Entre enero de 2010 a julio de 2016, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI recibió 141 solicitudes de procedimientos sancionadores en contra de militantes, de los que 31 fueron resueltos como fundados.
Sin embargo, la comisión carece de información acerca de los que casos en los que haya solicitado la expulsión ni la causal del recurso, informó el partido en respuesta a una solicitud de información.
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De acuerdo con el dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, hoy se instalará la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para revisar la solicitud de expulsión del todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa.
En julio, Alejandro Barajas, de la corriente Solidaridad del PRI solicitó la suspensión de los derechos como militante y posterior expulsión del partido de los gobernadores de Chihuahua, César Duarte y de Veracruz, Javier Duarte.
En el documento, Alfredo Barajas también solicitó la expulsión de los ex gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina y de Quintana Roo, Roberto Borge.
De conformidad con los estatutos del partido, la comisión debe notificar formalmente a los imputados para que éstos puedan defenderse y agotar el proceso antes de acudir al tribunal.
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En caso de encontrar elementos, las sanciones pueden ir de la suspensión temporal de derechos, inhabilitación temporal hasta la expulsión.
El período máximo de suspensión e inhabilitación son tres años mientras que la expulsión es definitiva.
Según los documentos básicos, la imposición de las sanciones deberá ser fundada y atenderá a la gravedad de la falta, los antecedentes del infractor y la proporcionalidad de la sanción.
OVM
