La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reportó sanciones contra 17 personas servidoras públicas por cometer conductas irregulares como pedir sobornos, realizar retiros bancarios sin autorización, uso de documentos falsos, contratación de familiares y manejo irregular de recursos públicos.
De acuerdo con la dependencia, siete personas fueron sancionadas por faltas graves y 10 por responsabilidades administrativas no graves, con inhabilitaciones de hasta diez años, destituciones y amonestaciones públicas.
Las sanciones económicas ascendieron a 193 mil pesos, aunque las irregularidades investigadas involucraron operaciones y pagos por montos mayores, incluido un gasto que superó en 24 millones de pesos el presupuesto autorizado para trabajos portuarios.
¿Quiénes y por qué fueron sancionados?
Entre los casos más relevantes se encuentra el de Edgar M. y Erick D., trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona de distribución Tacuba Valle de México Centro, quienes fueron inhabilitados durante cuatro años.
Ambos detectaron una falla en un medidor durante la verificación de un servicio eléctrico en 2023, pero en lugar de aplicar la multa correspondiente solicitaron indebidamente 70 mil pesos al usuario.
En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José S. fue inhabilitado durante diez años y recibió una sanción económica de 180 mil pesos por hacerse pasar como licenciado en Nutrición entre 2019 y 2021.
El trabajador utilizó una cédula profesional que pertenecía a otra persona para ocupar un puesto en la Unidad de Medicina Familiar “C” de Campeche y recibió remuneraciones por 180 mil pesos que no le correspondían.
Otro caso ocurrió en una sucursal del Banco del Bienestar en Xochitepec, Morelos, donde Alejandro R. realizó 15 retiros de efectivo de cuatro cuentas sin el consentimiento de sus titulares entre 2019 y 2022.
El servidor público obtuvo 13 mil pesos mediante esas operaciones, por lo que fue inhabilitado durante dos años y recibió una sanción económica por la misma cantidad.
En la Guardia Nacional fueron destituidos Brandon E., Carlos O., Marco M. y José D., quienes entregaron certificados de bachillerato sin validez para cumplir con uno de los requisitos necesarios para obtener una licencia de portación de armas de fuego.
En la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, Edmundo C. fue suspendido durante 14 días por no realizar las gestiones necesarias para modificar el presupuesto destinado al mantenimiento de la escollera del canal de acceso a Puerto Laguna de Cuyutlán.
La omisión ocasionó que se reportara un pago superior en 24 millones de pesos al monto autorizado para esos trabajos.
Los siete servidores públicos restantes fueron sancionados en cinco instituciones federales: dos pertenecían al Servicio de Administración Tributaria, dos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, uno a la Secretaría de Salud, uno a Petróleos Mexicanos y otro al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
LJ
