El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, respondió a la polémica que generó la compra de nueve camionetas blindadas con un valor de 2.4 millones pesos cada una, y aclaró que la adquisición no obedeció a cuestiones de seguridad por amenazas, sino porque el parque vehicular está deteriorado y los ha dejado tirado en carreteras durante las comisiones que han tenido fuera de la Ciudad de México.
Dijo que la Corte está dispuesta a ser austera, en incluso manifestó no tener algún problema en viajar en el Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro, como lo hace cualquier ciudadano.
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Sin embargo, advirtió que no gastar un peso por austeridad podría paralizar al Poder Judicial de la Federación (PJF).
En una accidentada conferencia de prensa, Aguilar también desmintió al ministro Arístides Guerrero García, quien contestó a dos preguntas expresamente dirigidas a él y a las que respondió que la anterior integración se llevó obras de arte y cuatro camionetas, insinuando que se las robaron.
El presidente de Corte fue cuestionado sobre ese supuesto robo. Y corrigió al ministro:
“No, el acuerdo es que las compran (las camionetas), que se hace un avalúo interno y las compran. El costo es bajo, pero hay un acuerdo plenario, no de éste pleno, del pleno anterior, que podían adquirir sus vehículos, se llevaron cuatro vehículos, obviamente las que estaban en mejores condiciones, compradas, no se las robaron, hay que puntualizar”, dijo.
Aguilar Ortiz ofreció una disculpa por los comentarios de Arístides e insistió: “No se los robaron, no se los llevaron, está normado, por eso es importante señalar esto”.
El ministro presidente comentó que, en coordinación con el Órgano de Administración Judicial (OAJ), las camionetas serán asignadas a juzgadores que verdaderamente requieren mejorar las condiciones de seguridad, ante el peligro que pueden enfrentar por su trabajo.
“Entendemos los cuestionamientos, si quisiera dejar claro que seguridad no implica asumir que estamos cambiando de decisión de servir al pueblo con el mínimo necesario; también decir, con mucha claridad a la opinión pública y al pueblo de México: nos comprometimos actuar con austeridad, pero en la austeridad no va a tener ninguna implicación en funcionamiento institucional, que somos una institución que escucha dialoga y está en actitud permanente de mejorar en beneficio del pueblo.
“Hemos tomado la decisión de no usar vehículos e iniciar el proceso de revisión para, desincorporar o para ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan riesgos o amenazas en ejercicio de su función, siempre dentro del marco legal y administrativo aplicable”
Apuntó que al 1 de septiembre de 2025 se adquirieron 43 vehículos blindados, de los cuales recibieron 39 vehículos, mismo que fueron adquiridos por la anterior integración.
Durante los últimos cuatro meses, abundó, tuvieron algunos incidentes de fallas mecánicas y “en el camino se quedaron varios vehículos”.
Protección a jueces
Por su parte, el magistrado Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), mencionó que al menos 40 juzgadores en el país cuentan con protección, ya sea con chalecos antibalas, camionetas blindadas y escoltas.
Recordó que el Poder Judicial de la Federación en el año 2022 tuvo un presupuesto aprobado de 73 mil millones en el número de órganos, en el 23, 77 mil millones, en el 24, 78 mil millones, en el 25, 70 mil millones y en el 26, 70 mil millones, es decir, 7 mil millones menos que en el año anterior, 2025.
“Como ustedes podrán analizar, el Poder Judicial de la Federación está obligado a cumplir, además de que es condición propia de cumplir con los principios de austeridad, a la luz de este recorte de este año que representó 16 mil millones de pesos.
“También estamos viendo la posibilidad de hacer un ajuste de las estructuras administrativas, no de los órganos jurisdiccionales y también respetando los derechos de los trabajadores de bases sindicalizadas, estamos viendo la posibilidad de que en este año ahorremos 400 millones de pesos. También eliminamos el seguro de gastos médicos mayores para los altos niveles, lo que representa un ahorro de 191 millones”, agregó.
Evade aclarar
Cuestionado sobre las razones que llevaron a la renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo como integrante del OAJ, el magistrado aseveró desconocer los motivos. Esto, a casi un mes de que dicho órgano no ha dado a conocer de manera oficial la dimisión al cargo.
Por su parte, el presidente de la Corte declaró que próximamente darán a conocer el perfil de la mujer que sustituirá a la magistrada.
LP
