La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas se instaló este lunes recalcando que el INE sí tiene el objetivo de “disminuir los riesgos de infiltración delictiva” en los procesos electorales, a pesar de que la revisión de perfiles sólo se activará por petición expresa de los partidos, que la información que reciban no será vinculante y que la postulación de quienes resulten con o sin riesgos dependerá sólo de cada fuerza política.
En su primera sesión, la comisión encabezada por el consejero Arturo Chávez e integrada por la consejera Norma Irene de la Cruz y el consejero Uuc-kib Espadas aprobaron los lineamientos con los que trabajarán, comenzando por definir que ésta será la única sesión pública, pues el resto, al tratar información confidencial deberá ser privada y sin presencia de los partidos políticos.
Por lo que, las solicitudes que la comisión procese serán únicamente del conocimiento de las tres consejerías, las Secretaría ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, pero sin que tengan acceso a la información que las autoridades remitan a los partidos políticos, es decir, únicamente como puente de recepción y entrega. Por lo que, tampoco se informará a quiénes se está investigando o si tuvieron riesgos o no.
Entre los lineamientos con los que debe actuar la Comisión destaca que antes de procesar una solicitud de información, debe contar con “un consentimiento previo, libre, informado, expreso e inequívoco” de cada persona que el partido está solicitando investigar, además del mismo consentimiento por parte de las dirigencias de los partidos que lo solicitan.
La información es absolutamente confidencial y, sobre todo, no serán vinculante, no podrá afectar la elegibilidad legal ni constitucional de los perfiles, deberá respetarse la presunción de inocencia y, por lo tanto, el INE no formará parte de ninguna decisión de postulación y todo quedará en manos exclusivas de los partidos políticos.
“Si bien, la creación de esta comisión representa un hito histórico y nos corresponderá actuar como articuladores entre todos lo partidos políticos, candidaturas independientes y las instituciones, la inclusión en las listas que serán revisadas por estas instituciones serán estrictamente voluntarias, tanto por las personas como por parte de los partidos y en caso de existir riesgo razonable, la decisión final de mantener las postulaciones corresponderá única y exclusivamente a los partidos políticos y candidatos independientes.
“Es por ello que nuestra labor deberá acotarse a actuar estrictamente por solicitud de la parte interesada garantizando el consentimiento previo, libre, informado, expreso e inequívoco de los sujetos involucrados, ponderando en todo momento el derecho a la presunción de inocencia y la garantía a la estricta confidencialidad, ya que la información recibida no constituirá, en ninguna circunstancia, declaraciones de definitividad, no alterarán los derechos político-electorales y no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la ley”, explicó el consejero presidente de la comisión Arturo Chávez.
A pesar de que el INE sólo será un vínculo entre los partidos que hagan las solicitudes expresas, verificará que cuente con los consentimientos y turne la lista de perfiles a investigar al SAT, la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el consejero sostuvo que el INE sí tiene como objetivo contribuir a reducir la infiltración criminal.
“Tendremos como objetivo disminuir la opacidad y los riesgos de infiltración delictiva, coadyuvaremos a través de la cooperación y coordinación institucional con instancias de seguridad e investigación, así como con partidos políticos y perfiles independientes, para prevenir que perfiles con factores de riesgo y asociados a la delincuencia o a la corrupción tengan incidencia en espacios de decisiones fundamentales para la vida pública de México. Hoy escuchamos como partidos políticos se acusan uno a otros de ‘narcopartidos’, ‘narcogobiernos’ y ponen como ejemplo a distintos gobernantes de distintos niveles acusados de uno u otro delito.
“Lo decimos claramente la delincuencia organizada no tiene ideología política, busca infiltrarse donde sea posible, independientemente del color partidista, por eso debe ser un compromiso de todas y de todos frenar este fenómeno que le hace daño a la sociedad mexicana, frenar la infiltración de la delincuencia organizada significa frenar la delincuencia política y la corrupción, y apostar porque la gobernanza democrática de un país debe mantener la paz y los procesos electorales apegados a la legalidad, la transparencia y la integridad de todas y todos que han decidido hacer vida pública”.
Detalló que, en el 2024, la violencia político-criminal alcanzó a 659 personas e instalaciones, y en 2023 la cifra fue de 567 personas, por lo que hay una escalada que se debe controlar, además de que el 68.3 por ciento de estos ataques se dan en nivel municipal.
Consejero pide ampliar revisión para incluir a suplentes
El consejero Uuc-kib Espadas pidió hacer modificaciones a la propuesta de lineamientos, que de manera original, en el ámbito municipal, se centraba únicamente en los perfiles que aspiraban a una presidencia municipal o alcaldía, pero alertó que si la mayor infiltración es en ese nivel, puede haber estrategias para que grupos criminales se involucren desde la suplencias.
“No debe estar sujeto a revisión solamente la cabeza de las planillas, es decir, quien se postula para presidencia municipal, sino el conjunto de postulaciones, toda la planilla, presidente municipal y todos los regidores, y por supuesto que también los suplentes.
“Para decirlo con crudeza, si nosotros abrimos la posibilidad de que los suplentes no sean escrutados, también podríamos abrir esa vía para que personas con riesgo razonable supieran que por esa vía podrían transitar la verificación sin tener información a la que acceda el partido político”.
Lo que el resto de la Comisión respaldó y se aprobó modificar, así como incluir la revisión con las fiscalías locales y no únicamente con la Fiscalía General de la República.
También se ajustó concentrar la revisión en los perfiles que aspiran a las precandidaturas, pues el consejero Espadas recalcó que es cada vez menos común que un precandidato o precandidata no se quede con la candidatura. Y eliminar la restricción que preveía que el partido solo podría hacer una revisión por cargo, pues el consejero alertó que esto impediría que, en caso de que la primera propuesta de un partido resultara con riesgo y lo cambiaran, el segundo ya no podría revisarse.
“No se puede hacer una postulación por cargo, la finalidad es que si se encuentran perfiles con riesgos razonables, los partidos pueden decidir no postularlos y tendrían que postular a otra persona, y esa nueva persona también puede ser objeto de escrutinio”.
Con estos ajustes, se aprobaron los lineamientos que deberán pasar a la Junta General Ejecutiva y al Consejo General para su aprobación definitiva. Además, de que deberán formalizarse los convenios de colaboración con las autoridades de seguridad, justicia e inteligencia para formalizar cómo será el intercambio de información.
LG
