Por vez primera, las voces de la comunidad de personas con discapacidad retumbaron en el corazón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para demandar ser escuchados y exigir que los legisladores no aprueben leyes sin antes ser consultados.
En la primera audiencia pública, sin apoyo de terceras personas, invidentes, sordomudos, pacientes de hospitales psiquiátricos, autistas, maestras sombras, personas con una discapacidad congénita o motriz, madres de niñas y niños con síndrome de down o que padecen otras discapacidades, relataron su día a día, en donde constantemente enfrentan barreras y discriminación.
Te recomendamos leer...
Postura de Lenia Batres
Pero también alzaron la voz para oponerse al proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien el 7 de octubre propuso al Pleno de la Corte abandonar el criterio que por nueve años ha permitido al máximo tribunal de justicia invalidar leyes que tocan derechos de comunidades indígenas o personas con discapacidad por falta de consulta.
La ministra Batres les explicó de qué va su propuesta, pero lo hizo con tecnicismos, como si la mayor parte del público fueran abogados o estudiantes de la carrera de Derecho. La togada señaló que su proyecto plantea que para impugnar una norma se deben reunir 15 firmas de personas con discapacidad.
Miguel Ángel Miranda, de la Alianza Morelense, quien participó a distancia porque no obtuvo permiso para faltar al trabajo, fue contundente. Dijo que la propuesta de la ministra es “regresiva”.
“Yo lo que quiero comentar respecto a la propuesta que hace la ministra que, aunque pareciera paradójico, en primer lugar considero que podría ser regresivo. ¿En qué sentido? Es complicado el hecho de impugnar una norma como una persona con discapacidad, entiendo que se dan las facilidades, entiendo que estamos hablando de 15 firmas, que aparentemente no significaría un trabajo tan difícil juntar a 15 personas que firmen, pero lo estamos viendo o lo están viendo si me permiten, digo con todo el respeto, sin verlo desde nuestra parte como personas con discapacidad”.
Ángel Ibarra Jasso narró que históricamente han sido discriminados y que las normas las crean personas que ni siquiera tienen idea de lo que están impulsando.
Comentó que la Corte debe construir un criterio que obligue a los legisladores a acercarse a las personas con discapacidad y no al revés, y que se incluya en los juicios la “perspectiva de personas con discapacidad”.
“Lo importante también es que en este criterio se incluya que las y los legisladores deben de ser los obligados a acercarse a las prioridades de discapacidad, no solamente manifestar, que se acerquen y que vengan los interesados o interesadas”.
Critican actuar de los políticos
Saori Beatriz Pérez Milo padece autismo y criticó a los políticos, de quienes dijo, solo "les gusta sacar raja" de cualquier tema para conseguir votos y solo se acercan para tomarse la foto.
“Para las fotos y los votos todos aman el autismo y cualquier tipo de discapacidad, pero cuando se trata de garantizar derechos desaparecemos de las mesas de decisión y lo mismo ocurre en cualquier fecha en la que se utilice a las personas con discapacidad para la conveniencia pública, mientras el resto del año somos invisibles para el Estado”.
María Guadalupe Pinto es maestra sombra, es decir, una profesional de educación que otorga apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales.
Manifestó que en el país no hay un protocolo unificado para inclusión educativa y mucho menos existe una normativa federal que regule totalmente la figura de maestra sombra. La mayor parte de los que otorgan esta función, apuntó, lo hacen de manera privada y es costoso para las familias.
Corte aclara que no ha abandonado el criterio
El descontento de las personas con discapacidad hizo que la ministra Yasmín Esquivel Mossa pidiera la voz para aclarar que la Corte no ha abandonado el criterio que por nueve años le ha permitido echar abajo normas por falta de consulta.
“Ahora bien, no puede haber ni debe haber proyecto antes de escuchar a las personas con discapacidad, para eso es la consulta, hacer lo contrario sería una falta de respeto a la audiencia, a esta audiencia pública y a las personas que asisten en ella”.
“Entonces, es importante precisar que aquí se trata de escucharles para tomar un criterio, para que se elabore un proyecto con todo lo que aquí se vaya señalando con relación a lo que señala la convención y la obligación de realizar la consulta previa en los congresos estatales”.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía dejó claro que la propuesta de Lenia Batres es meramente su opinión.
“El cambio de criterio que ha señalado la ministra Lenia Batres es su opinión y es una cuestión que está sometida a debate por esta Suprema Corte”, subrayó.
Es que el 7 de octubre, la ministra Batres Guadarrama aseguró en la sesión pública del Pleno y en redes sociales que la Corte había abandonado el criterio, pero la realidad es que ni siquiera se reunieron los seis votos para ello.
Tras más de cuatro horas, los ministros encabezados por su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, escucharon las distintas voces de personas con discapacidad que demandan ser escuchados por primera vez.
RM
