El INE prevé proponer que la reforma electoral corrija imposiciones de la reforma judicial que complicaron la elección, como cambiar los topes de gastos de campaña y las restricciones de campañas para que las candidaturas sí puedan hacer proselitismo permitiendo los encuentros en calles para darse a conocer, siempre que respeten la austeridad.
MILENIO tiene una copia de la propuesta de mejora normativa que la consejera presidenta Guadalupe Taddei y la Secretaría Ejecutiva entregaron al Consejo General, como el proyecto que se prevé entregar a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral para que modifiquen lo que complicó la primera elección para elegir a jueces, magistrados y ministros.
El documento contempla ajustes a la Constitución y a las diferentes leyes electorales para evitar que en el 2027 se repitan situaciones como los señalamientos por supuestos vínculos ilícitos o antecedentes de candidaturas en lo que el INE no podía intervenir, listados que entregó el Senado con errores, tener que ajustar triunfos tras la elección para garantizar la paridad que las listas de los Comités de Evaluación omitieron, o restricciones que complicaron las campañas y el derecho de las candidaturas de darse a conocer y convencer a la ciudadanía de darles su voto.
Para la etapa de convocatoria, la propuesta plantea que se incluya como otro requisito básico la constancia de antecedentes no penales de los aspirantes y el certificado de que no son deudores alimentarios, para garantizar que quienes se postulan no tienen algún impedimento.
También, que el INE pueda devolverle al Senado la lista de candidaturas si las entregan con errores como pasó en esta elección, en donde el entonces presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña reconoció que cometieron errores porque “somos humanos y nos podemos equivocar” y la ley restringía que la autoridad electoral pudiera intervenir.
Esto incluye devolver las listas si los Comité de Evaluación no garantizaron que la paridad, pues en la pasada elección esto llevó a que fuera hasta después de la jornada electoral que el Consejo General tuviera que quitarle triunfos a los hombres para dárselos a mujeres o ajustar espacios para respetar la paridad constitucional que los comités no consideraron.
El INE también pide que ya no se les excluya de la organización, sino que se le reconozca para, por ejemplo, ajustar el marco geográfico para que la ciudadanía sí vote por el juez que le corresponde sin depender de los tiempos de Poder Judicial, como en la pasada elección que debían considerar al Consejo de la Judicatura que al final determinó no colaborar.
En la etapa de campañas, el INE pide que se reconozca explícitamente que sí está permitido hacer reuniones presenciales para dar a conocer sus propuestas, siempre y cuando éstas no sean masivas y se respete la austeridad lo que será obligación de la autoridad electoral supervisar.
Además, que se ajusten los topes de gastos de campaña dependiendo de los cargos como tuvo que aprobarlo el Tribunal Electoral horas antes del arranque de campañas, pues la ley establece un tope mínimo comparado con las diputaciones independientes, lo que al final no se respetó pero que sigue vigente en la ley.
El INE también propone que sea el Consejo General el que distribuya los tiempos de radio y televisión dependiendo de lo espacios disponibles, cambiando la actual redacción que permite que se entienda que éste es un derecho individual de cada candidatura, lo que se vuelve imposible de cumplir ante la gran cantidades de perfiles.
Para la etapa posterior a la jornada electoral, el INE propone que se pospongan los cómputos distritales hasta 15 días después de la jornada electoral, pues si se mantiene la idea de que haya todo tipo de elecciones el mismo día, sería imposible contar todos los votos, por lo que se daría prioridad a las elecciones del Ejecutivo, después a las del legislativo y hasta 15 días después a las del judicial.
Y que cuando haya renuncias de triunfadores, el INE pueda nombrar a los segundos lugares para evitar vacantes.
Esta propuesta está en análisis y será ajustada con las observaciones del Consejo General antes de entregarla a la Comisión Presidencial en enero.
