M+.- Durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación crecieron más de mil 400 por ciento, tras revelarse el posible ejercicio de recursos públicos sin comprobación mediante contratistas ligados a la expresidenta consejera del instituto.
De acuerdo con una revisión hecha por MILENIO de las cuentas públicas, entre enero de 2019 y marzo de 2023, el INE reportó apenas 4.3 millones de pesos en posibles irregularidades, las cuales fueron aclaradas en su totalidad; sin embargo, desde abril de 2023 hasta el primer trimestre de 2025 sumaron 66.6 millones de pesos en posibles daños al erario.
El incremento de irregularidades se vio reportado por la ASF cuando en 2024 se detectó que el instituto pagó 63.2 millones de pesos a Comercializadora JVLY por materiales de capacitación electoral sin acreditar completamente el servicio, mientras el dinero fue transferido a terceros cuya participación en los trabajos no pudo comprobarse.
Ese contrato concentra 95 por ciento del probable daño observado en el ejercicio y coloca bajo escrutinio a las áreas que contrataron, supervisaron y autorizaron los pagos, en medio de la crisis política que desembocó en la renuncia de Taddei el 26 de octubre pasado.
Su salida dejó abierta la discusión sobre quién debe responder por las decisiones administrativas del organismo, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum pidió una revisión amplia de las contrataciones que abarque tanto la gestión de Guadalupe Taddei como la de Lorenzo Córdova.
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El expediente de JVLY sostiene que la empresa fue contratada el 7 de marzo de 2024 para imprimir, producir y distribuir materiales de simulacro con los que se prepararía al personal participante en la organización de las elecciones.
Para comprobar el servicio, el INE debía documentar las entregas desde las juntas locales hasta los supervisores y capacitadores, pero los auditores encontraron diferencias entre los registros de las distintas áreas y documentación insuficiente para acreditar la totalidad de los trabajos.
Las dudas alcanzaron la capacidad de la compañía para cumplir el contrato, pues presentó una opinión de cumplimiento que mencionaba 76 trabajadores registrados, mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que no tenía movimientos de afiliación durante 2024.
Al revisar las cuentas bancarias, la ASF encontró que los recursos fueron enviados a nueve empresas y una persona física, sin poder verificar su relación con el servicio, entre ellas BAMA Productos, Comercializadora EB, Central Ferguson, Desarrollos PRAEDIOS y Plásticos y Metales MYC.
Además, el instituto liquidó las facturas hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque habían sido emitidas desde mayo, lo que agregó cuestionamientos sobre los controles de pago y la actuación de quienes administraron el contrato.
Por estas deficiencias, la ASF promovió investigaciones contra los servidores públicos que debían supervisar las entregas y verificar la documentación, aunque sus acciones no identifican a Taddei por nombre como responsable del probable daño.
La fiscalización de 2024 documentó otros dos casos que completan los 66.6 millones de pesos señalados. En el primero se reportó un convenio con Talleres Gráficos de México, donde la ASF observó 1.07 millones de pesos destinados a comprar un millón 197 mil materiales didácticos sin evidencia de recepción, uso y destino entre juntas distritales, supervisores y capacitadores.
Por otra parte, determinó 2.25 millones por vehículos arrendados a Jet Van Car Rental que acumularon 2 mil 171 días de uso ajeno a los módulos de atención ciudadana, sin documentación que lo autorizara, incluyendo compras de insumos de cafetería.
En lo que respecta a los últimos años de la administración de Lorenzo Córdova en el INE, la Auditoría señala que en 2021 se determinaron 1.56 millones por penalizaciones que el INE no cobró a Mainbit ante retrasos en la instalación de equipos de cómputo, monto que posteriormente aparece justificado.
Además, en 2023, año del relevo, las observaciones sumaron 2.73 millones, principalmente por pagos a trabajadores cuyos expedientes no acreditaban la experiencia o escolaridad requerida, además de estímulos improcedentes y penalizaciones omitidas por servicios de estenografía.
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HCM
