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Piden a Fiscalía investigar caso de ex síndico de Jaltenco

Los tribunales reconocieron que el ayuntamiento violentó sus derechos como síndico municipal pero la comuna desatendió las sentencias.
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La Legislatura mexiquense exhortó al fiscal General de Justicia del Estado de México para que integre la carpeta de investigación por violencia política de género, en agravio de la ex síndica municipal de Jaltenco, Jhosselin López Oropeza y para que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México conozca y atienda la violación a sus derechos políticos.

Esto, luego que el ex presidente municipal y colaboradores de ese ayuntamientos cayeron en desacato al no atender las sentencias de los tribunales electorales donde acreditaron que incurrieron en violencia política al haberle retenido su salario, dejarla sin personal y dirigirse a ella de manera irrespetuosa para ridiculizarla en las sesiones de cabildo, donde frenaban su participación y le impedían cumplir sus labores al frente de la sindicatura.



En al menos tres ocasiones se emitieron sentencias a favor de la síndico que no se cumplieron, pues el presidente y los señalados dejaron pasar el caso hasta terminar la administración municipal para no emitir si quiera la disculpa pública que le ordenaron los magistrados.

Los ex funcionarios municipales señalados fueron el alcalde Armando Ramírez Ramírez, el tesorero José Luis Juárez Guerrero, el secretario Leopoldo Payne Ramírez y algunos regidores, quienes durante el tiempo en que duró su mandato, realizaron acciones y omisiones destinadas a menoscabar el ejercicio del cargo público para el que fue electa la ex Síndica.

El diputado Tanech Sánchez Ángeles, promotor del punto de acuerdo, resaltó que la violencia política de género ya ha sido reconocida por el Tribunal Electoral del Estado de México, autoridad que dictó sentencia en diversos expedientes integrados por las acciones presentadas por la ex síndico.

Obligaciones

Se impuso a los servidores públicos generadores de violencia política, la obligación de: abstenerse de realizar acciones y omisiones que menoscaben los derechos políticos en perjuicio de la actora, así como respetar sus funciones en el desarrollo y ejercicio del cargo; y la obligación de las autoridades responsables para permitir, proveer eficaz y oportunamente a la actora acceso a toda la información y documentación relacionada con el funcionamiento del ayuntamiento.

Se le ordenó que las prestaciones de la síndica, así como lo necesario para la contratación y pago de salario y prestaciones al personal de su área se contemplara en el presupuesto de ese año y se informara al Tribunal del cumplimiento, sin que eso ocurriera.

Instancias informadas

La Contraloría del Poder Legislativo, a la Contraloría Municipal, al Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México tuvieron conocimiento de estos hechos.

Tribunales

La Sala Superior de Toluca modificó la resolución del Tribunal y ordenó: permitir y proveer, eficaz y oportunamente a la actora, en el ejercicio de sus funciones, toda aquella información y, o documentación que solicite, relacionada con la función del Ayuntamiento.

Además de ofrecer a la Síndica, en sesión de cabildo, una disculpa pública, que nunca llegó.

La diputada Beatriz García Villegas señaló que atacar a una mujer en este contexto es por falta de capacidad de los gobernantes e hizo un llamado de manera general a todas las que sufren este problema a que denuncien.

En entrevista la ex síndico dijo que espera que el asunto llegue hasta las últimas consecuencias para que sea un precedente para evitar más casos en esta administración, y si existen se denuncien y sanciones como corresponde.




LC

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