El debate sobre las llamadas 'pensiones doradas' volvió al centro de la discusión pública en México tras la aprobación, en lo general, de una reforma constitucional que busca limitar las jubilaciones de altos ex funcionarios del sector público.
La medida apunta a reducir beneficios que, en algunos casos, alcanzan cifras muy por encima del promedio nacional, y que han sido señalados durante años como un símbolo de desigualdad dentro del sistema de pensiones.
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¿Qué son las pensiones doradas?
Se trata de jubilaciones que reciben ex servidores públicos de alto nivel, particularmente en organismos del Estado y empresas productivas como Pemex o la CFE.
A diferencia de la mayoría de los trabajadores, cuyas pensiones rondan los 7 mil pesos mensuales, estos esquemas pueden otorgar ingresos de cientos de miles de pesos e incluso superar el millón mensual.
En varios casos documentados, estos montos llegan a estar por encima del salario presidencial, lo que ha generado críticas tanto en el ámbito político como social.
La reforma pide poner un límite
La iniciativa aprobada el pasado mes de marzo de 2026 en la Cámara de Diputados plantea modificar el artículo 127 constitucional para establecer un tope claro: ningún exfuncionario podrá recibir una pensión mayor al 50% del salario de la Presidencia.
Con base en cifras proyectadas para 2026, ese límite rondaría los 67 mil pesos mensuales netos.
El objetivo, según sus promotores, es corregir excesos y evitar que recursos públicos sigan financiando jubilaciones consideradas desproporcionadas. Además, estiman que el ajuste permitiría generar ahorros de hasta 5 mil millones de pesos al año, dinero que sería redirigido a programas sociales.
¿A quiénes impactan las pensiones doradas?
La reforma está dirigida principalmente a una serie de ex funcionarios que trabajaron en:
- Empresas del Estado como Pemex y CFE
- Instituciones financieras públicas
- Organismos descentralizados
En estos sectores se han identificado algunos de los casos más altos de pensiones, que en ocasiones superan por mucho los 100 mil pesos mensuales.
Sin embargo, el alcance final aún genera dudas. Dependiendo de cómo quede la redacción definitiva, ciertos grupos podrían quedar fuera, como integrantes de las Fuerzas Armadas, que ya fueron contemplados como excepción.
Aunque la votación en lo general fue contundente, con amplio respaldo en San Lázaro, el tema está lejos de resolverse sin polémica.
Uno de los principales puntos de fricción es la posible aplicación retroactiva de la reforma. Legisladores de oposición advierten que modificar condiciones ya otorgadas podría violar principios constitucionales, como la seguridad jurídica y la no retroactividad de la ley.
Tras su aprobación en lo general, la reforma deberá completar su proceso legislativo antes de entrar en vigor.
El resultado final no solo definirá el futuro de estas pensiones, sino que también marcará un precedente sobre hasta dónde puede llegar el Estado para ajustar beneficios ya otorgados.
JCM
