El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) solicitará a las autoridades anticorrupción que emitan un exhorto para que el gobierno federal proporcione información sobre las investigaciones que se realizan respecto de la evasión de impuestos en la importación de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.
En sesión ordinaria del CPC, la presidenta del Comité y presidenta del SNA, Vania Pérez, expuso que el exhorto que se solicita que haga el Comité Coordinador del sistema, integrado por cinco autoridades nacionales, implica que se adopten acuerdos para prevenir, detectar, sancionar y recuperar los activos perdidos con los actos de corrupción del huachicol fiscal.
La solicitud de exhorto al Comité Coordinador fue aprobada por unanimidad por los tres miembros actuales del CPC: Vania Pérez, Patricia Talavera y Rafael Martínez Puón.
Martínez Puón señaló que pedir explicaciones sobre este caso es “pertinente” por los montos de presunto daño que implica. La solicitud de exhorto será presentada en la próxima sesión del Comité Coordinador del SNA, el cual no ha sesionado desde febrero, pese a que debe reunirse cada tres meses.
Solicitud se fundamenta en la Ley General del SNA
El Comité Coordinador está conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Tribunal de Disciplina Judicial y el CPC, que preside Pérez Morales.
El exhorto que el CPC solicitará al Comité Coordinador tiene como fundamento el artículo 23 de la Ley General del SNA, que establece que se podrá pedir la emisión de exhortos públicos “cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública”.
El artículo añade que “los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se trate”.
Huachicol fiscal, afectación profunda a las finanzas públicas
Al exponer la propuesta de solicitud de exhorto en la sesión del CPC, Vania Pérez alertó que se trata de un caso de captura institucional mediante una red de actores públicos y privados.
Asimismo, añadió que es relevante porque “no solamente habla de corrupción y de redes de corrupción trabajando, sino también de quebranto fiscal y de una afectación profunda a las finanzas públicas del país”.
Pérez apuntó que, en este caso, “estamos hablando de más de 600 mil millones de pesos, un quebranto histórico en el país, (por lo que) se vuelve necesario un exhorto que se solicite por parte del Comité de Participación Ciudadana y que se pueda llevar al seno del Comité Coordinador”.
Presión internacional por el caso
La presidenta del SNA advirtió que “hay una dimensión de seguridad nacional e incluso de presión internacional sobre lo que ocurre con este caso, pues esto ha impactado además en la relación México-Estados Unidos y, eventualmente, habla del cumplimiento comercial del T-MEC entre los países del norte y de una percepción importante de riesgo”.
Vania Pérez afirmó que “hay una gravedad y urgencia: podemos acreditar que hay un riesgo sistémico fiscal y de seguridad que requiere la conducción y los acuerdos de más alto nivel, donde el Comité Coordinador haga un exhorto contundente a las diferentes autoridades involucradas; el fenómeno involucra múltiples dependencias y órdenes de gobierno y, en ese sentido, el Comité Coordinador se hace el espacio para articular las respuestas, pues se vuelve un actor relevante”.
En el exhorto, dijo, se puede solicitar también una corrección de fallas de control.
“El Comité Coordinador puede, con sus atribuciones, instruir acciones de mejora de control interno en la auditoría, en la fiscalización y la vigilancia coordinada. Me refiero sobre todo a tres autoridades: a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a la Fiscalía Especializada y a la Auditoría Superior de la Federación, pero, en general, al cúmulo de las autoridades que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción”.
IYC
