos públicos en cada dependencia, pues a través de ellos se da el cumplimiento de las obligaciones en la materia y la defensa y custodia de los derechos humanos.
Por su parte, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y Comisionada del organismo garante de la Ciudad de México (Info CdMx), aseguró que “las y los archivistas, están tutelando derechos humanos y protegiendo a las personas con su labor y eso no se va a acabar con la reforma constitucional”.
“Convocamos a las personas servidoras públicas a seguir apostando por la defensa de los archivos como guardianes de la memoria histórica, como facilitadores del ejercicio de los derechos humanos y como promotores de la justicia”, dijo.
LP
