Por unanimidad, con 458 votos, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al artículo 127 constitucional para poner fin a las 'pensiones doradas' de ex servidores públicos, limitándolas a un tope máximo de 50 por ciento de la remuneración de la Presidenta de la República, es decir, no más de 67 mil 145 pesos netos mensuales en 2026. Solamente el personal de las fuerzas armadas quedará exento de las reducciones y ajustes a las pensiones.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general, con 458 votos, mientras la votación en lo particular, sin admitir una sola propuesta de modificación, fue de 363 de Morena, PVEM, PT y PRI a favor, 64 del PAN y cuatro morenistas (Gilberto Castillo, Fernando Mendoza, Arturo Olivares y Francisco Velázquez) en contra, así como 25 abstenciones de MC.
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“Estoy y estamos en contra de lo que llaman ‘pensiones doradas’, nadie está a favor de ellas. Estamos en contra de estos abusos que no reflejan ni remotamente lo trabajado, pero también es cierto que miles y miles de pensionados que sí trabajaron y sirvieron al Estado mexicano se jubilaron con la certeza jurídica y humana que serían respetados”, puntualizó la legisladora panista Margarita Zavala.
En representación de la bancada albiazul, la diputada presentó por ello una moción suspensiva, al advertir que la reforma al artículo 127 violenta el derecho humano a la no retroactividad y deja expresamente exentos a otros servidores públicos como el ministro en retiro Arturo Zaldívar.
Por Morena, el diputado Manuel Vázquez defendió la reforma para reordenar las pensiones, pues dijo, no pueden continuar las jubilaciones de hasta un millón de pesos obtenidas por acuerdos, compadrazgos o favores políticos.
“No es contra el universo completo de trabajadores y trabajadoras pensionadas de nuestro país contra quienes va esta modificación al artículo 127. Va contra las pensiones doradas, contra una cúpula, una burbuja de trabajadores y trabajadoras que, aunque estaban en las reglas, aunque estaban en las leyes, no por ser legal fue moral lo que hicieron”.
En representación del PRI, el legislador Alejandro Domínguez fundamentó la posición de su partido contra los abusos y los excesos, y contra las pensiones doradas que se otorgaron sin cumplir los procedimientos, abusando el poder y sin cumplir al menos treinta años de trabajo.
Advirtió, sin embargo, que la reforma es una “bomba ilegal”, pues viola el principio de irretroactividad de la ley, atenta contra la seguridad jurídica y va a abrir la puerta a litigios masivos, generando incertidumbre al sistema de pensiones.
A nombre de MC, la diputada Claudia Ruiz Massieu se manifestó a favor de terminar con las “pensiones doradas”, pero señaló que eso no resuelve el problema del sistema y reprobó igualmente la retroactividad de la reforma.
“No somos ingenuos, entendemos que este tema de la retroactividad es el corazón de la iniciativa presidencial, que las finanzas públicas enfrentan una situación crítica y que cada peso suma, pero al obligar que las otorgadas conforme a leyes vigentes se ajusten retroactivamente a un nuevo límite, están dinamitando una vez más la certidumbre jurídica y despreciando el compromiso del Estado mexicano con personas que estuvieron a su servicio durante décadas”, remarcó.
Los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PT defendieron y dieron su respaldo a la iniciativa presidencial, por considerar inaceptable que ex funcionarios de empresas u organismos públicos obtengan pensiones de entre cien mil y más de un millón de pesos.
“Existen pensiones financiadas con recursos públicos que superan los cien mil, 200 mil, 300 mil o, como ya se ha dicho, lamentablemente, pensiones que superan hasta el millón de pesos mensuales; casos en los que se llega a percibir hasta 140 veces más que el promedio nacional y otros en los que se recibe hasta 39 veces más”, puntualizó el diputado Favio Castellanos, al fijar la posición de la bancada guinda.
La legisladora petista Margarita García arremetió incluso contra los ministros en retiro y compañero de movimiento Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, por mantener pensiones millonarias.
“Esperemos que todos y todas también vayamos por ellos, porque claro que (Zaldívar) es un cínico, un sinvergüenza (…). También aquí tenemos a una diputada de Morena, la compañera Sánchez Cordero. Preguntémosle también cuánto tiene de pensión”, arengó.
Por el PAN, la diputada Margarita Zavala presentó una moción suspensiva para frenar la discusión del dictamen y devolverlo a comisiones para corregir el tema de la retroactividad.
“Estoy y estamos en contra de lo que llaman ‘pensiones doradas’, nadie está a favor de ellas. Estamos en contra de estos abusos que no reflejan ni remotamente lo trabajado, pero también es cierto que miles y miles de pensionados que sí trabajaron y sirvieron al Estado mexicano se jubilaron con la certeza jurídica y humana que serían respetados”, remarcó.
Advirtió que la reforma al artículo 127 violenta el derecho humano a la no retroactividad y deja expresamente exentos a otros servidores públicos como el ministro en retiro Arturo Zaldívar.
En representación del PT, Lilia Aguilar reafirmó el rechazo de su bancada a los privilegios con remuneraciones y pensiones superiores a las del titular del Ejecutivo.
“Estamos en contra de estos privilegios. Fíjense, solamente en Luz y Fuerza del Centro hay 3 mil 504 personas que reciben más del salario de la presidenta en pensiones. En Pemex estamos hablando de 22 mil personas que reciben más del sueldo de la presidenta y en CFE una cuestión similar. Lo que nosotros pedimos es que estas pensiones de oro se eliminen”, indicó.
A nombre del PRI, el legislador Alejandro Domínguez rechazó las pensiones doradas otorgadas sin cumplir los procedimientos, abusando el poder y sin cumplir al menos treinta años de trabajo.
Sostuvo, sin embargo, que la reforma es una “bomba ilegal”, pues viola el principio de irretroactividad de la ley, atenta contra la seguridad jurídica y va a abrir la puerta a litigios masivos, generando incertidumbre al sistema de pensiones.
De MC, la diputada Claudia Ruiz Massieu se manifestó a favor de terminar con las “pensiones doradas”, pero señaló que eso no resuelve el problema de fondo y reprobó igualmente la retroactividad de la reforma.
“No somos ingenuos, entendemos que este tema de la retroactividad es el corazón de la iniciativa presidencial, que las finanzas públicas enfrentan una situación crítica y que cada peso suma, pero al obligar que las otorgadas conforme a leyes vigentes se ajusten retroactivamente a un nuevo límite, están dinamitando una vez más la certidumbre jurídica y despreciando el compromiso del Estado mexicano con personas que estuvieron a su servicio durante décadas”, remarcó.
Pensionados protestan en San Lázaro
En ese contexto, alrededor de 200 ex trabajadores electricistas arribaron a las puertas del Palacio Legislativo para protestar con cacerolas y cucharas contra la reforma, acusando violaciones a sus derechos humanos y laborales.
Algunos de ellos lograron echar abajo parte de las vallas instaladas sobre la acera e intentaron irrumpir en el recinto, pero el personal de seguridad consiguió cerrar las puertas y contener a los manifestantes. Jubilados de CFE y de Luz y Fuerza sostuvieron que, de aprobarse la reforma, sus pensiones se reducirán al menos 50 por ciento.
“¿Por qué no incluyeron a los generales?, ¿por qué no incluyeron a los ministros de la Corte? ¿Esta ley sabe quién la hizo? Arturo Zaldívar y él sí tiene una pensión de cerca de 500 mil pesos. Es violatoria de derechos humanos, es violatoria de tratados internacionales, es atentatoria de la Constitución. La presidenta había dicho que no iba a ser retroactiva y luego de repente ya llega retroactiva por los malos consejos de Zaldívar”, afirmó un pensionado de la Comisión Federal de Electricidad.
¿Qué señala el dictamen?
Según el dictamen aprobado, el padrón de jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro, en liquidación, cuenta con un total de 14 mil 73 ex trabajadores, por los cuales se paga un monto anualizado de 28 mil 074 millones de pesos.
“En términos reales, los jubilados de Luz y Fuerza del Centro reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional”, detalla.
Otro ejemplo es Petróleos Mexicanos, con un padrón de 22 mil 316 personas jubiladas pertenecientes a régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de 24 mil 844 millones de pesos, lo que se traduce en que sus pensionados reciben en promedio hasta 39 veces más que el promedio nacional.
“Por citar otros ejemplos, Nacional Financiera cuenta con un padrón de mil 449 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de 643 millones de pesos, mientras que Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos cuenta con un padrón de mil 521 personas jubiladas pertenecientes al régimen de confianza, por los cuales se paga un monto anualizado de mil 029 millones de pesos".
“En contraste, según datos del IMSS, la pensión mínima garantizada es de un salario mínimo de la Ciudad de México”, puntualiza.
El decreto prevé que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito y fideicomisos públicos tendrán como tope máximo la mitad de la remuneración establecida para la Presidenta de la República, es decir, no más de 67 mil 145 pesos netos mensuales en 2026.
IYC
