El Instituto Nacional Electoral aprobó el protocolo para prevenir factores de riesgo en la elección judicial, que implica que las y los candidatos podrán solicitar protección y serán las mesas de seguridad federal o estatales, las que determinen el nivel de riesgo.
El modelo que se seguirá, será el mismo que se implementó en la elección federal de 2024, donde el INE se hará cargo de las solicitudes de candidaturas federales y los Organismos Públicos Locales Electorales las que tienen competencia local, siempre con la posibilidad de excepciones.
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Las autoridades estatales y federales con sus gabinetes de seguridad, deberán identificar en todo el país mapas de riesgo elaborados por las autoridades, para detectar problemas de inseguridad, problemas sociales o problemas con la presencia del crimen organizado, basándose también, en el escenario de violencia que se vivió en la elección del año pasado.
El protocolo contempla tres niveles de actuación y de riesgo, el primero, es “la identificación de zonas, distritos y/o municipios que tengan una condición latente a complicarse o a reactivarse, en caso de que haya algún antecedente de problemáticas de inseguridad o violencia”.
El segundo nivel es la mediación, en los lugares “en donde exista una complicación que podría resolverse con la participación de alguna de las autoridades que integren las mesas a través de reuniones o canales de diálogo que resulten idóneos para llegar a acuerdos que permitan realizar sin inconvenientes el desarrollo de los procesos electorales”.
Y el tercer nivel de intervención, en donde se dará seguridad inmediata, es en donde las autoridades determinen “una actuación inmediata y coordinada para salvaguardar la seguridad y protección”.
Además, para el periodo de campañas, se deberá tener la identificación de aquellas personas que puedan ser objeto de amenaza o actos de violencia para aplicar protocolos preventivos, adicional a aquellas solicitudes directas de las y los candidatos.
“Atención a las personas candidatas a juzgadoras según el nivel de violencia política, incidencia delictiva y riesgos detectados para el PEEPJF 2024-2025 y concurrentes. En el supuesto que, durante las campañas, el INE reciba solicitudes de protección a personas candidatas a juzgadoras serán remitidas por las instancias superiores de oficinas centrales a las autoridades competentes.
“En caso de cargos de elección local, serán remitidas al OPL que corresponda, para que se coordinen con las autoridades locales competentes en la Entidad Federativa”.
También se prevé la protección para el personal de campo “para salvaguardar la integridad física de los servidores públicos y de los electores en zonas con presencia del crimen organizado”.
Como en los últimos procesos electorales, el INE reitera que no tiene facultades de seguridad pública, por lo que salvaguardar la integridad de las personas candidatas, del personal en campo y de la población en general, tanto en periodo de campañas como el día de la jornada electoral es competencia de las autoridades gubernamentales y no de la electoral.
Por lo que sólo prevé que el INE tendrá la facultad de atraer casos, en aquellas elecciones locales en las que se advierta la existencia de factores de riesgo de violencia que esté directamente involucrada con grupos criminales.
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