La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo de manera parcial dos decretos promulgados en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, por medio de los cuales el Congreso de Morelos otorgó pensiones de jubilación, pero haciendo uso de los recursos del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.
Por unanimidad, la Corte ordenó al Congreso local dotar del presupuesto necesario al citado poder y a la fiscalía para cubrir las pensiones de dos ex servidores públicos que cumplen con los requisitos de jubilación.
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Los recursos deberán verse reflejados no solo en este ejercicio fiscal, sino de aquí en adelante, dejaron claro las ministras y ministros.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra presentó dos proyectos relacionados con igual número de controversias constitucionales, a través de los cuales se impugnaron los decretos promulgados en 2024.
La togada comentó que estos decretos violan los principios de división de poderes y de autonomía e independencia presupuestal.
En cada uno de los proyectos se deja claro que no se pone en duda las pensiones de jubilación de los ex servidores públicos, sino la forma en que se actuó para disponer de los recursos para otorgarlas.
Una de las pensiones fue otorgada a Eldaí López López, quien su último cargo fue de actuaria de segunda instancia adscrita a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de Morelos.
La otra controversia fue presentada por Uriel Carmona Gándara, entonces titular de la Fiscalía General del Estado, quien impugnó la pensión otorgada a Carlos Alberto Figueroa Vázquez, quien ocupó cargos relevantes en la entidad, entre ellos, el de procurador fiscal en el gobierno de Graco Ramírez.
Tanto el poder ejecutivo y legislativo local alegaron que ambos poderes contaban con el presupuesto necesario para cubrir las pensiones.
Sara Irene destacó que los órganos legislativos no pueden otorgar de manera directa las pensiones y mucho menos dirigir de manera unilateral los recursos ni determinar las pensiones de otros poderes del Estado.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía propuso hacer una modificación al proyecto de su homóloga para que se vincule al Congreso y se establezca con precisión a quién le corresponde entonces pagar esa pensión.
Al respecto, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que el Poder Judicial es quien debe cubrir la pensión de Eldaí López.
“Entiendo que así quedarían los efectos, al final el Poder Judicial es quien debe cubrir la pensión porque es en donde prestó servicio la persona afectada y el congreso estaba vinculado para generar las acciones, darle la suficiencia presupuestaria, incluso se tiene que presupuestar no sólo este año sino año con año para garantizar este derecho”, expresó.
En el caso de la pensión de Carlos Alberto Figueroa Vázquez, los ministros repitieron la votación y vincularon al Congreso a cumplir con los lineamientos aprobados en la otra controversia, ahora para que se dote de recursos a la fiscalía estatal.
CHZ
