La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal para castigar con entre uno y ocho años de cárcel a quien difunda o comunique expedientes procesales a personas no relacionadas con las indagatorias, así como el estado en que se encuentran los procesos judiciales en curso.
Ello, para evitar el “manoseo” a las carpetas de investigación, las filtraciones y la alteración de los procesos penales.
El legislador panista Rigoberto Mares puso como ejemplo el caso de Emilio Lozoya, quien a su juicio actúa “conejillo de indias” a favor del gobierno federal, mientras que funcionarios de la Fiscalía General de la República operan con dolo para dañar la imagen de terceros, violentando procesos penales y las leyes de protección de datos.
Subrayó que con la iniciativa se busca garantizar el principio de presunción de inocencia y los derechos de los involucrados en un probable hecho delictivo, evitando con ello el demerito de su imagen por la filtración de declaraciones, videos, fotografías o cualquier testimonio que forme parte del proceso.
En representación de su grupo parlamentario, el diputado remarcó la necesidad de garantizar la secrecía y el resguardo de la información con base en lo dispuesto en normas de protección de datos personales, además de proteger los derechos de las víctimas, imputados o testigos.
Sostuvo que las reformas al Código Penal Federal fortalecerían los límites de la autoridad en el tratamiento de la información, con el fin de evitar mecanismos intencionales o dolosos contra terceras personas en los expedientes judiciales.
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