M+.- Eran las 2:30 horas del 7 de junio de 2021 cuando, en Santa Rita Tlahuapan, Puebla, un grupo de aproximadamente 100 personas interceptó a los policías municipales que trasladaban las urnas y las boletas de las casillas de San Juan Cuauhtémoc, población que está a menos de siete kilómetros de la cabecera del municipio. La turba retuvo a los policías y los golpeó, según consta en el expediente judicial. Incluso uno de los agresores llegó a poner una navaja en el cuello de un elemento para obligarlo a obedecer.
Unas horas antes se habían llevado a cabo las elecciones intermedias de 2021.
—Préndele fuego a las boletas —fue la orden que recibieron los policías a punta de picadas de navaja.
Estos, amenazados de muerte, cargaron las cajas frente al DIF municipal y ahí mismo las incendiaron. Pero la muchedumbre no se conformó: poco después, casi a las 04:30 horas, la gente se trasladó al Consejo Municipal Electoral, en la calle 16 de septiembre, y ahí armó otro escándalo. Exigía la entrega de las urnas bajo amenaza de linchamiento y quemó 32 cajas con casi 11 mil boletas destinadas a definir quién gobernaría Puebla durante los siguientes tres años.
Desde entonces, dos personas señaladas como participantes de esa turba llevan más de tres años peleando en tribunales si deben o no ser procesadas por delito electoral.
Pero el caso del gentío agresivo de Tlahuapan no es un hecho aislado. Es, apenas, uno de los 25 expedientes que MILENIO encontró que han sido llevados a instancias de la judicatura federal, en forma de sentencias, resoluciones de amparo y conflictos competenciales del Poder Judicial de la Federación.
Estos delitos llegaron hasta la justicia federal entre el 2018 y ahora. Son los que están estipulados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la norma que desde 2014 tipifica y sanciona la compra de votos, el acarreo de electores, la destrucción de material electoral, la violencia contra funcionarios de casilla y el desvío de recursos públicos con fines proselitistas.
Durante las distintas elecciones en México se han condicionado apoyos, retenido credenciales y hasta quemado boletas; algunos de esos casos terminaron en condena, otros en absolución porque las fiscalías no lograron sostener sus acusaciones, o simplemente se han ido disolviendo entre amparos, conflictos de competencia y tecnicismos procesales que se extienden durante años, a veces una década después de que ocurrió el hecho.
Los casos que sí se resolvieron
Uno de los brotes de violencia electoral ocurrió en el verano de 2015. Y después de tres años de procesos judiciales, sus ecos aún se escuchaban. El 1 de junio de ese año, mientras Oaxaca se preparaba para elegir diputados federales, un grupo de maestros de la Sección 22 tomó las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y un módulo de atención ciudadana en San Juan Bautista Tuxtepec. La protesta estaba relacionada con la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Ahí se quedaron cinco días. El 6 de junio, cuando la protesta llegó a su punto más álgido, incendiaron el inmueble: destruyeron documentos electorales y causaron daños por más de 843 mil pesos. El juez resolvió el caso tres años después y determinó delito electoral y daño en propiedad ajena. No se aplica todavía porque el expediente está archivado provisionalmente en espera de la captura de los acusados.
También en 2015, pero con un desenlace opuesto, una mujer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, acompañó a un grupo de votantes que iban en taxis contratados a distintas casillas de la ciudad, recordándoles que para que su colonia siguiera recibiendo apoyos del gobierno debían votar por el Partido Verde Ecologista (PVEM).
Fue detenida, procesada y condenada a seis meses de prisión por organizar el acarreo. Pero en 2018, un tribunal de apelación revocó la condena y la absolvió por completo.
El 24 de julio de ese mismo año, la violencia electoral alcanzó a una funcionaria del INE que fue agredida a golpes en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. La consejera presidenta del Consejo Distrital 07 tuvo que trasladar una reunión de trabajo a un restaurante porque las oficinas del instituto estaban tomadas por simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
No sirvió de mucho. Un grupo de cinco mujeres irrumpió en el lugar mientras ella revisaba el acta de cómputo de la elección de diputados federales. La golpearon, la jalaron del cabello, le rasgaron la ropa, arrojaron huevos y vertieron sobre ella un líquido rojo, hasta que la tiraron al piso.
Ocho años después, en 2023, un juzgado finalmente declaró penalmente a los responsables y les impuso seis meses con seis días de prisión, duplicados por la agravante de violencia contra una funcionaria electoral, aunque terminaron librando la cárcel gracias a los sustitutivos de pena y la condena condicional que la ley permite.
Cuando el conteo se incendia: 2018-2021
Tres años después, en 2018, la escena de las boletas quemadas se repitió casi calcada, esta vez en el municipio de Juan N. Méndez, en Puebla. El 4 de julio de ese año, mientras el Consejo Municipal Electoral realizaba la sesión de conteo final de votos, un grupo ingresó de forma violenta a las instalaciones. Sus integrantes destruyeron sillas, mesas, escritorios; con un mazo hicieron estallar una vitrina y sacaron los equipos de cómputo a la calle, los mismos que fueron quemados. Sustrajeron boletas y paquetes electorales de una bodega y de archiveros, y los incendiaron frente al edificio.
Seis personas fueron identificadas como ejecutoras de la destrucción; sin embargo, cuando el caso llegó a tribunales de amparo, la historia dio un giro: los jueces determinaron que no existía prueba suficiente del nexo causal entre la conducta de los acusados y el daño al material electoral, y dejaron sin efecto las órdenes de aprehensión en su contra. El expediente quedó, en los hechos, cerrado sin que nadie respondiera penalmente por el incendio.
La jornada electoral del 6 de junio de 2021 –una de las más grandes de la historia reciente de México, con elecciones concurrentes federales y locales en todo el país– generó, por sí sola, al menos seis de los expedientes que MILENIO identificó.
En Monterrey, tres personas se apostaron afuera de una casilla para presionar el voto a favor de Movimiento Ciudadano: dos de ellas gritaron amenazas a los votantes, y la tercera ofreció 500 pesos a una mujer a cambio de su voto, pidiéndole que fotografiara la boleta marcada como comprobante.
En la Ciudad de México, el representante de Morena en una casilla de la alcaldía Álvaro Obregón intentó sacar a empujones al representante del PAN, y la votación tuvo que suspenderse entre 30 minutos y una hora.
En Ciudad Juárez, una mujer fue sorprendida tratando de depositar cuatro boletas de diputados federales en la urna de presidente municipal, con boletas adicionales en su poder. El Ministerio Público no logró probar que fueran ilegítimas, y el proceso terminó sin que se le vinculara jamás a un juicio.
Y de nuevo, en esa misma jornada, la violencia poselectoral encontró su expresión más extrema en Santa Rita Tlahuapan, con el episodio de los 100 pobladores que amenazaron a los policías con navaja y las 11 mil boletas incendiadas frente al Consejo Municipal.
A diferencia de otros casos similares, aquí la vinculación a proceso sí logró sostenerse en tribunales, primero en 2022 y revisados en 2023, aunque hasta la fecha de los documentos consultados por este medio el expediente seguía sin llegar a una sentencia final.
El dinero detrás de la boleta
No todos los delitos electorales consultados por MILENIO implican violencia física. Una parte considerable de los expedientes revisados corresponde a un delito menos visible, pero igual de castigado por la ley: el desvío de recursos públicos o el incumplimiento en la rendición de cuentas de las campañas.
El PRD, por ejemplo, aparece señalado en al menos dos expedientes judiciales de Morelos por la misma causa, y ambos tienen su origen en el mismo proceso electoral local ordinario 2014-2015, en el que ese estado renovó su Congreso y sus 33 ayuntamientos.
En Tetecala de la Reforma, el secretario de Finanzas en ese estado fue condenado a dos años de prisión por no presentar, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, el informe correspondiente al primer periodo de campaña de la candidata perredista a la alcaldía, entre el 20 de abril y el 19 de mayo de 2015.
La condena, dictada originalmente en 2019, la confirmó un tribunal federal en 2020, cinco años después de la omisión. Un patrón casi idéntico se repitió, en ese mismo proceso electoral de 2015, en Zacualpan de Amilpas, con otro funcionario del comité estatal del PRD, también condenado por no comprobar los gastos de campaña de la candidata de ese partido a la presidencia municipal.
Seis años más tarde, en las elecciones intermedias del 6 de junio de 2021 (las mismas que durante esa madrugada, las boletas terminarían en cenizas en Santa Rita Tlahuapan), el patrón de irregularidades en el financiamiento de campañas cambió de escala: ya no era un funcionario partidista omiso, sino una presidenta municipal en funciones usando el aparato de gobierno para asegurar la sucesión.
Viridiana Hernández Sánchez, entonces alcaldesa de Simojovel, Chiapas, fue señalada de entregar dinero en un salón el 29 de abril de ese año, para que un grupo de personas lo repartiera entre pobladores de su municipio a cambio de votar por su esposo, el candidato del PVEM que buscaba sucederle al frente del ayuntamiento. El Congreso de Chiapas la desaforó meses después, en agosto de 2021, y en 2022 un tribunal colegiado confirmó la orden de aprehensión en su contra.
También en la elección local de Jalisco de 2018, el responsable de finanzas del entonces Partido Encuentro Social (PES) debido a que no comprobó, pese a haber sido formalmente requerido por la autoridad electoral sobre gastos de propaganda de campaña, cuatro espectaculares, cuatro bardas pintadas y dos mantas, fue condenado a dos años de prisión, pero una multa por 99 mil 382 pesos de reparación del daño fueron sustitutivos de prisión.
Cuando la ley no alcanza
Pero por cada caso que termina en condena, MILENIO encontró al menos otro que se disuelve en tecnicismos, faltas de motivación o simple falta de pruebas. En la Ciudad de México, el INE detectó 895 inconsistencias en la digitalización de documentos del Registro Federal de Electores en un módulo de atención ciudadana de la colonia Condesa –imágenes borrosas, documentos vencidos, información que no coincidía con las solicitudes–, y hasta encontró una inscripción hecha a nombre de una persona ya fallecida.
Sin embargo, el Ministerio Público decidió abstenerse de investigar, argumentando que se trataba de errores administrativos y no de una alteración dolosa del padrón. Cuando el INE intentó revertir esa decisión por la vía del amparo, los tribunales le negaron incluso la posibilidad de entrar en litigio, al considerar que el Instituto no tenía legitimación para actuar.
Algo similar se repitió en Oaxaca en 2024, cuando un candidato de Nueva Alianza a la presidencia municipal de San Pedro Pochutla fue señalado de ejercer violencia política de género contra una funcionaria estatal –la titular de Turismo–, a quien acusó públicamente en videos de campaña de intervenir en la elección y de estar detrás de agresiones contra él y su hija.
Una sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca llegó a vincularlo a proceso por ese delito, pero un juez federal terminó por dejar sin efecto esa decisión, no porque las expresiones del candidato fueran necesariamente lícitas, aclaró, sino porque la propia sala nunca explicó con suficiente rigor por qué los hechos alcanzaban para acreditar el delito.
(Fact checking: JRH)
