Claudia Anaya, senadora del PRI dijo que gobiernos —como el de Baja California— pueden enfrentar responsabilidades penales o administrativas por terminar involucrados con la delincuencia organizada.
MILENIO documentó que, a través de diversos contratos millonarios, el gobierno de Baja California permitió que una empresa ligada al cartel de Sinaloa tuviera acceso a información sensible en materia de seguridad y sistemas que controlan datos personales de ciudadanos.
Al respecto, la senadora Anaya dijo que las empresas que se relacionen con la delincuencia organizada pueden tener implicaciones legales, nacionales e internacionales.
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“En este caso, la primera alerta llegó internacional, fue la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) quien detectó al cierto número de empresas y cierto número de personas como vinculadas con la delincuencia organizada y después rastreando a esas empresas, empezamos varios a detectar que algunas eran proveedores del gobierno”, señaló.
La senadora cuestionó que esto implica que “un servidor público puede tener dos tipos de responsabilidades, una por acción y otra por omisión. Acción en donde sabe, que es una empresa que se dedica a lavado de dinero, que está coadyuvando un tema de delincuencia organizada y tendría también repercusiones penales.
La otra son sanciones por omisión, es decir, “que no te fijes a quien estás contratando, que no hagan licitaciones, que no hagas mecanismos de verificación y control, particularmente las instituciones que tienen relación con la seguridad, como es el caso de las fiscalías, y en este caso se detectó que la Fiscalía del estado de Baja California estaba contratando a una empresa a la que se le congelaron las cuentas y bienes activos por posibles vínculos con la delincuencia organizada”.
Mencionó que cuando se es ese tipo de institución, “todas las que tienen que ver con servidores públicos vinculados a la seguridad, la gravedad es mayor, porque estás poniendo en manos de la delincuencia organizada a las instituciones de seguridad o estás vinculando a las instituciones de seguridad o la información de las instituciones de seguridad, que son las que protegen al ciudadano en manos de la delincuencia organizada”.
Por lo que, se pone en vulnerabilidad al ciudadano y cuestionó: “¿Cómo es que el gobierno termina siendo el lavador del dinero de la delincuencia organizada? Vamos a suponer que la Fiscalía le compró un software a esta empresa que está relacionada con la organizada o que tentativamente lo está, le estás poniendo a la delincuencia organizada en sus manos los datos de ese software o ¿cómo es que le lavas el dinero? vamos a suponer que contrataste a esta empresa que se dedica a lavarle dinero a la delincuencia organizada al realizar alguna modificación arquitectónica o de infraestructura a tus edificios. Llega esa empresa hace todo ese dinero con efectivo y tú le pagas con dinero limpio del gobierno”.
Destacó que no sólo es cómo las empresas se vinculan con la delincuencia organizada, sino también como los gobiernos terminan involucrados con la delincuencia organizada “y pueden enfrentar este tipo de responsabilidades, tanto penales por vínculo y asociación como administrativas por omisión”.
Inteliproof Efficient, S de R.L. de C.V. presentó servicios a la Secretaría de Seguridad y a la fiscalía estatal al menos entre 2000 21:02 1024.
LG
