A cinco días de concluir el periodo ordinario, el bloque del Partido del Trabajo y Morena pidió abrir audiencias públicas con asociaciones civiles y académicos para revisar la Ley de Seguridad Interior.
En dos comunicaciones dirigidas a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, el presidente de la Comisión Segunda de Estudios Legislativos, Benjamín Robles, pidió que se realice un calendario de audiencias públicas, para conocer los posicionamientos de quienes han manifestado públicamente su preocupación en el contenido de la ley.
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El oficio, enviado a las comisiones de Gobernación, de Defensa Nacional y de Marina, propone definir un calendario que contemple mesas integradas de manera plural con un formato que propicie el debate y confrontación de posturas opuestas.
El vicecoordinador político del PT, Miguel Barbosa, aseguró que aunque el Ejecutivo pidió al Senado revisar y abrir a debate la Ley de Seguridad Interior, ni los priistas ni el gobierno federal han desistido en su intención de aprobar esta semana la minuta enviada por los diputados.
De acuerdo con el legislador, la suspensión de la sesión de las Comisiones Unidas prevista para mañana, en la que se dictaminaría la ley "es una simulación, el gobierno no se ha desistido de su pretensión de aprobar esta ley en el actual periodo ordinario, que termina el próximo día 15".
Barbosa pidió que el Senado posponga la aprobación, que se escuche de verdad a la sociedad.
"Pero nos encontramos ante un gobierno insensible, dispuesto a aprobar una ley que no resuelve ningún problema y por el contrario representa un error histórico y una falta terrible de visión y responsabilidad de sus impulsores", dijo.
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La lista de organizaciones y participantes incluye a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el INAI.
Así como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Borde Jurídico, México Unido contra la Delincuencia y Artículo 19.
También contempla a académicos e investigadores como Amalia Laura Magaloni, Laira Negrete y Mariclaire Acosta Urquidi, entre otros.
OVM
