El grito desesperado de Sinaloa: Los testimonios de quienes denunciaron nexos con el narco

M+.- El síntoma más común de la narcoviolencia está en las calles de Culiacán. De día, la capital es un paisaje de cortinas metálicas cerradas y letreros de 'Se Renta'. Los locales cierran y no vuelven a abrir. Por la noche, la ciudad le pertenece a los retenes, al fuego provocado y a las balaceras que dictan un toque de queda de facto.

Los únicos que alzan la voz son las víctimas, empresarios, abogados e integrantes de la sociedad civil sinaloense, quienes consideran que las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya y su círculo cercano son el pináculo de una tragedia que denunciaron durante años en soledad; una realidad que intentaron llevar ante la justicia mexicana sin éxito alguno.

En entrevista con MILENIO, activistas sinaloenses son tajantes: ya lo habían advertido desde hace dos años, después de la entrega de Ismael El Mayo Zambada. Incluso acudieron ante el Ministerio Público para denunciar la fabricación de pruebas y la obstrucción de la justicia. 

Mientras tanto, en la entidad crecía, en silencio y con omisión, el número de personas asesinadas y desaparecidas. Una situación que ellos mismos califican como “una pandemia narca”.

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Ellas no buscan culpables, buscan trozos de vida

“Pues esto es Sinaloa… mira, bienvenido a nuestro Sinaloa”, dice con ironía María Isabel, desde un basurero irregular en Mocorito donde busca restos humanos, de su hijo Josimar o de cualquiera de los más de cinco mil desaparecidos que hay en el estado desde hace dos años.

No ha dejado de decir que “nunca se quiso escuchar la voz de los sinaloenses”. Se convierte en una voz autorizada para hablar del dolor de las madres víctimas de una guerra, que durante nueve años, junto con su colectivo Sabuesos Guerreras, ha hecho el trabajo de las autoridades: buscar a los desaparecidos.

“Con (Rubén) Rocha o sin él, el control territorial sigue en las mismas manos. Esto era necesario que saliera. Pero no cambia nada, no sabemos si serán los tiempos políticos que vienen, porque ahorita esta es la guerra; los cambios políticos son los mismos entre ellos”.

Denuncias, ignoradas por fiscalías

Lo que hoy es un expediente criminal en Estados Unidos también fue denunciado formalmente en territorio mexicano en febrero de este año.

Presidentes de colegios y asociaciones legales ya advertían ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) sobre el montaje institucional diseñado para encubrir la colusión entre el gobierno estatal y las facciones criminales en torno al asesinato de Héctor Melesio Cuén.

En la denuncia exponen las contradicciones entre la versión oficial de la Fiscalía estatal —que atribuyó la muerte de Cuén a un intento de robo — y los dichos de El Mayo. 

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Señalan como probables responsables a Rocha Moya; a su secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, a quien describen como el 'brazo garrotero' del mandatario; a la exfiscal Sara Bruna Quiñones, hoy señalada como prófuga de la justicia; y al también exfiscal Juan José Ríos Estavillo, a quien —según la denuncia— se le obligó a dejar el cargo.

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A decir del presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, Rocha Moya entregó las instituciones al crimen organizado mientras la ciudad se convertía en campo de batalla.

“Aquí están las consecuencias de haberle vendido el alma al diablo. Nosotros pusimos una denuncia por delincuencia organizada y otros delitos; batallamos mucho para que nos recibieran, nos tuvieron tres horas ahí analizándola, comentándola, hasta que por fin nos la tuvieron que recibir.

“La pasan a una mesa especializada en terrorismo, acopio de armas y otras cosas más con nombres rimbombantes que le ponen en las agencias. Supuestamente se inició la investigación, investigación que nunca vimos”.

Aquí el reporte: 

Nepotismo de los Inzunza en Poder Judicial, nada nuevo 

La salida del gobernador y los señalamientos contra un senador exhibieron también un sistema que permitió el nepotismo en los tribunales durante años y las miradas se dirigen directamente al llamado 'Clan Inzunza'.

Miguel Ángel Murillo Sánchez es activista político, representante legal del Frente Cívico Sinaloense y fue candidato independiente. En 2024, juntó firmas para someter a votación si el gobernador Rubén Rocha Moya debía dejar el cargo, pero la revocación de mandato no aplicó para su administración por tratarse de una ley nueva no retroactiva.

Durante la entrevista, denunció que el senador Enrique Inzunza —considerado el brazo derecho de Rocha y pieza clave del entramado— tejió una red de nepotismo que se extiende por diversas instituciones: su hija Aitana ocupa la Coordinación de Asesores de Morena en el Senado, mientras que su esposa, Claudia Yuridia Meza Avendaño, funge como magistrada presidenta de la Tercera Sala Civil, Mercantil y Familiar.

Sus hermanas Aida y Lorena —la primera magistrada electoral, la segunda jueza en el Juzgado Tercero Civil— y su hermano Javier, secretario de Acuerdos, ocupan escaños clave en el Poder Judicial estatal. 

Los sobrinos tampoco quedaron fuera: Iliana Guadalupe Cázares Rodríguez dirige una región del Centro de Mecanismos Alternativos; Emilio Cázares Valdez es jefe de unidad en la Oficialía Mayor; Diana Elide Iribe Cázares juzga en Mocorito; y la prima Yarely Lizeth Valdez Inzunza vigila el seguimiento de causas en la zona centro-norte. 

Todos ellos, piezas de un mismo engranaje que, denuncian los activistas, convirtió la procuración de justicia en un aparato al servicio del poder.

“Hoy queremos una limpia en el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa —dice Murillo—. No puedes tener un hermano señalado por el Departamento de Estados Unidos como narcotraficante y resulta que tu hermana, tu esposa y tus hermanos son jueces o magistrados.

“Se acabó la carrera jurídica, ahora lo que vale es ser familiar de los Inzunza, de los Cázares.

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Corrupción policial 

Lucía Mimiaga, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SEA y activista de derechos humanos, explica la opacidad estructural y la falta de cuentas claras que permitieron el saqueo y la violencia. Señala un foco de atención que, dice, ha sido ignorado: las corporaciones policiales.

A través de periodistas y organizaciones no gubernamentales, afirma Mimiaga, se ha documentado durante años en Sinaloa la presunta colusión del crimen organizado en estructuras gubernamentales clave, como las policías municipales y estatales.

“Los activistas hemos alzado la voz. Hemos tenido marchas, manifestaciones, desplegados. Hemos ido al Congreso a señalar que tiene que haber más transparencia, rendición de cuentas, justicia y paz en el estado”.

“El gobernador llegó con el apoyo del cártel”, acusa sinaloense 

Miguel Taniyama atiende desde su restaurante en Culiacán. No se esconde. Ha alzado la voz, ha sido amenazado, pero él sigue ahí, tranquilo, con la seguridad de quien sabe que tiene a la banda de su lado. 

Es político, pero no milita en ningún partido. Se dice empresario, ciudadano y activista. Quiere ser alcalde, y en Sinaloa eso ya es una declaración de guerra.

Se ha reunido con el PRI y con el PAN, pero con ninguno se siente convencido. No quiere partido, dice. Esta semana organizó una carne asada afuera del Ayuntamiento para celebrar que el alcalde Juan de Dios Mendívil ya no está. 

En el partido lo aborrecen; al más puro estilo narco, usaron drones para lanzar panfletos con fotografías de Sandra Ávila Beltrán durante la manifestación opositora.

Justifica su rechazo al partido en el poder: en cuatro años ha cerrado tres sucursales. La violencia, la inseguridad, la parálisis económica. Hoy prefiere invertir en Querétaro. “Sinaloa nomás no se recupera”, lamenta.

Taniyama es tajante: “es el desenlace de la última elección —dice—. Cuando llega el gobernador Rocha, llega abiertamente con el apoyo del cártel. Esa es una realidad. Se hizo una denuncia pertinente”.

Para él, el error fue de origen:

“El acuerdo tenía que haber sido con el ciudadano, con la sociedad, y no con el cártel. Muchos en aquel momento dijimos: ¿qué va a pasar con esta escalada de poder del cártel?”

Compara las dos pandemias: “si de por sí la pandemia fue compleja, la pandemia narca es devastadora. Devastadora. El infierno mismo para los empresarios, para las familias, para los jóvenes que dejaron una vida a un lado”.

¿La prueba? La implosión del cártel, dice, “fue entre ellos. Pero mientras ajustaban cuentas, los ciudadanos de a pie pagaron los platos rotos”.

La pregunta flota en el aire. —¿Candidato?—, él titubea. “Sí, me animaría. Me animaría por mi ciudad, solo y sin partido”.

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"Estamos de pie"

Martha Reyes es ciudadana, tiene empresas dentro del ramo ganadero y es presidenta de Coparmex en Sinaloa, de las pocas voces que han encarado al presente gobierno. Desde hace meses ha impulsado marchas ciudadanas por la paz, en un estado donde o estás con ellos o estás contra ellos.

Esta semana ayudó a convocar la misma carne asada donde los empresarios celebraron, por unas horas, la licencia de los funcionarios. 

Durante un encuentro con medios de comunicación expresó: “no queremos más muertos, no queremos más robos de carros, no queremos más empresas cerradas. Queremos la prosperidad que nos robaron. Eso es lo que sí queremos”.

“Lo que queremos es que la fiscalía haga su trabajo, que la Secretaría de Economía, el gobernador (Rubén Rocha), la gobernadora (Yeraldine Bonilla) y la presidenta Claudia Sheinbaum se pongan a trabajar para nosotros, no para defender a unos cuantos”.

Para Martha es importante enviar un mensaje a la ciudadanía: “es el recordatorio de que aquí estamos, estamos de pie”.

—¿El final de Morena en Sinaloa?—, se le pregunta.

“Eso lo van a decidir los ciudadanos —dice—, y ojalá que cada vez que vayan a una urna valoren si ponen en juego la vida de sus hijos o el cuidado de un funcionario”.

—¿Se postulará?—, le insisten.

“Les voy a hacer la vida imposible, no les conviene. Tengo las ganas y la voluntad, pero creo que necesitamos a alguien muy estratégico. No es porque yo sea menos, sé lo que soy. Hay nuevos perfiles”.

 “No se contempla la atención a medios” 

MILENIO solicitó entrevista en reiteradas ocasiones tanto al gobierno del estado como al ayuntamiento de Culiacán para conocer su postura frente a las denuncias. 

Ambas administraciones se negaron a hablar. La oficina de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, se limitó a responder con un: “no se contempla la atención a medios”.

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