La detención del ex contralor de Hidalgo, César N, a quien se vincula por su presunta participación en la denominada 'Estafa Siniestra' donde se malversaron cerca de dos mil 500 millones de pesos de recursos públicos, no sólo es motivo de celebración, sino que abre la puerta a las indagatorias pertinentes para resarcir el daño ocasionado a la población, aseguró el delegado de los Programas para el Bienestar en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno.
Dicha tarea, abundó el funcionario federal, es competencia única de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), al ser un ex funcionario local el señalado. Una vez que concluyan, en caso de fincar responsabilidades a este personaje, garantizar las acciones pertinentes para recuperar el recurso público y utilizarlo en beneficio de los hidalguenses.
“Pedimos que el gobierno estatal se ocupe de esta tarea, depende de las indagatorias de la autoridad competente y una vez que se diriman decida en qué se puede utilizar el recurso que se recupere, porque estamos hablando de un ex servidor público estatal. Siempre son buenas noticias el combate a la corrupción, pero se debe verificar si hay otros implicados por supuesto, ya se sabe que hay varias autoridades municipales involucradas en este proceso y en enhorabuena todo lo que sea combate a la corrupción”, manifestó.
Priorizar la justicia
Por otro lado, opinó sobre la orden de aprehensión que existe en contra de la diputada local del distrito de Zimapán, Alhely Medina Hernández, y la decisión de que su suplente rinda protesta para asumir este cargo.
“Es la misma situación en cualquier eventualidad, se debe priorizar la justicia y llevar a los responsables a esta aplicación de la justicia, para ello por un lado el Poder Judicial local, y lo que se conoce hasta ahora (sin mayor detalle al respecto de este señalamiento), hasta ahora que va cambiando (en referencia a la elección del PJF), dependiendo de lo que se lleva la investigación se tiene la obligación de presentar lo necesario y no dejar de lado que existen seres humanos que están con cierto grado de vulnerabilidad y que se tiene que proteger en esa situación, es un proceso legal que tiene que seguir su curso. Aunque sea de esta manera es bueno que ninguna representación, en este caso un distrito local, se quede sin su representación”, dijo.
