Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto 'N', emitió un mensaje a nombre de su familia tras la detención del político panista el 16 de junio en Ensenada. Manifestó que el silencio no es una opción ante lo que consideran un trato "indigno y humillante".
Durante su declaración, confirmó que su padre, de 74 años, fue trasladado a más de dos mil kilómetros de su hogar. Criticó fuertemente que permanezca privado de la libertad sin que un juez haya valorado las pruebas en su contra.
Te recomendamos
Una vida pública bajo el escrutinio ciudadano
La hija del exmandatario estatal defendió la trayectoria de más de 40 años del exgobernador de Baja California en el servicio público. Recordó su papel histórico como el primer mandatario de oposición en la historia moderna de México.
Aseguró que el político vive de manera modesta, sencilla y sin lujos en Ensenada, y afirmó que la ciudadanía lo reconoce con cariño y respeto en las calles.
También destacó que en medio siglo de vida pública jamás había tenido un señalamiento en su contra.
Aquí la declaración:
Denuncian violaciones al debido proceso
Verónica Ruffo enfatizó que el exgobernador nunca se escondió ni dejó de dar la cara. Explicó que hace meses el político acudió voluntariamente ante las autoridades, sin abogados, para aclarar los señalamientos.
"Nosotros creemos en la ley", declaró. "Exigimos que se cumpla para él la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada".
Finalmente, la familia Ruffo hizo un llamado a organizaciones y ciudadanos para exigir un proceso transparente. Además, agradeció las muestras de apoyo recibidas y reiteraron que no buscan un trato preferencial, sino el cumplimiento estricto de la legalidad.
¿De qué acusan a Ernesto 'N'?
La detención del exmandatario estatal se deriva de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual lo vincula con los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, en una modalidad conocida como huachicol fiscal.
Las autoridades federales señalan al político por presuntas operaciones ilícitas a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V..
De acuerdo con las indagatorias, la red criminal introducía combustible desde Texas, Estados Unidos, reportando volúmenes menores a los reales para evadir aranceles.
La FGR estima que este esquema generó un daño al erario público de aproximadamente 4 mil millones de pesos, tras el decomiso de millones de litros de hidrocarburos en el norte del país.
Te recomendamos
